¿Está justificado encadenar a personas detenidas mientras reciben atención médica? Esa es la pregunta que planteó Brújula Digital a sus seguidores en redes sociales tras la difusión de una imagen de la exvocal Claudia Castro atada a una cama hospitalaria. Los resultados muestran una opinión dividida.
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¿Está justificado encadenar a personas detenidas mientras reciben atención médica? Esa es la pregunta que planteó Brújula Digital a sus seguidores en redes sociales tras la difusión de una imagen de la exvocal Claudia Castro atada a una cama hospitalaria. Los resultados muestran una opinión dividida.
En Facebook, el 62,5% (15 votos) respondió que sí está de acuerdo con la medida, mientras que el 37,5% (9 votos) la rechazó. En Twitter, el resultado fue más equilibrado: 50,6% a favor y 49,4% en contra, reflejando un debate abierto en la ciudadanía sobre el trato a personas privadas de libertad que enfrentan problemas de salud.
La polémica se encendió el fin de semana, cuando Brújula Digital accedió a una fotografía que mostraba a Castro, actualmente con detención preventiva por el caso Consorcio, encadenada a una camilla en el hospital Arco Iris, donde fue internada por razones médicas. La imagen generó críticas por el trato inhumano y provocó una reacción inmediata del Gobierno.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, anunció este lunes que instruyó a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario modificar los protocolos de seguridad aplicados a los detenidos que reciben atención médica. "Para que este tipo de procedimientos, como el uso de cadenas, sean reemplazados por dispositivos que respeten los derechos humanos", declaró en conferencia de prensa.
Ríos recordó que el Ejecutivo ya envió al Legislativo un anteproyecto de ley para implementar dispositivos electrónicos de vigilancia —como manillas o tobilleras— que ayuden a reducir el hacinamiento carcelario y prevenir feminicidios. Ahora, el Gobierno plantea un tercer uso para estos dispositivos: el seguimiento de privados de libertad internados en centros de salud.
Claudia Castro fue enviada en junio a la cárcel de Obrajes con detención preventiva por su presunta participación en el caso “Consorcio”, una red ilegal de jueces, abogados y exautoridades judiciales que supuestamente manipulaba fallos judiciales en favor de intereses políticos. Según la investigación, Castro habría sido la intermediaria en una resolución redactada para destituir a la magistrada Fanny Coaquira y favorecer al suplente Iván Campero.
BD/RED
