¿Cooperativas o empresas?

En 2009 el MAS aprovechó su mayoría en la Constituyente –obtenida gracias a que lograron que el voto rural tuviera más ponderación que el urbano– para viabilizar su Modelo Económico Social Comunitario Productivo a través de la nueva Constitución.

En ésta se distingue cuatro economías: “comunitaria, estatal, privada y social cooperativa”. Ya hemos visto (en “Basta de dependencia, tomémonos a cargo”, 10 de febrero 2025) que lo valioso de la economía comunitaria no es el trabajo colectivo para consumo privado, que ha desaparecido, sino la institucionalidad inclusiva de las organizaciones territoriales de base para proveerse eficientemente de bienes públicos. Institucionalidad endógena que debería ser replicada y desarrollada en todo el Estado a fin de eliminar el rentismo y la corrupción. En esta oportunidad veamos en qué ha consistido la economía “social cooperativa”.

Lo que se buscaba con el modelo era alcanzar gradualmente el socialismo marxista. Por un lado, haciendo que las empresas capitalizadas fueran nuevamente públicas y creando cada vez más empresas públicas industriales. Por otro, estimulando las cooperativas. Estatismo y cooperativismo: algo similar a lo que ya se había intentado –y había fracasado– en la Unión Soviética y en China. Ante el fracaso de esos intentos, en Rusia optaron por empresas oligárquicas y en China por desarrollar el capitalismo antes que pretender llegar directamente al socialismo.

El caso de China es impresionante: su ingreso por habitante, que en 1950 representaba el 26% del de Bolivia, en 2005 ya era un 50% mayor y en 2022, tres veces superior al nuestro (cálculos en base a cifras de Maddison 2023). Actualmente China no sólo ya es un país desarrollado, sino que está compitiendo con EEUU, a tal extremo que éste, para defenderse, ha tenido que aumentar los aranceles que provienen de ese país al 34%. Y todo gracias a que, pese a su enormidad, es un país unificado desde hace milenios, donde las reglas se cumplen; y se dieron cuenta de que la iniciativa privada es el motor de la economía e invirtieron en conocimiento e investigación: la Universidad de Beijing ya es la 17ª mejor de mundo.

Pero en Bolivia, por apostar al estatismo y el cooperativismo –a pesar de que en los países mencionados esa combinación, reitero, ya había fracasado– hemos perdido la mayor oportunidad de nuestra historia: precisamente gracias a la adopción del capitalismo en China, el precio del gas natural –recurso natural que más exportábamos– se había cuadruplicado: en los diez primeros años del nuevo milenio aumentó de $us 2 a $us 8 el MMBTU. Pero entre 2006 y 2022 (durante los gobiernos del MAS) sólo crecimos un 46% y China, en el mismo período, un 190% (Maddison 2023). 

Sobre lo desastroso del estatismo, no haber seguido invirtiendo en exploración –como cuando las empresas de hidrocarburos fueron capitalizadas– y las pérdidas de las empresas estatales son suficientemente elocuentes. En cuanto al cooperativismo, hace muchos años que estamos intentando instaurarlo y, alentadas por la liberación de impuestos y en ausencia de control de normas laborales y ambientales, las cooperativas proliferan, sobre todo para extraer oro. Pero la realidad es que sólo son tales inicialmente.

En efecto, cuando una cooperativa comienza, el trabajo manual es predominante y realizado directamente por los socios, con frecuencia colaborados por su familia nuclear. Pero cuando progresan, usan maquinaria y algunos socios se dedican a la administración o a otras actividades (se convierten en “socios pasivos”), dejando en su lugar “segundas manos”. Y recurren a contratistas que, además de su trabajo, cuentan con el de peones, que los colaboran. Actualmente se estima el número de cooperativistas que extraen oro en 130.000, pero si se añade la “mano de obra minera flotante y flexible en términos de permanencia y beneficios, la cifra real de mineros auríferos podría ascender a cientos de miles” (Alcons F. 2024). Esta cifra puede ser estimada en unos 340.000.

En realidad, las cooperativas que progresan se convierten, informalmente, en empresas de responsabilidad limitada o sociedades anónimas –hay venta de acciones– con la ventaja de no tener que pagar otro tributo que la respectiva regalía del 3%, cuando no eluden su pago. Y en el caso del oro, al no poder asociarse formalmente con empresas privadas, contratan empresas extranjeras y éstas usan maquinaria y aprovechan la ausencia de control de normas laborales y ambientales para maximizar sus ganancias (ver, por ejemplo, Seoane M.; Mendoza S. 2022 y el caso de El Turbión en Zaconeta A. 2024). Y, sin duda, hay también sobornos para evitar este control.

Las verdaderas cooperativas casi no existen; en Bolivia, la inmensa mayoría de las unidades productivas son familiares o empresariales, estas últimas desde microempresas, pasando por medianas –donde estarían la mayoría de las cooperativas– hasta muy grandes. El desafío es formalizar a todas.

¿Son las empresas en competencia el motor de las economías? Sí, lo son, pero los países que han logrado desarrollarse en poco tiempo, como Corea y China, han demostrado que la energía que alimenta ese motor es la innovación y ésta depende del conocimiento. Para progresar como lo han hecho esos países todas y todos los que nacen en Bolivia deberían tener iguales oportunidades de lograr máximos niveles de educación. Para ello, según ya se propuso, se debería invertir la renta de los recursos naturales del subsuelo –que pertenecen a todos los bolivianos y bolivianas– en un fondo para subvencionar establecimientos educativos en competencia por formar mejor, para empezar, profesores; y en subsidios, para que la admisión de los estudiantes más capaces en los mejores establecimientos no dependa de lo que puedan pagar sus padres, sino de sus resultados en exámenes de competencia.

Y para proveernos de bienes públicos territoriales que estimulen y viabilicen el desarrollo –tales como infraestructura económica en sus respectivas circunscripciones– hacer que las autonomías ya no dependan de que se encuentre o no recursos naturales en su subsuelo y de la variable IDH, sino que puedan decidir autónomamente no sólo de qué bienes públicos proveerse, sino también con qué aportes de sus ciudadanos hacerlo, es decir, que cuenten con impuestos propios. Y que las transferencias del gobierno nacional sean proporcionales a estos aportes y estrictamente subsidiarias a las decisiones locales.

Iván Finot es economista, especializado en Descentralización y Desarrollo.