La justicia a la carta: el legado que Bolivia debe desarmar

“Yo le meto nomás, después mis abogados arreglan”. En su momento parecía una anécdota del gobierno de Evo Morales. Una frase pronunciada en 2008, en uno de sus tantos discursos televisados, que terminó siendo una de las reglas del juego durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo de Morales (MAS) y de Luis Arce. Una justicia manipulada a la medida de las necesidades del poder.

Así, de esa manera, se fue desinstitucionalizando el país. Los principales cargos de entidades estratégicas, como el Banco Central de Bolivia, la Contraloría General del Estado y otras, fueron designados a dedo, como quería el jefe del MAS. La Constitución Política del Estado fue violada una y otra vez para complacer a Evo Morales Los recursos del Estado se usaron para satisfacer las veleidades del líder que se creía supremo. Pero eso no fue todo. La ley se torció para ejercer el poder desde la persecución a los adversarios políticos, y ese ha sido uno de los signos de los últimos 20 años.

Esa lógica enfrentó y sigue enfrentando a los bolivianos. Desde temprano, el MAS se propuso dividir para reinar. Quienes tenían una mirada crítica eran perseguidos. Si en el partido oficialista había un librepensante era expulsado. Durante la reforma de la Constitución se impuso el relato de que los magistrados debían ser elegidos por el pueblo, pero en realidad se activó un mecanismo para que las altas autoridades de la justicia accedieran al cargo mediante el voto popular, siguiendo consignas políticas y jurando lealtad al MAS; de otra manera, eran marginadas del sistema.

En realidad, se desarmó todo lo que en democracia se había construido con el único fin de sostener el modelo autoritario de Evo Morales y de Luis Arce Catacora. Ahora existe eso: un sistema judicial que se amolda al poder de turno y que en su generalidad no tiene escrúpulos para seguir instrucciones. Total, es un ganar–ganar, sin que importe que quien pierde es el país y su gente. Ese es el mecanismo montado en los últimos 15 años. ¿Cuánto demorará deshacerlo?

Bajo esas consignas se fue formando un monstruo de varias cabezas en el Tribunal Constitucional Plurinacional, devenido en un suprapoder del Estado, con facultades por encima de los otros poderes: Legislativo y Ejecutivo. Los magistrados han sido leales soldados de los presidentes Evo Morales y Luis Arce, y han actuado a conveniencia, bajo las instrucciones de los circunstanciales ministros de Justicia.

La pregunta es fundamental, porque al haber ese modo de operar es lógico pensar que quien ejerza el poder después del 8 de noviembre tendrá ese mecanismo a su disposición. ¿Será el nuevo Presidente capaz de no instrumentalizar la justicia para sacar del medio a quienes se le pongan enfrente? Durante el gobierno de Jeanine Áñez no se pudo soslayar la tentación. Como en el tiempo de Jesús y Barrabás, es posible que los impulsos y las emociones quieran ver sangre antes que razones.

Bolivia está ante la posibilidad de construirse de nuevo desde cero. Importan las reformas económicas, que son las más urgentes, pero también importa la convivencia, la reconciliación y la imperiosa necesidad de aprender a convivir entre diferentes; de aceptar que otros puntos de vista pueden ser validados, aunque no estemos de acuerdo con ellos. De eso se trata la democracia.

Es inquietante que varios estudios de opinión pública revelen una disposición, especialmente entre los más jóvenes, a aceptar y hasta fomentar el autoritarismo a cambio de lograr resultados rápidos en línea con las propias preferencias. Eso implicaría repetir experiencias, seguir en el círculo vicioso que tanto daño hace a la esencia de la sociedad.

Los tres candidatos con opciones de llegar a la Presidencia prometen desbaratar las elecciones judiciales e instituir mecanismos de elección a través de la meritocracia, con participación de expertos, instituciones civiles y control ciudadano. Pero para ello se debe reformar la Constitución Política del Estado. Eso no será inmediato. Entonces, ¿qué puede pasar en el interín? La tentación para el poder es inmensa y hasta puede parecer ingenuo no caer en ella. Pero en algún momento hay que comenzar.

Entonces, quizás es menester pedir a los candidatos a la Presidencia que no asuman que estando en el poder pueden seguir persiguiendo y encarcelando a los adversarios políticos. Esa puede ser la vía más fácil, pero no es la más conveniente para el país. El sueño es que podamos volver a convivir sin amenazas y sin confrontación. ¿Será posible?

Mónica Salvatierra es periodista.