Robar sin existir, el nuevo estilo para enriquecerse

El caso Kailasa podría ser una anécdota, pero en realidad se trata de uno más de los escándalos en un país acostumbrado a pasar por alto los errores y delitos.

Gracias a la valiente investigación de la periodista Silvana Vincenti, de El Deber, sobre el tráfico de tierras, se reveló un contrato de “arrendamiento perpetuo” de 60 mil hectáreas de ese territorio por 108 mil dólares anuales en favor de un país ficticio. Además, alertó sobre la presencia, desde hace algunos meses, de los representantes de Kailasa en Bolivia, quienes firmaron acuerdos de "cooperación bilateral" con poblaciones indígenas. Gracias a esta investigación –reitero– se abrió un debate público y se comenzó a desatar una madeja de complicidades, desde la que se empiezan a desentrañar varios nudos de corrupción. El más reciente consistió en expulsar del país a los operadores del inexistente país. Lo hicieron en Paraguay y Ecuador, y posiblemente seguirán recorriendo el mundo para obtener tierras sin tener territorio.

Lo que hasta ahora se conoce es la tapa de un rompecabezas donde aparecen, desde un diputado de Comunidad Ciudadana hasta el presidente del Estado Plurinacional y el vicepresidente Choquehuanca, pasando por dirigentes indígenas que, hasta hace no mucho tiempo, eran el símbolo de la “reserva moral de la humanidad”. Hoy pasan buena parte de su tiempo acusándose recíprocamente de traición. Aparece a la cabeza un prófugo de la justicia de la India, acusado de delitos sexuales, que representa un país que no existe, pero participa en reuniones de Naciones Unidas, a veces tan incauta que debería revisar su sistema de acreditaciones.

Faltan muchas fichas, aunque, gracias al papel de organizaciones no gubernamentales respetables, sabemos que el fondo de la cuestión tiene que ver con la voracidad provocada por la venta de bonos de carbono, concebida originalmente como una forma de favorecer a las comunidades que han tenido la virtud – o la desgracia–  de proteger los bosques. El mercado de carbono es una veta para estafadores amparados por los vientos “libertarios” que soplan en el mundo. Todo se puede comprar. La senadora Cecilia Requena, quien ha dedicado largos años a la defensa del medioambiente, ha mostrado evidencia sobre los resultados desastrosos derivados de la mercantilización de la naturaleza en otros países. https://www.youtube.com/watch?v=lmyicHc60Kg. De acuerdo con el director ejecutivo del CEJIS, Miguel Vargas, el terreno está preparado para la llegada de empresas privadas sin salvaguardas ambientales y sociales.

Detrás del tragicómico espectáculo está la voluntad de aprovechamiento de los bonos de carbono, que ha obtenido un manto de legalidad (si es que eso aún es posible) gracias a que el descarado y autoprorrogado Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha declarado inconstitucional la Ley 300, favoreciendo la comercialización sin regulación, como ocurrió con el contrato firmado por mil años con dirigentes que afanosamente tratan de hacer desaparecer. Tratando de trancar el corral cuando el burro ya ha escapado, el alcalde del municipio de Exaltación (Beni) ha dicho que, a pedido de juntas vecinales, concejales y caciques del cabildo, invitaron de manera oficial, con nota, a tres personas de Estados Unidos de Kailasa, que habitan en ese territorio de la nación cayubaba, para que muestren la documentación firmada con el dirigente de la Subcentral, Roddy Chávez. Estamos, pues, en pañales para conocer toda la verdad, en medio de la campaña electoral donde el tema ambiental no ocupa un lugar significativo.

El caso Kailasa pone también en evidencia lo que el historiador Pedro Portugal ha calificado como el segundo fraude perpetrado por el gobierno del MAS contra los pueblos indígenas: por un lado, el incumplimiento de la autonomía reconocida en la Constitución y, por otro, el dejar pasar fraudes como el de Kailasa. Algo semejante al feminismo del MAS y su tolerancia, por decirlo suavemente, hacia la violencia y el abuso de las mujeres. La única política de Estado con resultados evidentes es la división y debilitamiento de las organizaciones indígenas, cuya recuperación será tan larga como la de los bosques.

Un Estado ausente, una sociedad silenciada por la complicidad de sus dirigentes con el poder político y una voracidad criminal para acceder a todas las vetas de enriquecimiento ilícito que vienen azotando Bolivia. Esto puede suceder porque no solo se han demolido las instituciones de la democracia; también se ha instalado una cultura que celebra el abuso y aplaude a los pillos exitosos. Kailasa será un Estado inexistente, pero la telaraña que han tejido sus protagonistas se asemeja a las redes criminales. Cómo robar sin existir podría ser el título de esta historia.