Durante los actos oficiales del Bicentenario, el cinismo se filtró en dos discursos clave. Las palabras del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca intentaron instalar la idea de un modelo exitoso, pero no lograron ocultar las consecuencias visibles de ese mismo modelo: errores, omisiones y un sinfín de irregularidades que los bolivianos conocemos a diario.
Comencemos por reconocer lo positivo. El Estado Plurinacional, en su primera etapa, consiguió incluir a poblaciones indígenas y campesinas que habían estado invisibilizadas durante décadas. Fue un acierto histórico. Sin embargo, a partir de 2009, cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) se consolidó en el poder, ese discurso de inclusión empezó a agrietarse.
El episodio más contundente fue la represión a los indígenas de tierras bajas en Chaparina, cuando Evo Morales insistía en partir el Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure (Tipnis) para construir una carretera que conectara la zona cocalera del Chapare con Beni. Primero reprimió; después dividió.
Hoy, basta mirar cuántas organizaciones “originarias” paralelas existen, muchas de ellas conducidas por dirigentes funcionales al Gobierno. La inclusión quedó truncada por intereses sectoriales y ambiciones de poder que solo crecieron con los años, hasta desembocar en el actual final de ciclo.
En su discurso, David Choquehuanca habló del “saqueo de los recursos naturales” durante el modelo neoliberal y encasilló en ese marco a los candidatos opositores. Lo que no dijo es que hoy mismo existe una depredación despiadada de la naturaleza, tolerada –cuando no amparada– por el propio Gobierno. Solo en Santa Cruz, en lo que va del año, se han registrado más de 100 avasallamientos de tierras. Entre los cabecillas hay grupos armados y dirigentes campesinos e interculturales afines al MAS. Pese a denuncias y procesos, los acusados siguen impunes y activos.
La omisión no termina ahí. En el norte de La Paz y también en Santa Cruz se desarrolla explotación ilegal de oro. Para ello se utiliza mercurio, un metal altamente contaminante prohibido en varios países. En Bolivia, sin embargo, su comercialización es libre, mientras el Gobierno mira hacia otro lado. ¿Qué mayor atentado contra la Madre Tierra que este envenenamiento silencioso? ¿Con qué autoridad moral puede el vicepresidente culpar al pasado, si en el presente la depredación es evidente?
Por su parte, el presidente Arce insiste en que quiere ser recordado como el mandatario que abrió el camino hacia la industrialización. Sin embargo, de acuerdo con la investigación del diputado Aldo Terrazas, desde 2006 se crearon más de 150 empresas estatales con inversiones millonarias y la gran mayoría son deficitarias; solo unas pocas son rentables. Esto no es una ruta de desarrollo, sino un costoso espejismo de industrialización, sostenido por el despilfarro.
La historia reciente de Bolivia recuerda que en 2003 hubo una revolución social con una agenda precisa. Evo Morales capitalizó ese impulso y lo utilizó a su favor. Hoy se niega a reconocer que ese capital político se ha diluido entre la decepción y el hambre de la ciudadanía. Luis Arce, por su parte, no logró sostener el bienestar prometido ni el “vivir bien” que reivindica Choquehuanca. En cambio, cierra su gestión con baja aprobación, sin admitir errores y señalando un supuesto boicot como explicación de todos sus fracasos.
Así, Bolivia conmemoró los 200 años de fundación con una celebración tenue, donde destacó, sobre todo, el empeño de los chuquisaqueños en honrar la efeméride. La asistencia internacional fue mínima: solo llegó la presidenta de Honduras; los demás mandatarios enviaron excusas. El resultado fue un fracaso diplomático que refleja la irrelevancia del país en el escenario global.
En este agosto, la atención ciudadana ha estado más enfocada en las campañas políticas y en la esperanza de un “golpe de timón” que devuelva estabilidad económica a los hogares. A poco más de una semana de las elecciones nacionales, ningún candidato ha despertado pasiones, pero la gente acudirá a las urnas con la expectativa de un cambio. No es para menos: el salario mínimo ya no cubre la canasta básica, la pobreza crece, el desempleo se expande y gran parte de la economía se refugia en la informalidad, sin regulación ni protección.
Reconstruir Bolivia es una tarea urgente. Y aunque la dirección política la marque un gobierno, el esfuerzo debe involucrar a todos: empresarios, trabajadores, emprendedores y ciudadanos dispuestos a creer en las posibilidades de su país y en sus propias capacidades. Porque después de 200 años, el verdadero reto no está en el discurso, sino en transformar la realidad.
Mónica Salvatierra Soruco es periodista.