Un año más de promesas verdes incumplidas

El discurso que presenta Bolivia en convenciones internacionales y en textos legales no es más que un compilado de buenos deseos que no halla reflejo en la realidad.

En 2023 Bolivia se vio afectada por una serie de desastres ambientales que generaron preocupación a nivel nacional e internacional. Empezando por la contaminación de los ríos con mercurio, un estudio reveló altos niveles de ese mineral en personas debido a su uso en la minería para extraer oro de los ríos, lo que generó preocupación por sus efectos tóxicos en las comunidades amazónicas.

La contaminación por mercurio parece no ser de preocupación de los gobiernos municipales, departamentales y nacional. No fue suficiente provocar altos niveles de contaminación, ya que un grupo que utiliza este metal pesado tuvo la osadía de venir a amenazarnos a la ciudad con sus exigencias sin tomar en cuenta el daño superior que realizan con su actividad.

En el departamento de Santa Cruz, los incendios forestales causaron estragos, con alrededor de 600.000 hectáreas quemadas –de las cuales el 64% se debió a causas evitables– lo que provocó una grave emergencia ambiental y municipal. Hubo más de 50 personas detenidas por provocar incendios forestales en la Amazonia boliviana. En vista de que la multa por este delito es tan insignificante, parece un estímulo antes que una verdadera sanción.

El departamento de La Paz también se vio afectado por una serie de incendios forestales. Se registraron incendios activos en municipios como Guanay, Palos Blancos, San Buenaventura, Caranavi, Teoponte y Mapiri, lo que representó una escalada preocupante del fuego en la región. Estos incendios se sumaron a la intensa sequía que afectaba a gran parte del territorio boliviano, lo que contribuyó a la propagación y prolongación de los incendios.

El humo proveniente de los incendios también afectó a ocho de los nueve departamentos, lo que generó preocupaciones adicionales sobre la calidad del aire y la salud pública. A pesar de los esfuerzos para sofocar los incendios, la situación seguía siendo crítica, con la vegetación devastada y los recursos hídricos amenazados.

Los incendios se suman a las denuncias de cultivos de coca en el Parque Nacional Amboró.

Son denuncias que se complementan con otra realizada por el mismo Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y la contradicción que se tiene con la Ley de Minería y Metalurgia, lo que genera que 10 Áreas Protegidas se encuentren amenazadas por esta actividad. Acá parece que hay un sector de ciudadanos con privilegios.

La falta de agua ha golpeado a 105 municipios de siete departamentos, afectando a miles de familias y comunidades. De forma paralela, la explotación de litio ha planteado el problema del gasto excesivo de agua, con desarrolladores de tecnologías buscando formas de reciclar el agua dulce utilizada en el proceso de extracción de litio. La situación minera en Bolivia refleja un país con abundante riqueza minera en sus suelos, pero también con desafíos significativos en términos de sostenibilidad y gestión ambiental.

En resumen, Bolivia enfrentó una serie de desastres ambientales el 2023, que abarca muchos temas y sectores. Estos eventos han tenido un impacto significativo en la salud de las personas, la biodiversidad y los ecosistemas, generando una preocupación creciente por la sostenibilidad ambiental y la necesidad de abordar de manera integral estos desafíos. El desafío para el 2024 es que se dejen los discursos y empiecen las acciones preventivas, correctivas o de verdadera sanción. Hago votos para que en diciembre del próximo año no me encuentre repitiendo este tipo de recuento.