Brújula Digital presenta una nueva entrega del Plan Bicentenario de la Fundación Milenio 2025, una propuesta integral para enfrentar la crisis económica, social y política de Bolivia, con motivo de los 200 años de su independencia.
Brújula Digital|18|08|25|
Fundación Milenio
La administración pública está hipertrofiada, burocratizada, es altamente ineficiente y por demás costoso; está capturada por el corporativismo, el nepotismo y el faccionalismo político; no dispone de capacidades y medios para prestar servicios oportunos y satisfactorios. Este desarrollo anormal y disfuncional debe ser corregido rápidamente, tanto por razones fiscales como de mejores servicios. Como medidas operativas, proponemos.
Institucionalización de las entidades económicas, sociales y de fiscalización. BCB, Contraloría, Procuraduría, Ministerio Público, Defensor del Pueblo, empresas estatales.
El primer paso es la designación de los presidentes de estas entidades con arreglo a la Constitución, poniéndose fin a los interinatos. La profesionalización de la función pública, según los postulados y normas del Estatuto del Funcionario Público (ley de 1999), así como la evaluación y selección de funcionarios por una consultora especializada, son otras medidas que deben contribuir a reorganizar el Estado con criterios meritocráticos y para que las políticas públicas respondan al interés general.
Los nuevos ejecutivos de estas entidades tendrán la tarea de conducir procesos de reestructuración y racionalización de recursos humanos y materiales, y lograr mejoras verificables de desempeño según el principio de gestión por resultados.
b) Un programa de servicio civil, eventualmente con apoyo de la cooperación internacional. Su implementación bien podría comenzar por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y por el Banco Central, y, conforme lo permitan las posibilidades financieras, avanzar paulatinamente a otras entidades públicas.
Plan de desburocratización y simplificación administrativa
Para la reforma administrativa del Estado se debe poner en práctica un plan de simplificación de procedimientos y trámites, apoyado fuertemente en la digitalización del gobierno y de los servicios públicos. Esta acción es también necesaria para combatir la corrupción en el sector público.
Dicho plan podrá contemplar un análisis de costos y beneficios de las regulaciones y reglamentaciones vigentes, así como de las entidades y oficinas gubernamentales competentes, muchas de las cuales simplemente no tienen razón de existir. También se debe reforzar la noción de silencio administrativo positivo, por el cual cada tramite y/o consulta tiene un plazo máximo de conclusión o respuesta. Vencido el mismo, se presume que el trámite es válido y legal, quedando, por tanto, automáticamente autorizado el correspondiente proceso
Ley de transparencia y acceso a la información pública
Esta es una asignatura pendiente de mucho tiempo. Bolivia es una excepción en América Latina por no contar con una norma de esta índole, que contribuiría a resolver cuestiones endémicas de falta de transparencia y rendición de cuentas. En el marco de esta ley, se debe crear el Sistema Estadístico Nacional, con garantías de probidad y transparencia, e institucionalizar el INE, como órgano técnico especializado y autónomo.
Revitalizar la descentralización y las autonomías
Bolivia ha adoptado el régimen de autonomías en la nueva Constitución de 2009, y más propiamente con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización de 2010. Sin embargo, su implementación ha sufrido tropiezos y contratiempos, incluso retrocesos por una acción deliberada del gobierno central de reconcentrar funciones y recursos. Como resultado, el desarrollo de los gobiernos autónomos se ha visto frustrado en muchos sentidos, además de generarse una situación caótica, de indefinición y superposición de competencias, duplicidades de roles, descoordinación, falta de cooperación entre niveles de gobierno, asignación deficitaria de recursos y otras falencias.
Evaluación del régimen autonómico
La descentralización y el fortalecimiento del autogobierno es una reivindicación que debe canalizada en los mejores términos. Al próximo gobierno le toca reconducir el proceso de descentralización apuntando a resultados prácticos, a la medida de las aspiraciones departamentales y municipales, pero también de las condiciones fiscales y económicas prevalecientes.
Para ello, será necesario dialogar y concertar acuerdos con las fuerzas parlamentarias, políticas, cívicas y económicas, en el marco de un debate constructivo. Lo sensato y razonable sería partir con una evaluación integral del régimen de autonomías, de sus avances y cuestiones pendientes, sus debilidades e insuficiencias, sus éxitos y fracasos. Esta evaluación, sustentada en estudios, datos verificables y reflexiones consistentes, deberá servir de base para un debate informado y del cual emerjan opciones y recomendaciones que orienten las decisiones políticas y legislativas, incluyendo cambios en la Ley Marco de Autonomías, así como para el pacto fiscal previsto en esta ley.
Impulsar las mancomunidades y regiones metropolitanas
La descentralización debe avanzar en el ámbito de las regiones metropolitanas y de las mancomunidades municipales, concebidas en la Ley como espacios de planificación y gestión, para la administración compartida de recursos y para la realización de proyectos y acciones conjuntas que beneficien a sus poblaciones.
Precisamente, este es el objetivo de la conformación de las regiones metropolitanas y las mancomunidades municipales para la prestación de servicios de salud, y, más específicamente, de la Unidad Gestora Metropolitana de Salud, y también de la Unidad Gestora de Salud en municipios mancomunados. Esta propuesta es parte de la política de modernización de la salud, expuesta en el Capítulo 4 del Plan Bicentenario. La creación de las unidades gestoras descentralizadas de salud hará posible integrar y articular las redes de salud, la infraestructura, los recursos humanos y el financiamiento de programas, de manera que la capacidad de gestión de los servicios médicos se vea incrementada y mejore así la atención al público.
Programa de obras públicas municipales
En esa misma dirección se inscribe la idea de un programa de financiamiento de proyectos en municipios mancomunados, que decidan emitir bonos para la conformación de un patrimonio autónomo de titularización, destinado a la ejecución de obras de infraestructura (agua potable, alcantarillado, riego, caminos vecinales, energía eléctrica y otros), que además son generadoras de empleo local. En este esquema de financiamiento, se deberá constituir un Fondo de Garantía con los recursos de coparticipación municipal, que serían transferidos periódica y directamente por el TGN al Fondo de Garantía. Los municipios participantes recibirían los recursos que les correspondan en función de los bonos que hubieran emitido.
Este programa de financiamiento busca superar las restricciones de una gran mayoría de gobiernos municipales para realizar obras de infraestructura con recursos propios o bien accediendo a créditos bancarios, a menudo difíciles de obtener. El mecanismo de financiación, mediante un patrimonio autónomo mancomunado, se adecua a la necesidad y posibilidad de pago de los gobiernos locales.
Nueva política de seguridad
Bolivia padece episodios de criminalidad y violencia, que ponen de manifiesto un deterioro continuo de la seguridad ciudadana, además de una amenaza latente a la seguridad nacional y la integridad territorial. La escalada de inseguridad está estrechamente conectada con los efectos de las actividades ligadas al tráfico de drogas.
El crecimiento del narcotráfico tiene evidencias abrumadoras, lo mismo que la penetración de su influencia en esferas de la política, la institucionalidad estatal, el tejido económico y social. El aumento y la diversidad de hechos delictivos contrasta con la carencia de una política de seguridad efectiva, mientras campea la impunidad y crece la desconfianza ciudadana en la justicia, la policía y en las autoridades que deben prevenir y combatir los delitos.
Bolivia necesita con urgencia una política de seguridad para enfrentar los delitos, riesgos y amenazas. Una política con enfoque integral y primordialmente preventivo, pero también con medidas punitivas eficaces, ajustadas a la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
Plan de reforma policial viable
No es posible mejorar la seguridad pública sin una Policía fuerte, moderna, profesional, honesta y cercana a la gente. El sistema académico policial requiere cambios para una formación especializada y calificada. Se debe mejorar los salarios por un mejor desempeño profesional y frenar la corrupción. Desconcentrar funciones policiales y fortalecer las unidades operativas y técnicas. Aumentar su presupuesto y dotarla del equipamiento necesario. Reforzar el trabajo de Policía Comunitaria en cooperación con los gobiernos municipales y los vecinos organizados. Y, ante todo, liberar a la Policía del tutelaje y la instrumentalización política, afirmando su condición de institución estatal, obediente a la Constitución y con la misión centrada en la defensa de la sociedad y el orden público.
Justicia independiente y confiable
La reforma policial tiene que estar secundada por el trabajo eficaz de jueces y fiscales honestos, imparciales, profesionalmente capaces y ajenos a toda influencia política. De ahí la importancia capital de rescatar el Poder Judicial y el Ministerio Público de su captura política y de acabar con la corrupción y la inoperancia judicial. De este modo, nadie tendrá que hacer justicia por mano propia. La acumulación de la carga judicial, la retardación de justicia y la pérdida de credibilidad de los órganos judiciales están llevando al colapso de la Justicia.
Gobernanza del régimen carcelario
Está demostrado que llenar las cárceles, endureciendo las penas y recluyendo a personas por cualquier motivo, es un remedio peor que la enfermedad. Construir más cárceles es necesario pero insuficiente. Faltan soluciones integrales (no parches) que comiencen por restablecer la autoridad del Estado en las prisiones y encomiende su administración a policías y civiles calificados. Urge una auditoría judicial para aligerar la carga judicial y despoblar las prisiones, aislar a los presos peligrosos, sustituir las penas leves por otras sanciones que no impliquen presión, sacar a los niños de las cárceles y acometer programas de rehabilitación y reinserción social debidamente diseñados.
Combate al narcotráfico en estrecha cooperación regional y multilateral
Es imperioso reforzar la interdicción al tráfico de drogas, centrando los esfuerzos en el desmantelamiento de las organizaciones criminales y las redes de protección en el Estado. Contener los cultivos excedentarios de coca y resguardar los parques nacionales y las zonas agrícolas de la siembra de cultivos. Cualificar la fuerza policial antinarcóticos y los servicios de inteligencia. Para todo ello, se debe retomar la colaboración con otros gobiernos, agencias internacionales y organismos policiales.
Bolivia no debe seguir aislada ni pretender que por sí sola ha de librar combate contra las mafias y el crimen transnacional; ningún país lo hace sin ayuda externa. Se debe, pues, lograr una coordinación estrecha en el contexto regional y mundial y reimpulsar la cooperación financiera, policial, tecnológica, de información e inteligencia. Aún hay tiempo de evitar que Bolivia repita el drama de extrema inseguridad y violencia que se vive en otros países del Continente.
Nuevo contrato social
En medio de la crisis actual, y de las fuerzas de transformación que buscan abrirse paso, es evidente la necesidad del país de un nuevo contrato social, como alternativa a la polarización, la división y los riesgos de ingobernabilidad. Un nuevo contrato entre el Estado y los ciudadanos, entre el Estado y las regiones y entre los propios ciudadanos, para redefinir el marco y las reglas generales de una convivencia pacífica, constructiva e integradora.
Son los grandes acuerdos políticos, sociales y territoriales los que pueden devolver a los bolivianos un sentimiento renovado de pertenencia nacional y de futuro común. Y los que pueden proveerle al sistema político una fuerte legitimidad para acelerar y consolidar los cambios necesarios para una economía estable y un crecimiento sostenido con bienestar social, estabilidad política y gobernabilidad duradera.
Como ya se dijo antes, este contrato social no debe ser entendido como un hecho puntual o episódico; sino, ante todo, como una sucesión de eventos, acuerdos y pactos a través de los cuales irá tomando forma un consenso amplio sobre una idea compartida de democracia, sistema constitucional, desarrollo económico, el papel del Estado, la política social, la cuestión ambiental, la política de seguridad, el relacionamiento exterior, la integración regional y otras cuestiones esenciales de la vida nacional. Es una política de grandes entendimientos lo que ha de permitirle a la sociedad boliviana afianzar su sentido de comunidad, con una identidad nacional robustecida y con un proyecto compartido de país y de futuro.
Texto tomado del Plan Bicentenario, Fundación Milenio. Autores: Henry Oporto (coordinador), Alan Bojanic, Manuel Contreras, Rubén Ferrufino y Luis Carlos Jemio; colaboraciones de Armando Álvarez, Gerardo Garrett, María Machicado, Fernando Lavadenz, Julio Linares, Mauricio Medinaceli.
