La misoginia estatal institucionalizada

La denigración y la violencia extrema, producto del machismo y la misoginia arraigados en los poderes políticos, judicial, religioso o cultural del sistema patriarcal, son una realidad que persiste y que no escatima recursos y medios para mantener su dominio. Hoy a la luz de las conquistas en derechos humanos estos actos tienen nombres específicos, odio machista o de género, crímenes de odio y feminicidios.

Por lo tanto, resultan preocupantes las declaraciones del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que reflejan un negacionismo machista y revelan su profundo desconocimiento, a pesar de su formación como cientista social, sobre los regímenes de opresión patriarcal. Estos sistemas de dominación ancestral se basan en el control y la subordinación de las mujeres, de los cuales surgen todas las demás formas de opresión, como el racismo o la discriminación de clase. Estas raíces en la estructura de poder perpetúan la desigualdad de género.

Sus inaceptables declaraciones no son aisladas, se suman a los ecos cotidianos del sistema judicial boliviano, de la Policía o de los sistemas educativos, que cotidianamente devalúan las voces de las mujeres, negándoles credibilidad y legitimidad cuando denuncian hechos de violencia machista, cuando se las mata y se las culpa incluso de su propia muerte; o cuando se violan niñas o adolescentes y se dejan libres a feminicidas, incluso seriales.

Sabrá que Bolivia registra los más altos índices de feminicidios en la región, con un sistema judicial profundamente corroído, que parece haberse ensañado contra las mujeres, con cifras alarmantes de violencia; siete de cada diez mujeres son víctimas de violencia y cada tres días una mujer pierde la vida. A ello se suma la impunidad: de los casos denunciados ni el 5% llega a sentencias.

Es inaceptable que, frente a esta realidad, se dé más peso a las voces de un reducido porcentaje de hombres –violentados–, desviando la atención de la indignante situación que enfrentan las mujeres.

Las conquistas en materia de derechos humanos no son concesiones gubernamentales, sino el resultado de las incansables luchas de las mujeres contra la opresión, la dominación y el silenciamiento. Conquistas están permanentemente amenazadas por las arremetidas machistas, que ponen en evidencia la fuerza misógina de los sistemas de poder, acentuados por el racismo, el clasismo y otras formas de discriminación que perpetúan la desigualdad.

Como lo señala el Observatorio Defensorial Judicial, el asesinato de mujeres por razones de género ha sido una constante histórica; sin embargo, se han incrementado y profundizado sus expresiones de crueldad y violencia en periodos en los que las mujeres lograron hacer ruptura con los códigos tradicionales, transformar pautas comportamentales y generar cambios sociales; pero, sobre todo, desde que han logrado obtener conocimientos, prestigio, riqueza, poder y posiciones de liderazgo.

La misoginia del sistema patriarcal no escatima medios para mantener su dominio a través de devaluar y menospreciar la voz y las demandas de las mujeres por encima del propio andamiaje normativo y de los compromisos internacionales.

Por ello es preocupante que las autoridades hagan caso omiso de las recomendaciones del Comité de la Convención contra toda forma de Violencia hacia las Mujeres (CEDAW) de 2023. Este organismo expresó su preocupación por la persistencia de estereotipos de género que perpetúan la discriminación en áreas como la participación política, educación, empleo, salud y violencia de género, así como la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados, invisibilizados y no remunerado.

El Comité de la CEDAW hizo hincapié en la falta de implementación de tribunales especializados en casos de violencia de género, a pesar de los altos índices de violencia, especialmente feminicidio y violencia sexual, con impunidad generalizada, aspecto que debería ser de atención urgente por las autoridades nacionales.

La realidad se ve agravada por el sinuoso proceso de elecciones judiciales con magistrados prorrogados y autoprorrogados, quienes han ignorado las recomendaciones del Comité de la CEDAW, como establecer tribunales especializados y designar más fiscales especializados, y modificar el artículo 308 del Código Penal para basar la definición de violación en el consentimiento y derogar el artículo 309 sobre estupro.

La aparente voluntad de avanzar en una reforma judicial es simplemente una perpetuación de las cofradías y fatrias legislativas y jurídicas misóginas, que priorizan los intereses corporativos de grupos jurídicos de poder, políticos y partidarios sobre la defensa de la vida y la dignidad de las personas.

Para esos sectores, la vida de las mujeres no tiene valor, al igual que la de las personas indígenas y originarias. Lamentablemente, estamos lejos de transformar este sistema injusto y construir uno que garantice la igualdad, la justicia y el respeto a los derechos humanos de todas las personas en Bolivia.

Patricia Flores Palacios es comunicadora y feminista queer.