La arremetida
represiva a cargo del Ministerio Público ha tenido en la detención de la expresidenta Jeanine Áñez su lado más vil y hace temer por el futuro democrático
del país, porque esa acción responde a la decisión de los sectores más
radicales del MAS de imponer su rechazado proyecto de poder hegemónico a
cualquier costo.
Ese objetivo pasa, necesariamente, por maquillar la fuga del expresidente Evo Morales ante la movilización ciudadana en contra del grosero fraude electoral que se cometió en las elecciones de 2019. Desde el Chapare, donde inicialmente se refugió una vez que el Comandante de las FFAA y los dirigentes de la COB le aconsejaron retirarse, Morales rubricó su renuncia a la presidencia del Estado y huyó con su entorno íntimo, no sin antes instruir a las autoridades de la Asamblea Legislativa en línea de sucesión renunciar para crear un vacío de poder que permita que se desate un proceso de violencia.
La oportuna participación de la Iglesia y la comunidad internacional, y la decidida acción de muchos asambleístas lograron que se llene ese vacío de poder y sea elegida Jeanine Áñez como Presidenta, con lo que los planes del expresidente fugado se frustraron y éste comenzó una acción desestabilizadora instruyendo acciones de violencia a sus adherentes.
Esos fueron los hechos, lo demás es relato, pero un relato que puede costarle mucho al país.
Más aún cuando la represión del MAS se desata luego de las elecciones subnacionales en las que los más claros perdedores fueron ese partido y su jefe de campaña. Además, algunos de sus voceros han lanzando amenazas a muchos de los ahora electos alcaldes y gobernadores.
A diferencia de ese intento de maquillar la cobardía, la decisión de la expresidenta Áñez de quedarse en el país pese a las amenazas en su contra que ayer se concretaron con su detención, muestra una actitud digna que destaca aún más ante la vileza con la que el Ministerio Público, convertido en una especie de Dirección de Orden Político (DOP) de las dictaduras militares, está procediendo al servicio del régimen de turno.
Desde donde se analice la ex mandataria no puede ser acusada de conspiración ni de haber ejecutado un golpe de Estado. Fue Presidenta, hay que insistir, porque Evo Morales renunció a la Presidencia del Estado y fugó del país, e instruyó a sus militantes en función de asambleístas crear, con sus renuncias, un vacío de poder.
Por esas razones, se debe exigir la inmediata libertad de la ex mandataria y varios de sus colaboradores, también detenidos al margen de las disposiciones legales vigentes.
Además, cada vez es más necesario abrir un espacio de diálogo y concertación, de manera que el gobierno recupere la sensatez y la ciudadanía la certidumbre, cualidades indispensables para una pacífica convivencia social. La Iglesia y la comunidad internacional, que fueron actores clave para evitar que la violencia se generalice en 2019, podrían interponer sus buenos oficios, pese a las impertinentes acciones de la Cancillería en contra de la Embajada de Gran Bretaña, a las que se sumó el jefe ideológico del MAS.
Esto es necesario cuando el país debe enfrentar en las mejores condiciones posible las dos crisis que atravesamos: la de salud y la económica. Y las posibilidades de hacerlo en forma exitosa dependerán de un mínimo consenso nacional.
En fin, no hubo golpe, hubo una cobarde fuga; y si no hubo golpe no puede ser mantenida presa la expresidenta del Estado, quien merece toda nuestra solidaridad no sólo ante su arresto ilegal, sino por su digna actitud.
Juan Cristóbal Soruco es periodista.