El Acuerdo de Escazú: El giro incomprensible de Chile

El 22 de enero, con la ratificación de Argentina y México, se cerró uno de los acuerdos más ambiciosos en materia de medioambiente para la región latinoamericana. Tras la ratificación del país número 11, está previsto que, en un plazo de 90 días, entre en vigor el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo es un convenio marco que fue promocionado y trabajado durante varios años, desde 1992, bajo el liderazgo de Chile y Costa Rica.

En 2018 fue presentado en la Conferencia de las Naciones Unidas y pretende ser un símil al Convenio de Aarhus en Europa. Irónicamente, Chile, quien fue uno de los mayores impulsores de este acuerdo, es uno de los países que no ratificará este acuerdo. Desde la Moneda y desde el Ministerio de Medio Ambiente de ese país se ha dado varias explicaciones del porqué Chile se ha alejado del Acuerdo de Escazú y uno de los principales argumentos vertidos ha sido las ambigüedades de la redacción del pacto y las incompatibilidades de este con su legislación interna. Así, para Chile esto podría generarle demandas internacionales y mermar su soberanía.

Uno de los argumentos que se ha esgrimido desde la administración de Piñera ha sido que Bolivia podría llevar a Chile a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) si es que surgiese alguna controversia con Chile en el marco del acuerdo. Es una mala interpretación y un análisis infundado, en palabras del excanciller Heraldo Muñoz. Si bien el Acuerdo de Escazú, como medio de resolución de controversias, establece que los países pueden utilizar la competencia de la CIJ, no señala su obligatoriedad. La controversia es aún mayor cuando en el artículo 11 se hace una mención a los países en desarrollo sin litoral, en el que se estipula que las partes deberán prestar especial consideración en materia de cooperación.

Es cierto que el Acuerdo de Escazú no permite la inclusión de observaciones o “reservas” por parte de los signatarios, pero Chile, al igual que otros países, pudo haber realizado una “interpretación declarativa” del acuerdo para protegerse de eventuales problemas futuros. Lo cierto es que este país a pesar de haber suscrito todos los acuerdos ambientales de relevancia internacional y tener una estructura medioambiental desarrollada, no será parte de los países fundantes del acuerdo.

Las 11 ratificaciones han sido las de Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Panamá y Uruguay, lo que los establece como los países fundadores del acuerdo y mediante los cuales el veintidós de abril entrará en vigor Escazú.

El Acuerdo de Escazú es bastante ambicioso e innovador en relación a los medios que estipula para lograr el acceso a la información, la participación pública y el acceso a justicia ambiental. En el marco de este acuerdo la información debe ser pública para los/as ciudadanas/os, es más, el acuerdo estipula plazos en los que las autoridades deben brindar información. También establece que los países deben presentar informes sobre sus legislaciones, avances y proyectos en materia ambiental. Así, en el marco del principio de máxima publicidad, divulgación y transparencia los países deberán hacer conocer a su población sus avances y retrocesos.

Los defensores ambientales también están protegidos, no se debe olvidar que Latinoamérica es una de las regiones con más asesinatos de activistas ambientales; según Global Witness, solo el año 2019 se han asesinados a más de 200 defensores del medio ambiente. El acuerdo también hace una especial consideración a aquellos pueblos indígenas que se vean afectados por megaproyectos. El artículo 8 establece que de haber poblaciones vulnerables las partes deben brindar asistencia jurídica gratuita a los afectados/as. Así como, en caso de haberse ocasionado un daño se establece que debe existir una compensación o reparación sobre el perjuicio ocasionado.

Los avances que se darán a través de Escazú son muy prometedores para el cuidado del medio ambiente. Aún quedan interrogantes si Bolivia está siendo esa piedra en el zapato por la mención que se hace a los países sin litoral y por la hipótesis de que Bolivia tendría más herramientas para demandar a Chile. No obstante, la no ratificación de Chile al acuerdo de Escazú demuestra una falta de compromiso con la región y con el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Lorena Choque Flores es politóloga, socióloga y egresada de la Academia Diplomática Plurinacional.