Recientemente nos hemos enterado que estamos en segundo lugar del mundo en corrupción. Pero no somos todos, nosotros pues, la inmensa mayoría de los bolivianos, nos ganamos la vida honradamente: es nuestro Estado. Y Bolivia ocupa ahora ese lugar porque no sólo hay autoridades y funcionarios en los gobiernos de distintos niveles, sino hasta jueces, vocales y legisladores que, estando bien remunerados con nuestros impuestos, exigen y/o aceptan sobornos.
¿Qué hacer? Empezaré con una anécdota. En mis años de estudiante me encontraba cursando Planificación económica y social en el Institute Internationale d´ Administration Publique de Francia, gracias una beca de los gobiernos francés y boliviano. Y el director del instituto, M. Henri Rosson, firmaba sus cartas con su nombre y, antes de su cargo, en francés por supuesto, aparecía “Inspector de finanzas”.
¿Por qué? ¿Es un título nobiliario?, le pregunté una vez, y me respondió: “Hace un par de siglos, el Estado francés era tan corrupto como ahora los países atrasados. Entre los funcionarios más venales estaban aquellos cuya responsabilidad era evitar la evasión de impuestos. Muchos de ellos, a cambio de hacer la vista gorda en su trabajo cobraban jugosos sobornos”. Y continuó: “A fin de terminar con eso, se decidió crear el cargo de ´Inspector de finanzas´. Para acceder a ese puesto se requeriría de estudios previos especializados y quienes aprobaran el examen final, cuando recibieran su título, firmarían un contrato. No sólo se les garantizaría una carrera administrativa hasta la jubilación sino, desde el inicio, cobrarían remuneraciones superiores. Pero, a la vez, en el contrato aceptarían que, en caso de que recibieran sobornos, serían castigados con prisión de por vida, en Cayena”. Cayena, sí, la prisión en la Guyana Francesa, de la que era tan difícil escapar que se hizo una novela, Papillon (1969), con la historia de uno de los poquísimos encarcelados que lograron huir de ella.
Y funcionó. Algunos de los primeros graduados todavía aceptaron sobornos, como un premio: muchos cargos aún eran concedidos como recompensa por apoyar y seguir apoyando a políticos. Pero los enviaron a Cayena y no salieron más. Desde entonces los inspectores no han aceptado más sobornos y ostentar el título de Inspector de Finanzas de por vida es un orgullo.
¿Se podría aplicar una política similar en nuestra Bolivia? En Francia funcionó porque había jueces y carceleros que hacían cumplir la ley… También tenemos que lograrlo, porque contar con un aparato estatal meritocrático, no sólo es una cuestión de ética sino la principal condición para el desarrollo.
En efecto, en el siglo pasado, algunos economistas se dedicaron a investigar por qué mientras los países de Europa occidental y Estados Unidos progresaban, la inmensa mayoría de los otros países se mantenía en el atraso y sus grandes mayorías en la pobreza. A través de modelos macroeconómicos se mostró que el problema radicaba en que la inversión era insuficiente. Y, en vista del crecimiento que estaba logrando la Unión Soviética, en la primera mitad del siglo, en América Latina se llegó a concluir que ante la insuficiencia de la inversión privada, para lograr la industrialización, el Estado tenía que hacerse cargo directamente de la inversión productiva “estratégica”, aprovechando su mayor capacidad de endeudamiento.
Al comenzar la segunda mitad del siglo, muchos políticos latinoamericanos adoptaron el modelo. Pero no funcionó: el Estado resultó ser un pésimo empresario (como en la Unión Soviética), que contrajo enormes deudas que los ciudadanos tuvimos que pagar, sobre todo con el impuesto más regresivo: la inflación. Recuperar la estabilidad costó una década, la de los 80, que fue “la década perdida”.
Pero tampoco es sólo cuestión de estimular la inversión privada. En 1990, Douglass North (1990) demostró que, más allá de la inversión, el desarrollo depende de las normas y medios de cumplimiento mediante los cuales funcionan las sociedades. North ganó el Premio Nobel en 1993 y en 2024 lo ganaron otros neoinstitucionalistas por haber explicado “¿Por qué fracasan los países?” (2014).
Pero ¿bastan las instituciones? No si no son las adecuadas. Otro investigador, ya no un economista, sino un politólogo, Francis Fukuyama (2014), ha demostrado que, históricamente, el desarrollo siempre ha dependido de contar con un Estado que vele efectivamente por el interés mayoritario -lo contrario de la corrupción- un Estado que emerja de la unificación nacional.
Y eso es lo que nos ha faltado: unificación nacional. Bolivia fue constituida en 1825 por dos grandes macrorregiones, las tierras altas y las tierras bajas, que sólo fueron unidas más de un siglo y medio después, en 1954 (por la carretera Cochabamba-Santa Cruz). Y hasta 1994, mientras se reconocía a los descendientes de los europeos el derecho de elegir sus gobiernos locales, para gobernar a la mayoría rural el gobierno central designaba “corregidores”, como en la Colonia. Eso, por fin, fue corregido aquel año con la municipalización.
El MAS-IPSP -y sus gobiernos- ha sido el ingreso de los antes excluidos, primero en la política y luego en el aparato estatal. Pero si hasta entonces no se había logrado eliminar la corrupción, con el nuevo Estado ésta no sólo no ha sido eliminada sino ha aumentado: “ahora nos toca a nosotros” beneficiarnos del rentismo por 500 años. Y se puso el reloj al revés.
La crisis ocasionada por el modelo estatista del MAS representa una oportunidad histórica para terminar de unificarnos, lograr un consenso definitivo para derrotar la corrupción y construir un Estado meritocrático, a fin de poder orientarnos definitivamente hacia el desarrollo sostenible. El reloj debe funcionar definitivamente hacia el futuro.
Iván Finot es economista en descentralización y desarrollo.