El consumo de coca, práctica ancestral arraigada en los Andes, ha experimentado una transformación en el oriente boliviano durante los últimos 40 años. Lo que antes era tradición cultural, hoy se entrelaza con nuevas dinámicas económicas y sociales complejas, incluso vinculadas al consumo ilegal, al tráfico de substancias no controladas y la explotación sexual o la trata y el tráfico de personas. Sus consecuencias exigen un análisis crítico, como ya anticiparon estudios de UNDOC, CEDLA y diversos investigadores.
Una de las aristas preocupantes es la promoción de la coca machucada en redes sociales, especialmente en mercados y licorerías del oriente boliviano, como en el caso de “El Faraón” y otros establecimientos similares. En mensajes y videos que circulan en ciudades intermedias se nota la relación de la venta de coca machucada con la explotación sexual de adolescentes y videos de alto contenido sexual, lindando en lo pornográfico.
Estos videos muestran a mujeres adolescentes y jóvenes vestidas de forma provocativa. Las narrativas, de tono aparentemente festivo y desenfadado, promueven y normalizan el sexismo, la cosificación, la violencia sexual y mediática al momento de promocionar el consumo de la coca machucada.
Agradezco a Patricia Cusicanqui por la información contenida en esta columna, que puede revisarse aquí, aquí y aquí.
Los avisos normalizan esta violencia mediática y sexual en redes sociales, al tiempo que fomenta un clima de impunidad, facilitando que agresores y explotadores operen sin temor a consecuencias. Hay frases tan preocupantes como “vas a ser mi hembra”, acompañadas de imágenes enfocadas en el trasero de la protagonista.
La coca, antaño desconocido en estas regiones, ha penetrado en sus múltiples variantes ilícitas, integrándose en un entramado de actividades ilegales que incluyen la venta indiscriminada de alcohol y sustancias controladas.
Los operadores de estas redes convencen a jóvenes provenientes de hogares con economías austeras, cuya vulnerabilidad socioeconómica es explotada para luego ser descartadas.
La crudeza de estos videos refleja una cultura machista profundamente arraigada en la sociedad boliviana, devela que estos negocios suelen ser la antesala a una realidad lacerante como la trata de personas.
Según datos de la Fiscalía General del Estado, en 2023 se registraron más de 1.300 casos de trata y tráfico de personas en el país. En este contexto, es fundamental que se fortalezcan las instituciones encargadas de combatir este delito y que se implementen políticas públicas efectivas para proteger a las víctimas.
La violencia machista y la explotación sexual no son fenómenos aislados, sino que están interconectados y se retroalimentan mutuamente. En particular, la pobreza, la falta de oportunidades y la ausencia del Estado han creado un caldo de cultivo para que redes de trata y explotación sexual.
En Bolivia, más del 30% de las niñas son víctimas de agresiones sexuales antes de cumplir 18 años, y la mayoría de estas violencias ocurren dentro del hogar o en entornos cercanos. Esta realidad se agrava en las zonas mineras y extractivas, donde la concentración de riqueza convive con la marginación y la desprotección, generando un caldo de cultivo para la explotación sexual comercial, la trata y el proxenetismo.
En una sociedad extractivista y capitalista, la vida humana se devalúa frente a la lógica del beneficio económico. La explotación sexual de niñas y adolescentes no es solo un delito, sino una expresión extrema de la desigualdad y la violencia estructural que atraviesa el país. La indignidad de estas prácticas revela un sistema que permite la mercantilización del cuerpo y la vulnerabilidad de los jóvenes.
¿Vamos a permitir que esta realidad continúe? El silencio también es complicidad… ojala que nuestra indignación sea más fuerte que la impunidad.
Patricia Flores Palacios, magister en ciencias sociales, es feminista queer.