Cuando uno vuelve a leer
la entrevista que le hizo la BBC Mundo al escritor nicaragüense Sergio Ramírez
hace algunos días, no se puede dejar de pensar en lo que está pasando con la expresidenta
constitucional Jeanine Añez y con muchos de sus ex colaboradores del gobierno
transitorio del 2019-2020 en Bolivia. Y sobre todo en lo que eso significa para
el futuro de la democracia en Bolivia.
A primera vista hay más diferencias que similitudes entre los dos casos. Pero al observar más de cerca, las similitudes se hacen más aparentes, y éstas deberían prender una luz de alerta roja no sólo entre los opositores bolivianos sino también en la población en general.
Empecemos con las diferencias. La gran diferencia con la situación de Añez es que Ramírez, quien además fue mano derecha del presidente Daniel Ortega durante su primer mandato, logró salir de Nicaragua en junio antes de que lo pudieran encarcelar como ya lo hicieron con varias personalidades del ámbito político y comunicacional en Nicaragua.
Días atrás la Fiscalía de ese país acusó a Ramírez de "lavado de dinero, bienes y activos; menoscabo a la integridad nacional, y provocación, proposición y conspiración", y emitió una orden de detención en su contra. La acusación contra Ramírez, según la BBC Mundo, surge semanas después de que la fiscalía de Nicaragua lo citara para cuestionarlo sobre el supuesto caso de "lavado de dinero" contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la cual brindaba apoyo técnico al periodismo y era dirigida por la precandidata presidencial Cristiana Chamorro.
Chamorro se encuentra hoy arrestada al igual que más de 30 personas consideradas opositores al régimen de Ortega, varios de los cuales apuntaban a participar en las elecciones generales de ese país en noviembre.
Aquí hay otra diferencia con el caso del expresidente Añez quien ahora enfrenta cuatro demandas de juicio de responsabilidades por variados temas: desde un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin el aval de la Asamblea hasta las muertes de una treintena de personas a raíz de los conflictos poselectorales del 2019 en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).
Otra gran diferencia es que Ramírez acaba de publicar una novela “Tongolele no sabía bailar” que retrata los acontecimientos del 2018 en Nicaragua donde tuvo lugar una represión brutal por parte del gobierno de Ortega. La novela, sin embargo, hoy está retenida en las aduanas de Managua. Ni siquiera en la época del dictador Somoza los libros habían sido prohibidos.
Por otro lado, las similitudes entre las dos situaciones están fundamentalmente en los cargos sacados de la manga o “risibles”, como los califica Ramírez, que se les imputan a los opositores al régimen de Ortega o en el caso de Bolivia a los opositores al régimen de Arce-Morales. También hay similitudes en la falta de pruebas que mal o nunca se presentan, y en uso político e indiscriminado de la detención “preventiva” para que los acusados no puedan ejercer el legítimo derecho que tienen a defenderse en libertad con todos los recursos que la ley pone a su disposición.
Otra similitud es que estas escenas que estamos presenciando en Nicaragua y Bolivia, con sus características, actores, y contextos propios, parecen ser parte de un mismo libreto y modus operandi que está desnudando un estrecho acercamiento entre Bolivia y Nicaragua, sin duda con el apoyo de Cuba y Venezuela. (Y posiblemente de China y Rusia también)
Para muestra basta un botón, que a más de uno debería ponerle la piel de gallina. Comparto más abajo, por ejemplo, una breve parte de la entrevista de la BBC con Ramírez, incluidas las preguntas y respuestas textuales. El único ajuste que hago en el texto es reemplazar la palabra “Nicaragua” con la de “Bolivia”, ahora entre soportes. Luego usted ya puede sacar sus propias conclusiones sobre lo que está ocurriendo no sólo en estos dos países, pero también con algunos matices en Guatemala, Honduras, y el Salvador. Esta es parte de la conversación con el nicaragüense Ramírez, pero seguro que más de uno en Bolivia podrá relacionarse a esta triste y decadente situación.
“¿Confías en la justicia de tu país para este proceso?
En [Bolivia] no puedo confiar en algo que no existe. Lo que existe en [Bolivia] son operadores políticos alrededor de la figura de la pareja presidencial. [Arce-Morales] Existen jueces operadores, policías operadores, fiscales operadores, todos son operadores políticos parte de un mecanismo represivo. Entonces en [Bolivia] ir a someter un escrito ante un juez, pedir un hábeas corpus es completamente inútil, es una ficción.
Tú dices que en tu país no hay justicia y que no podrías esperar un debido proceso, pero alguien podría pensar "bueno, si es una persona requerida por la justicia, su deber es presentarse a las autoridades".
El deber ético es cuando existe un parámetro ético al cual responder y si ese parámetro ético no existe, no me siento de ninguna manera obligado.
¿Qué significa que esto venga de una persona a la que tú fuiste tan cercano?
No, yo creo que eso pierde relevancia en este momento. El hecho de que yo haya estado en el gobierno o haya sido vicepresidente no tiene ni relevancia para ellos ni relevancia para mí. Yo estoy luchando contra una dictadura y por eso está presa Dora María Téllez [figura clave de la Revolución Sandinista], y todos los defensores de la democracia que hay en [Bolivia], porque en [Bolivia] los que están en la cárcel es porque escogieron la opción entre dictadura y democracia.
La dictadura que está en el poder y la democracia que los otros defienden y en ese sentido estamos totalmente identificados. Me siento totalmente identificado con todos los que están en prisión cualquiera que sea su identidad ideológica.
Este no es un asunto ideológico. Es un asunto de simple escogencia entre dictadura y democracia. (…)”
*Mauricio O. Ríos es consultor internacional en comunicación estratégica y prevención de conflictos con la firma Conflict Management Consulting. Fue funcionario del Banco Mundial. Ahora radica en Oxford, UK. Dirige el programa de entrevistas “Desde Afuera”, iniciativa apoyada por Brújula Digital.