La exdirigente política Ruth Nina fue enviada con detención preventiva por el plazo de tres meses al penal de mujeres de San Sebastián en Cochabamba
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La exdirigente política Ruth Nina fue enviada con detención preventiva por el plazo de tres meses al penal de mujeres de San Sebastián en Cochabamba, luego de que un juez cautelar considerara que sus declaraciones durante un acto político del ala evista del MAS podrían incitar a la violencia y generar convulsión social. La decisión se tomó tras una audiencia de medidas cautelares que concluyó este sábado.
El Ministerio Público formalizó la imputación contra Nina por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, amenazas y obstaculización de procesos electorales, luego de que, durante un ampliado realizado el 12 de julio en Lauca Ñ, afirmara que “si Evo Morales no es habilitado como candidato, se deberán contar muertos y no votos” en las elecciones del 17 de agosto.
Durante la audiencia, desarrollada de forma virtual desde dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la defensa de Nina intentó suspender el proceso planteando dos incidentes:
1. La supuesta ilegalidad de la orden de aprehensión, alegando que no existía riesgo de fuga.
2. La solicitud de un perito especializado por la supuesta condición de indígena originaria de Nina, que —según el abogado— la pondría en estado de indefensión.
Ambos incidentes fueron rechazados por la juez, quien argumentó que la aprehensión fue legal y cumplió con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal. Además, concluyó que la defensa no presentó pruebas que acrediten la pertenencia de Nina a un pueblo indígena originario, ni evidencia de vulneración a sus derechos.
El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, dijo el pasado jueves que el Ministerio Público solicitaría la detención preventiva, calificando el caso como un delito electoral con riesgo procesal. “Vamos a pedir la medida excepcional de detención preventiva en una cárcel pública”, sostuvo.
Por su parte, la defensa, encabezada por los abogados Jhon Rioja Guzmán y Manuel Mariscal, calificó la aprehensión como arbitraria y con motivaciones políticas. “Este proceso está armado. Es netamente político. Quienes deberían ser procesados son quienes viralizaron el video”, dijo Mariscal, quien adelantó que apelarán la determinación judicial en los próximos días.
Ruth Nina fue dirigente del partido PAN-BOL, organización política que perdió su personería jurídica tras no alcanzar el 3% mínimo de votos en las elecciones de 2020.
BD/LE
