O liberan a Áñez o detienen a Morales y García Linera

Tanto Evo Morales como Álvaro García Linera se han apresurado a explicar sus acciones en el denominado caso hotel Las Américas, ante el anuncio de que la Fiscalía ha iniciado un proceso contra ellos. Ambos han señalado que no tienen responsabilidad. García Linera ha sido más mendaz incluso que su exjefe al señalar que estaba en Palacio de Gobierno, no en las habitaciones del hotel donde se produjeron las ejecuciones extrajudiciales. Como si eso lo eximiera de responsabilidad. Que se sepa, tampoco Videla estuvo en las salas de tortura ni Arce Gómez disparó en la calle Harrington.

Este momento iba a llegar inexorablemente. Aun con un régimen tan largo como el del MAS, de 18 años de duración, en algún momento iba a haber un ajuste de cuentas. Es que un Presidente y Vicepresidente no pueden simplemente ordenar que unos policías allanen un hotel, apaguen las cámaras de seguridad, saquen de la cama a unos sospechosos, maten extrajudicialmente a tres de ellos, disparen a la pared para dar la impresión de una confrontación y torturen a los dos sobrevivientes, sin que pase nada después.

La tramoya llamada hotel Las Américas fue tan cruel como efectiva: se descabezó a la dirigencia cruceña con un fiscal tan sañudo como truhan como fue Marcelo Sosa, ahora feliz en Brasil, que acusó sin ton ni son a todo aquel que no pudo o no quiso pagar una coima. Ahora se sabe que los supuestos terroristas fueron traídos a Bolivia por el propio Gobierno del MAS. Zvonko Matkovic estuvo preso 10 años injustamente porque se registró una llamada al cabecilla de la tramoya, Eduardo Rózsa, de 30 segundos de duración, desde su celular.

Con esa lógica, García Linera debería estar 50 años preso porque, pese a su doblez explicación por la cual quiere hacernos creer que no es responsable de esos hechos, al final admitió algo grave al ser entrevistado esta semana por un canal de TV: admitió que dio las órdenes de que se actuara en el hotel: “La instrucción que da un presidente, la instrucción que da un presidente en ejercicio cuando tiene esta información es ‘detengan a esa banda terrorista antes de que cometan sus fechorías’. Yo instruí desde antes, porque esto venía desde antes, hay que detenerlos, hay que detenerlos y llevarlos a la justicia”, afirmó. ¿Desde antes? ¿Entonces no se podía detener a los sospechosos sin asesinarlos?

Su exjefe dijo más o menos lo mismo en Caracas, el día del operativo: “Yo tenía alguna información que estaban preparando algún atentado. Sin embargo, el día de ayer dejé instrucciones precisas al Vicepresidente de la República, al Comandante de la Policía Nacional, a hacer un operativo, a detener a esos mercenarios”. Lo mismo: Morales dijo que dio la orden un día antes, por lo que se demuestra que el Gobierno sabía lo que sucedería.

Tras el anuncio de la investigación, Morales ha respondido con una bravuconada, desafiando al Gobierno a detenerlo, cuando él sabe que eso más bien le convendría. Aunque es una verdad ya comprobada que Morales no es muy valiente que se diga. En 2019, con los primeros petardos, salió corriendo.

Es distinta la posición de García Linera, que muestra una lógica tan doblez como falaz: como él no apretó el gatillo de las ejecuciones, dice, no es responsable. “Yo estuve en Palacio y Evo estaba en Caracas”, dijo. Es precisamente lo que Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho, Gonzalo Sánchez de Lozada y otra veintena de acusados, muchos de ellos en el exilio, estaban esperando. Fue el exministro Guido Añez el primero en decirlo con claridad: él, que era ministro de Agricultura, fue acusado por el MAS por los sucesos de la autopista de El Alto en 2003. Pero él no estuvo junto con la tropa, disparando a los manifestantes. Ni tampoco admitió haber dado ninguna orden para que actuara un comando especial de la Policía. Ni Sánchez de Lozada ni Camacho o Jeanine Áñez. Para no hablar del “preso político olvidado”, Marco Antonio Pumari, acusado de haber producido la quema de la sede del TED de Potosí. Pero, que se sepa, él no tuvo en su mano ninguna antorcha.

Morales y García Linera deben ser procesados, como lo ha pedido la misma CIDH, por esas ejecuciones extrajudiciales. Sus actos son más graves que los de los otros acusados mencionados más arriba. Una cosa es que la represión policial y militar salga de control, y mueran personas, que igual son hechos que deben ser sancionados, y otra, peor, es ordenar expresamente la muerte de personas. En los excesos de la represión social, existen atenuantes. Los conscriptos que disparan no buscan, expresamente, matar. En una acción de represión política, como el allanamiento a la casa de la calle Harrington o las habitaciones del hotel Las Américas, hay agravantes. Los sospechosos fueron detenidos vivos y luego ejecutados. 

El torniquete de la historia y de la Justicia está lentamente apretando a los que violaron los derechos humanos y políticos durante 18 años. Ni los sofismas cada vez más pedestres de García Linera podrán impedir que no haya castigos.