Anatomía de un proceso

Durante el gobierno de Jeanine Añez hubo eventos muy serios que causaron víctimas fatales. El MAS llegó al poder prometiendo que investigaría y sancionaría judicialmente dichos eventos. Las bases de este partido y partes del movimiento obrero y popular tienen como reivindicación la sanción de Añez y sus ministros.

Como Añez fue presidenta, goza de fuero; sus actos en el poder solo pueden ser juzgados por el Parlamento.

Para realizar un juicio a un expresidente se necesita dos tercios de los votos en el Legislativo. En este momento, el MAS no cuenta con ellos. Por eso no tiene cómo juzgarla por la vía constitucional.

Por razones políticas, era imposible que el gobierno de este partido dejara a Añez “intocada”. Así que sus abogados, “ingeniosos” y turbios como la mayoría de los jurisconsultos bolivianos, tuvieron una epifanía.

Ya existía un proceso contra los jefes militares y policiales que pidieron la renuncia de Evo. Este hecho era objetivo, estaba grabado, millones de bolivianos lo vimos, etc. Podía dar lugar a múltiples interpretaciones sobre sus causas, pero desde el punto de vista del positivismo jurídico, era una base razonable para que la justicia actuara. Era, además, un juicio ordinario.

Entonces a los abogados oficialistas se les ocurrió –tal es su epifanía– incorporar a Añez y sus colaboradores a este proceso ya existente. Acusarlos de emplear el terrorismo para provocar la caída del gobierno. La ventaja de esto es que les permitió juzgar a Añez “como senadora, no como presidenta de facto”, según dijo el ministro de Justicia. Eludir el fuero. La desventaja es que Añez y sus exministros tuvieron un rol casi anónimo en los eventos previos a la caída de Morales. Como todo el mundo sabe, los jefes de las protestas contra este fueron otros que Añez. ¿Por qué meterla a ella entonces? ¿Por beneficiarse de unos hechos que sin embargo aparentemente no causó? Ahora bien, convertir causa final (beneficio) en causa eficiente no es muy jurídico ni muy lógico que digamos.

Para lograr meter a Añez en el proceso, los abogados/fiscales, como modernos Procustos, han creado la teoría del doble golpe. Según sus últimos alegatos, no hubo uno, sino dos golpes. El primero contra Evo, consumado por los militares, etc. El segundo contra la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, que en condiciones normales debía suceder a Morales, pero también renunció. Este segundo golpe habría sido realizado por los jefes de los partidos opositores (Carlos Mesa, Samuel Medina y Tuto Quiroga), la Conferencia Episcopal, la Unión Europea, etc., que habrían obligado a Salvatierra a renunciar.

Esta teoría, si lo pensamos bien, realmente no ayuda mucho a los esfuerzos por meter a Añez y sus colaboradores políticos en el juicio por golpe. Pues, en primer lugar, habría que demostrar que Mesa, Doria Medina, etc. actuaban a nombre de Añez. Pero lo más importante es que habría que probar es que Salvatierra renunció a) después de su encuentro con Mesa, Doria Medina, y no antes (como en verdad ocurrió); y b) que renunció contra su voluntad, lo que contradice una declaración suya, en la que afirma que la renuncia fue una decisión política suya, coordinada con Evo Morales.

Tales son los problemas cuando un proceso no comienza por el delito y luego busca al culpable, sino, por el contrario, comienza con el culpable y luego busca el delito que le calce a este. Este tipo de procesos fueron desarrollados hasta un refinado nivel por el estalinismo en el siglo XX.

En un proceso estalinista no hay límites jurídicos (todos pueden ser acusados de todo), solo límites políticos (en este caso: ¿hasta dónde querrá llegar el gobierno?, ¿se detendrá en Añez o avanzará sobre otros rivales?, ¿cuánto de esto dependerá de la correlación de fuerzas en pulso con los comités cívicos?, etc. Hoy nada de esto puede saberse).

Las acusaciones que hasta ahora ha hecho el Ministerio de Justicia contra Añez por hechos cometidos durante su gestión, que deberán convertirse en juicios de responsabilidades, son ex post, es decir se han dado una vez consumada la detención de Añez, no de manera paralela. Le dan cierto contrapeso –con mayor decoro jurídico– al proceso ad hoc en curso, pero no quitan a éste su importancia crucial y definitiva. La razón es sencilla: ninguna de estas acusaciones va a prosperar porque los acusadores no cuentan con dos tercios de votos en el Parlamento.

Fernando Molina es periodista.