Cleptocracia boliviana

Uno de las maldiciones más persistentes de la política boliviana ha sido, y sigue siendo, la cleptocracia estatal. Un sistema de poder en el que los cargos públicos se convierten en mercancía, se negocian como favores y se usan para el enriquecimiento ilícito, el control de áreas estratégicas y el saqueo sistemático de los recursos del Estado, siempre en beneficio de círculos familiares o partidarios. Esta lógica de negocio político ha debilitado las instituciones públicas, ha manipulado los procesos legales y ha convertido la corrupción en una estructura casi inamovible del poder.

La historia de Bolivia está marcada por estas redes de expoliación: desde el tributo indígena y la contribución colonial, hasta la explotación de la minería, de los recursos naturales, las tierras estatales, los impuestos indigenales. Hoy los impuestos nacionales o las empresas públicas. En pleno siglo XXI, la prensa ha registrado hechos elocuentes: los hijos del Presidente Arce Catacora han sido acusados de tráfico de influencias y acumulación de tierras en Santa Cruz; También el hijo del Vicepresidente Choquehuanca, vinculado a una casa de lujo y un crédito bancario millonario obtenido por fuera de toda lógica institucional. Ejemplos actuales de esa vieja práctica, de viveza criolla en tiempos del ”Vivir Bien”, en los que la impunidad se sigue heredando, como el acceso al privilegio a través del apellido y del poder.

Recuerdo un viejo libro de mi abuelo, Rosca, rosca, ¿qué estás haciendo? Era una pregunta ingenua, pero aguda, sobre ese poder que se disfraza de revolución y termina siendo negocio familiar. La del MNR, tras la Revolución de 1952, no fue pionera, sino heredera de una larga cultura de clientelismo, nepotismo, favores entre élites y una lógica de acumulación que atraviesa generaciones. La rosca se transforma, se adapta, muta de clases políticas, su envilecimiento no tiene límites y como una maldición catastrófica no muere.

Y, mientras tanto, los que creen en la ética pública y en el bien común caen. Ahí está el caso de Marco Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, que murió en la cárcel sin debido proceso, por denunciar una red de corrupción que hoy sigue impune. Un caso brutal y casi obsceno, en el que los registros periodísticos, a raíz de la denuncia de la diputada Luciana Campero, señalan que Julia Ramos, exministra de Tierras de Evo Morales, exvicepresidenta del MAS, fue protagonista del escándalo, estuvo presa, salió libre y registra 174 propiedades a su nombre en Tarija, según Derechos Reales. La justicia se doblega ante el poder.

La maldición de la cleptocracia no distingue colores ni banderas. Ha sido una constante que se arrastra como una mancha histórica, de gobierno en gobierno, dejando tras de sí no solo caudillos enriquecidos, sino familias completas que aún hoy, generación tras generación siguen disfrutando del botín heredado de la infamia. Lo que fue corrupción de Estado, terminó convertido en patrimonio privado, perpetuado entre castas que siguen activas en los círculos de poder, inmunes al tiempo y a la vergüenza.

Como un eco del pasado, la rosca ha sido el hilo oscuro y persistente de la cleptocracia boliviana, esa estructura invisible pero letal que atraviesa gobiernos, ideologías y generaciones. Su marca indeleble se revela en cada administración, sin excepción, dejando rastros de corrupción incalificable. Uno de los casos más vergonzosos se dio durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez, cuando su ministro de Defensa, Fernando Kieffer Guzmán, centralizó la ayuda nacional e internacional destinada a los damnificados del terremoto de 1998. Bajo el pretexto de atender emergencias, se adquirió un avión Beechcraft 1900C con un sobreprecio escandaloso. La operación, destapada en enero de 1999, fue un símbolo del uso criminal de los recursos del dolor, convertidos en capital político y lucro personal. Las lágrimas de los afectados fueron cotizadas en el mercado de la infamia.

Pero, venturosamente, la memoria se da los modos para recordarnos esta fangosa memoria. El año 1995, los anales archivísticos de ANF registraba la emergencia de políticos del MIR que hicieron fortunas vía corrupción, enriquecimiento ilícito, poder, dinero, narcotráfico, imagen, ética, moral, encubrimiento y pragmatismo, como los ejes de la dura crítica que Miguel Urioste, entonces presidente del MBL, dirige al MIR y a sus principales dirigentes. Señalando que figuras como Jaime Paz Zamora, Oscar Eid Franco, Guillermo Capobianco y otros, llegaron al poder sin recursos, pero tras su paso por el gobierno -especialmente durante la gestión de Paz Zamora- amasaron fortunas apreciables de manera rápida e ilegal; incluidas las denuncias de beneficiarios del cierre del Banco del Estado, entre los que figura Samuel Doria Medina.

En contraste, el MBL se presentó como una fuerza política que optó por el “trigo limpio”, asumiendo la responsabilidad de iniciar acciones judiciales contra los corruptos y expulsar a sus propios miembros comprometidos, porque, según Urioste, no combatir la corrupción y la complicidad con el narcotráfico sería una traición a la democracia y al país.

Las denuncias de Miguel Urioste hoy siguen siendo profecías cumplidas. En nombre de una revolución popular, indígena y productiva, el MAS repitió y profundizó la lógica del “todo vale”. El pragmatismo cínico reemplazó cualquier vestigio de principios, mientras se reproducía la estructura del saqueo. En 2023, la prensa reveló que el diputado suplente José Rengel Terrazas, del MAS, realizó 37 giros internacionales por un total de 51 millones de dólares a países como Bélgica, Costa de Marfil, Alemania y Turquía, afirmando, sin rubor, que provenían del contrabando de autos “chutos”.

Figuras como Santos Ramírez, Nemesia Achacollo, Gabriela Zapata, el escándalo de las barcazas chinas, la empresa Gravetal, medios de comunicación como La Razón, ATB, Los Tiempos aún son materia de investigación. La obscena red de desvíos de la cooperación internacional que usurparon agua potable de comunidades indígenas, vacunas de niñas y niños, o centros de salud en el área rural dignos de primero, segundo o tercer nivel, confirman que la promesa de transformación se convirtió en el espejo invertido del pasado. Monumentos inútiles y mansiones de lujo en barrios residenciales hoy son los trofeos de quienes juraron luchar por la dignidad del pueblo.

Así, esta forma de saqueo institucionalizado, en la cleptocracia estatal ha tejido redes impunes, donde la complicidad política, el dolor social y la desvergüenza de clanes políticos, familiares o institucionales conviven sin pudor.

Y aunque el poder manipule los archivos, los pueblos guardan la verdad en la piel. En los cuerpos que resisten y entierran a sus mártires. En las mujeres que denuncian desde las orillas del río y las quebradas del monte. En las comunidades que saben y se niegan a olvidar, aunque les quiten la tierra, el agua y la voz.

Bolivia aún tiene memoria. Y es esa memoria, dolorosa, viva, terrosa y rebelde, la que un día, más temprano que tarde, convertirá la impunidad en juicio; el silencio en dignidad recuperada y el miedo en justicia que por fin muerda a los poderosos, a los corruptos, porque… el pueblo tiene memoria.

Patricia Flores es magister en ciencias sociales y feminista queer.