Cambiemos de modelo o seguiremos atrasados

Gracias a la Nueva Política Económica de los 90 una vez más se encontró reservas hidrocarburíferas con inversión privada, y también, una vez más, posteriormente, las empresas privadas que lo consiguieron fueron expropiadas –al menos parcialmente– y se instauró el estatismo, intentando sustituir al mercado, al motor de la economía, que es la competencia, por funcionarios públicos.

En esta última oportunidad, gracias a una previa política de Estado para exportar hidrocarburos a Brasil y capitalización de las empresas, y las posteriores alzas de precios del gas natural, ocasionada por la enorme demanda de materias primas, generada por el desarrollo del capitalismo en China, el valor de nuestras exportaciones del hidrocarburo se multiplicó por 13 entre 2001 y 2015. Pero, como es sabido, el Estado empresario no invirtió ni oportuna ni adecuadamente en exploración y ahora no hay gas y faltan los dólares. Nuevamente el estatismo está fracasando, dejándonos –¡otra vez!– una enorme deuda pública que nos restará recursos durante muchos años.

Se logró reducir la pobreza y el analfabetismo, es cierto, pero, a pesar del enorme aumento del valor de las exportaciones, nuestro ingreso por habitante sigue siendo de los más bajos de América Latina y el Caribe: en el 2000 sólo equivalía al 31,9% del promedio de la región y en 2024 al 38,4% (CEPAL 2025).

En seguridad jurídica caímos a uno de los lugares más bajos del mundo: 131 entre 142, pasamos al segundo lugar –también del mundo– en corrupción: 141/142 (World Justice Project 2025) y somos últimos en la región en confianza en la policía (LAPOP 2023, citado por Rojas D. Ed. 2023).

¿Qué hacer? ¡Cambiar de modelo! Al menos durante muchos siglos más, ninguna burocracia podrá reemplazar a la competencia, al instinto de cada uno de buscar el máximo beneficio con mínimo esfuerzo para sí y su familia, como motor del desarrollo: así lo descubrió China a fines de los 70. Los éxitos asiáticos demuestran que “la clave para alcanzar la modernidad es el desarrollo de la ciencia y la tecnología” (Deng Xiao Ping citado por Hobsbawm E. 1994), que el papel del Estado no es reemplazar ese motor, sino regularlo y hasta conducir la economía pero que, para poder hacerlo, hay que empezar por sancionar ejemplarmente la corrupción y premiar la integridad.

Sin embargo, en los programas de quienes encabezan las encuestas presidenciales no parece claro que se cambiará de modelo, que se abandonará el extractivismo y lo “estratégico” ya no serán empresas monopólicas manejadas por el Estado para la explotación de recursos naturales, sino la iniciativa privada y la educación. Que el Estado dejará de ser productor de bienes y servicios que pueden ser producidos por privados y que, si lo hace excepcionalmente, lo hará en las mismas condiciones que estos últimos: en competencia.

Lo que propone uno de ellos, en cambio, es distribuir gratuitamente el 60% de las acciones entre todos los mayores de edad (¿cómo se elegiría a directores que representen a millones de accionistas?) pero que el Estado conserve su control. Pero lo que se requiere es que sean manejadas por empresarios que busquen maximizar utilidades y, por tanto, impuestos, no seguir con el estatismo.

La clave es estimular la iniciativa privada pero aún somos uno de los países donde más obstáculos se le pone a su funcionamiento legal, y eso hay que cambiar, como sí ofrecen los candidatos. Con la enorme inseguridad jurídica que ahora caracteriza a Bolivia, será difícil atraer inversión extranjera. Lo será menos atraer los ahorros de bolivianos en bancos extranjeros. Y también existe ahorro interno. Pero en todo caso, la primera condición para estimular la inversión es garantizar el derecho de propiedad, incluido aquel sobre el valor agregado en la extracción hidrocarburífera y minera. Y la intelectual.

No siendo lo estratégico para el progreso explotar materias primas, sino desarrollar la ciencia y la tecnología, la primera prioridad debe ser alcanzar educación de máximo nivel en estas áreas, no en ideologización. Estimular la investigación vinculada con actividades productivas en las universidades, a través de programas de investigación y desarrollo. Para empezar en agricultura, por ejemplo, en biotecnología. Está demostrado que en muchos países ésta ha tenido un enorme impacto positivo en la productividad, pero ¿qué biotecnología? La que se desarrolla en función de las características propias de cada medioambiente y precautelando la salud humana. Y eso es lo que nos falta: contar con biotecnología adecuada a nuestras características ambientales particulares.

Otro ejemplo: el litio. Se ha desperdiciado 1000 millones de dólares por intentar utilizar tecnologías evaporíticas, muy adecuadas para el desierto de Atacama, uno de los lugares más secos del mundo, pero totalmente inadecuadas para el Salar de Uyuni, más bello y atractivo para los turistas cuanto más inundado por las lluvias. Parece obvio que las tecnologías para aprovechar el litio y otros minerales no metálicos en nuestros salares deben ser desarrolladas a partir de investigar sus características propias.

¿Es posible para Bolivia conseguir educación de máximo nivel orientada al desarrollo científico y tecnológico?  Somos uno de los países de la región que más porcentaje de su gasto público dedica a educación, sobre todo a educación terciaria (casi íntegramente, universitaria), pero en una prueba reciente sólo el 0,2% de los estudiantes de último año en colegios ficales aprobó en matemáticas (Ministerio de Educación 2024). Y nuestra universidad pública mejor calificada (la UMSA) ocupa el lugar 148 en América Latina (QS 2025).

Hay que invertir más en educación y sobre todo en investigación. Ya se ha propuesto con qué recursos, pero, para empezar, como en otras actividades productivas, lo esencial para poder progresar es cambiar las reglas del juego: terminar con los monopolios y reorientar el gasto público a subsidios familiares, a fin de que en educación preescolar, primaria y secundaria los padres de familia puedan escoger entre establecimientos sin fines de lucro, y que en educación terciaria los bachilleres puedan elegir entre universidades en competencia. Universidades sin fines de lucro que dediquen todos sus excedentes a investigación.

Y la condición para que todo ello sea posible es superar el Estado corporativista del MAS y a su heredero, el partido de los cooperativistas auríferos, e instaurar uno en el que prime efectivamente el interés general.

Iván Finot es economista especializado en descentralización y desarrollo.