Nuevamente las llamas amenazan las áreas protegidas

Desde el año 2009 el mandato ético de la Constitución Política del Estado de alcanzar el Vivir Bien ha puesto de manifiesto las grandes contradicciones que se dan al momento de preservar la naturaleza y reactivar el aparato productor. Desde la promulgación de las “leyes incendiarias” hasta la continuación del modelo extractivista y de la agroindustria, el Estado se ha enfrascado en una ola de contradicciones. Los hechos más visibles se han dado el año 2019 con la quema de la Chiquitania, Amazonia y del Chaco y con la introducción de trigo y maíz transgénico a lo largo de doce años.

Estos hechos, alentados por el gobierno anterior, no han cesado, es más ahora se ha permitido los procedimientos abreviados para el uso de productos genéticamente modificados. Asimismo, la falta de una respuesta rápida y medidas de prevención han vuelto a ocasionar que los incendios forestales no cesen, poniendo en peligro a otra área protegida, el parque Nacional Noel Kempff Mercado.

Las viejas y nuevas contradicciones se develan cuando ponemos atención a las acciones y dejamos de un lado el discurso que emana de nuestros mandatarios. El vivir bien, la seguridad alimentaria y el respeto a la naturaleza han sido parte de las proclamas de los últimos gobiernos. Sin embargo, la necesidad de contar con una mayor apertura comercial ha generado que muchos de estos discursos entren en contradicción.

En el caso de la soya, según datos de ANAPO, la producción de esta leguminosa en Bolivia es 99% transgénica. El estudio de CIPCA ha señalado que la producción de soya genéticamente modificada no ha resuelto el problema de la productividad en Bolivia, por ejemplo, señala que “la productividad en los últimos casi 50 años apenas aumentó 0,5 toneladas por hectárea”. Asimismo, en el caso del trigo, el año 2015, en el periodo de tres meses se registró la importación de 300 millones de kilos de trigo transgénico, los cuales iban a la producción de pan, fideos y otros. Asimismo, el Decreto Supremo 2857 ha facilitado la importación de productos y semillas transgénicas para la comercialización en el mercado interno. A la fecha el Chaco y Santa Cruz se encuentran produciendo maíz transgénico, lo cual ha amenazado a 18 variedades de maíz local.

Como si esto no fuera poco, a inicios de este año, la nueva gestión ha implementado el Decreto Supremo 4232, que permite procesos abreviados para el trabajo con semillas de caña de azúcar, maíz, algodón, trigo y soya transgénica. Este conjunto de normas se ha promulgado a pesar que la CPE, las leyes 300 y 144, que generan un marco legal para evitar el consumo de alimentos genéticamente modificados y establecen lineamientos para alcanzar el Vivir Bien, así como el de asegurar la soberanía alimentaria. A pesar de contar con estos recursos, estas normas han sido vulnerados en la presente gestión y en anteriores gestiones de diversas maneras, de manera reiterada.

La ampliación de la frontera agrícola ha tenido un impacto relevante como los excesivos chaqueos con el fin de desmontar terrenos para el cultivo, como consecuencia hemos sido testigos de los incendios forestales del año 2019, que consumieron más de 5,3 millones de hectáreas. En esta gestión los incendios no han cesado desde el mes de julio en diferentes regiones de Bolivia. El país sigue en llamas, sólo en el mes de julio pasado se registraron 25.000 hectáreas afectadas en el Parque Nacional Otuquis y el área protegida San Matías. Asimismo, el 14 de septiembre la ministra de Medio Ambiente y Agua informó que medio millón de hectáreas están afectadas por los incendios en el departamento de Santa Cruz, así como, en la región de la Chiquitania.

A la fecha, el fuego nuevamente ha puesto en peligro al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, de mantenerse la poca atención que viene recibiendo los incendios foréstales en nuestro país seguiremos sufriendo daños irreparables. Al respecto, el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, el 20 de agosto, sentenció que los incendios del 2019 en Bolivia fueron un “ecocidio por la política de Estado y el agronegocio” que tenía como culpables a la administración, judicial, legislativa del gobierno de Evo Morales, así como, a los empresarios privados.

También se observó a la administración de Jeanine Añez por mantener vigentes las normativas que autorizan las quemas indiscriminadas. A pesar de que este veredicto sienta un gran precedente no es vinculante jurídicamente. Sin embrago, nos muestra que debemos repensar si debemos mantener el modelo agroindustrial o si deberíamos tender a una agroindustria ecológica y sustentable.

Lorena Choque Flores es politóloga, candidata a magister en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Twitter: @LorenaWendyCh