El Órgano Ejecutivo aprobó este miércoles un anteproyecto de ley que busca regular y acelerar los procesos contenciosos y contenciosos administrativos, con el propósito de fortalecer la capacidad del Estado para recuperar deudas
Brújula Digital |20|08|25|
El Órgano Ejecutivo aprobó este miércoles un anteproyecto de ley que busca regular y acelerar los procesos contenciosos y contenciosos administrativos, con el propósito de fortalecer la capacidad del Estado para recuperar deudas y aplicar sanciones con mayor eficacia, informó la ministra de Justicia, Jessica Saravia.
“En la sesión de Gabinete se ha aprobado un proyecto de ley respecto a los procesos contenciosos y contenciosos administrativos, que es una forma también de cobrar las deudas de parte del Estado (…). Le está dando la garantía a las partes dentro del marco de la legalidad, estableciendo plazos, la forma de presentación de pruebas, los recursos que se pueden plantear dentro de estos procesos”, declaró.
Saravia detalló que la norma pretende otorgar rango legal a procedimientos que actualmente solo están regulados por instructivos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“A la fecha tenemos un instructivo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, pero que no tiene rango de ley y para nosotros es importante darle legalidad porque el beneficio lo va a tener tanto el Estado como las partes involucradas”, sostuvo.
El proyecto incorpora plazos más definidos, mecanismos claros para la presentación de pruebas y recursos, además de mayor seguridad jurídica para ciudadanos y empresas involucradas en litigios.
“Queremos darle la posibilidad a las personas que están siendo procesadas de poder también recurrir en caso de que no estén de acuerdo con un fallo, y eso es absolutamente importante”, remarcó.
La actual normativa en esta materia data de 2002 y, pese a varias modificaciones, los procesos judiciales siguen siendo extensos, particularmente en los juzgados coactivos, donde -según la ministra- “tenemos procesos en muchas entidades, inclusive desde 2012”.
La propuesta también busca aliviar las cargas procesales en instituciones públicas, optimizar tiempos y reducir costos. “Los abogados que ven este tipo de procesos tienen que estar actualizando los datos cada seis meses, lo que significa también un costo. Con la modificación y ajuste de plazos, estos procesos permitirán mayor seguridad jurídica y una conclusión más expedita”, añadió Saravia.
El anteproyecto será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su tratamiento y eventual aprobación.
BD/RED
