El Movimiento al Socialismo (MAS) ha gobernado envuelto en una descomunal corrupción, sirviéndose de la justicia para la ilegal consecución de sus fines económicos y para afianzar su poder mediante la persecución política. Con ese objetivo, aprobaron y aplicaron leyes violando principios fundamentales del derecho. Aviesos magistrados usurparon el rol de legislar y se arrogaron facultades para interpretar normas internacionales y la propia Constitución, en beneficio de intereses personales y partidarios. Todo esto ha generado un caos en el sistema judicial en su conjunto.
Los bolivianos estamos cansados de este delictuoso manejo de la justicia, queremos vivir en democracia, donde la rigurosa separación de poderes sea el cimiento del Estado de derecho; donde se respeten los derechos humanos; donde el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía sean ejercidos por profesionales probos e idóneos y no por filibusteros de la ley y la justicia.
Para recobrar el Estado de derecho, alentar a la sociedad boliviana, que está profundamente decepcionada con la normalización de la corrupción, y para restaurar la quebrada economía del Estado, es fundamental sanear la justicia y despolitizarla; tarea a la que deben comprometerse los candidatos a la presidencia y cumplir ese cometido cuando asuman el gobierno. Un compromiso de cambio profundo en el Poder Judicial sensibilizará a los votantes, porque los bolivianos sabemos que sin ese cambio primordial persistirá la corrupción enquistada en el aparato gubernamental.
Es por ello que el próximo gobierno, si es democrático, como todos esperamos, debe encarar la insoslayable reforma judicial y reconstruir su derruida institucionalidad, sin lo cual va a ser imposible reactivar la economía: ¿Quién invierte en un país donde se vulneran leyes y procedimientos para favorecer a quienes tienen influencia política o económica?
La reforma judicial y su institucionalización deben ir mano a mano con cualquier plan económico a corto plazo. Además de encarar estas tareas, el próximo gobierno debe asegurarse de que lo sucedido en estos últimos 20 años (politización de la justicia y judicialización de la política) nunca más ocurra. Para ello será necesario la investigación, la rendición de cuentas y, en el marco del debido proceso, el enjuiciamiento de quienes han delinquido.
Diversos organismos internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de Jueces y Abogados, la Secretaría General de la OEA, el GIEI-CIDH y la Comisión Internacional de Juristas, a su turno, han emitido informes oficiales manifestado su preocupación por la evidente injerencia política en el sistema judicial boliviano. Han observado la falta de independencia de la justicia, de los poderes políticos y económicos en todos los niveles, señalando que la falta de independencia y la corrupción son problemas estructurales de larga data, y que el uso de la persecución penal con fines políticos se extiende más allá de las coyunturas electorales.
Asimismo, han sugerido la necesidad de construir un acuerdo nacional amplio para la transformación de la justicia en Bolivia, debido a que el actual sistema de elección de jueces no garantiza una justicia competente, independiente e imparcial.
Pero este cambio que sugieren los organismos internacionales, que es vital para la sobrevivencia de Bolivia, requiere de voluntad política, recursos y esfuerzo; no podemos hacerlo solos. Necesitamos el apoyo de la cooperación internacional con experiencia en casos y situaciones similares, con programas orientados a restaurar el sistema judicial, sus instituciones y administración.
Necesitamos un cambio que se enraíce y sea parte de nuestra cultura, porque no hay sociedad sana sino hay justicia proba. No hay transparencia en el manejo de la cosa pública, sino hay rendición de cuentas y justicia imparcial y garantista.
Para estos efectos es importante tomar conocimiento de experiencias que pueden ser aplicadas en Bolivia. Por ejemplo, la Unión Europea, en años pasados, ejecutó programas de cooperación internacional en los Balcanes occidentales para restaurar y promover el Estado de derecho quebrantado por regímenes totalitarios.
Esos programas comprendían: el restablecimiento de la independencia judicial, la transparencia en la administración de justicia, la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos fundamentales. Esto implicó reformas legales e institucionales profundas y la concientización y capacitación de los operadores del sistema judicial.
La promoción del Estado de derecho es un programa que consiste en promover e instituir el Estado de derecho en sentido estricto. Tiene componentes políticos, operativos, económicos y sociales. Los objetivos políticos consisten en promover la democracia, la lucha contra la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas dentro del gobierno y las instituciones públicas y promover los derechos humanos. Los objetivos operativos se orientan a mejorar las estructuras y procedimientos de las instituciones estatales, apoyar reformas legales y fortalecer la independencia del Poder Judicial. Todo esto crea un marco adecuado para un mejor funcionamiento de la economía, incentivando y otorgando seguridad jurídica a las inversiones. Los resultados redundaran en la reducción de la pobreza y una mejor calidad de vida para los ciudadanos.
En esa línea, importantes instituciones alemanas tienen vasto conocimiento y experiencia en el programa de cooperación para la promoción del Estado de derecho. Alemania jugó un papel importante en el apoyo a las reformas judiciales en Europa del Este, poco después del colapso del Bloque del Este y la reunificación alemana. La Fundación Alemana para la Cooperación Jurídica Internacional (IRZ) ofreció asistencia integral en la redacción, elaboración e implementación de leyes y la creación de estructuras constitucionales sólidas en los Estados en transición de Europa Oriental y Sudoriental.
Las Fundaciones políticas alemanas, como la Konrad Adenauer y la Friedrich Ebert, como actores independientes, también desarrollan proyectos para promover el Estado de derecho. La Fundación Konrad Adenauer ha establecido un programa global sobre el Estado de derecho con sedes en el sudeste de Europa y otras cinco regiones del mundo, entre ellas Latinoamérica.
El próximo gobierno debería organizar una mesa de cooperación internacional con cooperantes bilaterales y multilaterales, expertos en promoción del Estado de derecho, lucha contra la corrupción y justicia- institucionalidad-administración para efectuar los cambios que urgen al Estado boliviano.
Karen Longaric fue canciller de Bolivia.
Brújula Digital da la bienvenida a la excanciller de Bolivia Karen Longaric, quien escribirá en este espacio cada 15 días.
