Los presidentes también pegan

“Por ‘violencia contra la mujer’ se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”, dice la Declaración de la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW).

La semana que concluye en Argentina ha estado marcada por la información de hechos de violencia contra su pareja cometidos por el expresidente Alberto Fernández.

La impunidad es un rasgo común en la mayoría de los países. Por eso, la posibilidad de que un hombre poderoso sea condenado, abre una ventana de optimismo. El caso que nos ocupa tiene la particularidad de involucrar a personajes que forman parte del grupo de poder que gobernó el país vecino durante los últimos 24 años, y más específicamente los últimos 14 del kirchnerismo, en los que se aprobaron leyes y políticas contra la violencia, la despenalización del aborto y se dieron otros derechos. La cobertura a este caso en ese país ha sido tan amplia que incluso los Juegos Olímpicos y la búsqueda del niño Loan, desaparecido hace casi dos meses, quedaron opacados.

Fernández se suma a Daniel Ortega, quien abusó sexualmente de la hija de su esposa, y a Evo Morales, sobre quien pesan acusaciones de estupro y la existencia de un hijo nacido y desaparecido, sin mencionar sus frecuentes agresiones verbales contra las mujeres. Aficionados a mujeres jóvenes, infieles y mentirosos, los tres son una muestra del machismo que impera en nuestros países. Es un tema de reflexión que surge en el contexto de polarización política en algunos casos, o de autoritarismo y violación a los derechos humanos en los otros, es cuánta de la censura social contra Fernández es resultado de las luchas feministas o de un oportunismo político de sus adversarios, quien a diferencia de Morales y Ortega, tiene su poder ahora disminuido. Quizás ambas cosas hayan influido.

Escuchar a dirigentes argentinos decir que “a la mujer siempre se le cree” refiriéndose a la expareja de Fernández, cuando hace poco callaban abusos similares cometidos por gobernadores y un diputado, da la impresión de que están haciendo leña del árbol caído. No importa. Ante los hechos, se debe aplicar la ley. A Fernández, además, lo están investigando por graves casos de corrupción –de hecho, es en el marco de una investigación sobre este tema que se descubrieron los chats–, evidenciando la fractura en el peronismo.

Cristina Kirchner, quien lo puso en el poder, al igual que Evo hizo con Arce, ha aprovechado el momento para recordar que ella fue la mejor presidenta: “Alberto Fernández no fue un buen presidente. Tampoco lo fueron Mauricio Macri o Fernando De La Rúa, sólo por mencionar a los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI”. Luego continuó en su cuenta de X: “Las fotos de la Sra. Fabiola Yánez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente no sólo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana”.

Nuevamente, ¿lo hace por convicción feminista o por oportunismo? Es irrelevante, siempre y cuando la justicia argentina, que es menos mala que la boliviana y la nicaragüense, lo juzgue justamente. Sin embargo, Cristina no expresó solidaridad con la víctima de Fernández. Me pregunto qué habría dicho la expresidenta si los hechos hubieran ocurrido cuando su delfín aún gobernaba. Tal vez habría ocurrido lo mismo que en Bolivia, donde los partidarios de Morales o miraron hacia otro lado o aplaudieron su machismo, incluidas las mujeres de su gabinete y de su partido; o tal vez la represión contra las feministas y defensoras de derechos humanos hubiera adquirido la gravedad de la de Nicaragua.

Los numerosos estudios sobre violencia contra las mujeres y niñas demuestran que esta es la forma más universal de violación de los derechos humanos. No reconoce clase, edad, etnia o nivel de educación. Ha sido –y esto es importante recordarlo– gracias a las luchas feministas que la violencia contra las mujeres se ha reconocido como un delito de orden público y que el Estado debe ser garante de su protección.

En muchos países se ignoran las convenciones como la de CEDAW y Belem do Pará, de las que son signatarios, e incluso sus propias leyes, pues sigue vigente la idea de que en un caso de violencia en la pareja no se debe intervenir. Falso. Si bien se delimitan, con fines analíticos, las esferas en las que se ejerce la violencia, no es el espacio físico donde se realiza la violencia lo que la define, sino las relaciones de poder que se producen y la naturaleza de las relaciones interpersonales de las víctimas con sus agresores. Por tanto, no importa el lugar donde la mujer fue golpeada, insultada o encerrada; ella está siendo víctima de una violación a sus derechos y así lo establecen la mayoría de las leyes en la región. Ser presidente lo hace aún peor.