El Parque Nacional Noel Kempff Mercado es la zona más golpeada, seguido por la Reserva de Sama, el Parque Carrasco, el Parque Tunari y el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías.
Brújula Digital |22|08|25|
El Gobierno confirmó este viernes que nueve áreas protegidas del país fueron afectadas por incendios forestales en lo que va del año, mientras que la Procuraduría General del Estado (PGE) anunció la aprobación de un protocolo interinstitucional para investigar las causas de estos siniestros.
El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que el Parque Nacional Noel Kempff Mercado es la zona más golpeada, seguido por la Reserva de Sama, el Parque Carrasco, el Parque Tunari y el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías.
“Este año, nueve áreas protegidas han sido vulneradas con los incendios. Lo más dramático ha sido el Noel Kempff Mercado, donde la afectación es considerable”, explicó.
Calvimontes también expresó preocupación por los incendios activos en territorio paraguayo, en las zonas fronterizas con Villa Montes (Tarija) y el Parque Nacional Otuquis en Puerto Suárez (Santa Cruz).
“Ya han salido dos aeronaves de la Fuerza Aérea para realizar patrullaje aéreo. Hoy tenemos una reunión con nuestro par paraguayo para definir tareas conjuntas que eviten que el fuego cruce la frontera”, sostuvo.
El viceministro advirtió que, si los incendios avanzan hacia zonas de difícil acceso, las labores de mitigación podrían complicarse, aunque dijo confiar en que Paraguay también esté tomando medidas preventivas.
Tras la declaratoria de Situación de Emergencia Nacional por incendios forestales, el procurador general del Estado, Ricardo Condori Tola, informó que el Proyecto de Protocolo Interinstitucional para la Identificación de Causas, Origen e Investigación de Incendios Forestales está listo para su aprobación e implementación.
“Los incendios forestales son una preocupación latente. En 2024, más del 99,9% fueron provocados por la mano del hombre y eso tiene que sancionarse. Con este protocolo buscamos garantizar investigaciones más precisas y sentar responsabilidades”, señaló Condori.
El documento fue elaborado por la PGE en coordinación con el Ministerio Público, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Bomberos, POFOMA, ABT, SERNAP, INRA, IDIF e IITCUP, entre otras instituciones. Su objetivo es establecer mecanismos técnicos claros para la investigación del delito de incendio forestal y asegurar que las pruebas se conserven en un plazo de siete días.
“Este protocolo es fundamental para proteger los elementos de convicción y sentar las bases de la reparación civil por el daño al medio ambiente”, agregó el procurador.
Condori precisó que no se trata de una nueva norma jurídica, sino de un instrumento que ordena acciones de prevención, control e investigación y que involucra a todos los niveles del Estado.
“Con este trabajo queremos poner un alto a las quemas ilegales que cada año destruyen nuestro patrimonio natural y ponen en riesgo la vida de miles de familias”, concluyó.
BD/RED
