Guerra interna en el Estado

Permanentemente recibimos noticias de una guerra interna en el Estado, como la grabación que acaba de circular de una directora de comunicación maltratando a su colega del Ministerio de Justicia. Al parecer, existe una sorda conflagración dentro del aparato público. Unos funcionarios insultan a otros, estos los graban y fotografían; aquellos denuncian a estos por todo y por nada; los otros, los espían; circulan anónimos, amenazas, videos y audios ilegales... Un verdadero infierno.
¿Qué está pasando? Lanzo aquí algunas hipótesis:

-El Estado siempre ha sido un poco así, un espacio a conquistar con buenas y malas artes, antes que un conjunto de instituciones con un sentido de propósito común.

-El gobierno ha aprobado leyes y reglamentos internos que se basan en una premisa: el funcionario es alguien de quien se debe desconfiar, y por tanto, alguien a quien hay que vigilar constantemente. Se dio el pretexto de la lucha contra la corrupción, pero el verdadero fondo fue el deseo muy boliviano de normar exhaustiva y abrumadoramente la actividad pública de las personas.

-El funcionamiento del Estado es formalista: importa que se cumplan requisitos formales, como pedir todo por escrito, declarar lo que se va a hacer (aunque luego no se haga), solicitar permisos varios, etc. En un ambiente formalista no interesa que quien trabaje en la oficina de a lado busque lo mismo que uno; solo importa si cumplió o no los pasos prescritos. La coordinación, entonces, se convierte en otra cosa: en una prueba de cumplimiento de requisitos; de ser coordinación, se vuelve lo contrario: una competencia de “aplicación” del funcionario en la razón de la formalidad.

-Bajo este gobierno, los ministros no eligen a sus viceministros, estos no eligen a sus directores, etc. Se imponen “cuotas” de distintas organizaciones sociales y sectores partidistas. El resultado es que los funcionarios tampoco confían en sus colegas, y que las conspiraciones y los “golpes” se tornan moneda corriente.

-Para defenderse del complot de sus funcionarios, algunas autoridades imponen un régimen de terror en sus oficinas: cámaras, espionaje, necesidad de pedir permiso hasta para ir al baño, empoderamiento de funcionarios de confianzas que trabajan para ellas como capataces y como “tiras”.

-Al mismo tiempo, muchas autoridades, tanto hoy como siempre, no están presentes en sus oficinas, porque se la pasan en reuniones, viajando, etc. De este modo los espacios institucionales se tornan, a la vez, llenos de restricciones y vacíos de poder. Condiciones excelentes para que se desaten conflictos.

-Cómo resultado del cambio de élites políticas impulsado por el proceso actual, muchos funcionarios provienen de sectores sociales subalternos que nunca antes habían recibido ingresos tan importantes como los que ahora logran en el Estado. La secular empleomanía ha adquirido, por esta razón, una mayor radicalidad; la lucha por obtener y conservar la “pega” se ha hecho violenta.

Algunas preguntas finales:

-¿Cuantas energías humanas se desperdiciarán en esta lucha darvinista por la supervivencia del funcionario en el Estado?

-¿Cuánto peso tendrá la existencia de esta lucha en la ineficiencia del aparato estatal?

-¿Se preocupará el presidente Morales de lo que está pasando –dado que seguramente él conoce todos los casos, muchos de los cuales no salen a la luz pública–? ¿Pensará hacer algo o se habrá acostumbrado a encabezar un sistema-jungla?

-¿Qué solución puede darse a este problema? (Aparentemente, para resolverlo por completo debe imponerse una nueva concepción de la política y del gobierno, es decir, se necesita un cambio que difícilmente veremos en nuestro tiempo de vida).

Fernando Molina es periodista y escritor.