Fue un esfuerzo por materializar el compromiso con una Bolivia libre de corrupción, pero en la práctica, la efectividad de su implementación ha dependido mucho de la voluntad política.
Brújula Digital|28|11|2025|
Nelly Salinas
Continuando con mis anteriores publicacionets, referidas a consideraciones sobre la Ley 1178 (conocida como Safco) y a la oportunidad del control gubernamental, hoy me gustaría referirme a otra ley fundamental, que es muy importante dentro del derecho administrativo, en el proceso de investigación de fortunas y enriquecimiento.
Sin embargo, es necesario -de manera previa- recordar al hombre, al líder socialista boliviano indiscutible, escritor, intelectual y parlamentario, crítico implacable de las dictaduras militares, investigador de casos de corrupción estatal, quien nos ha dejado un legado: su lucha incansable, de quien se invocó su nombre. Me refiero a Marcelo Quiroga Santa Cruz, por su figura emblemática en la lucha contra la corrupción y el autoritarismo en Bolivia.
En 1979, como parlamentario, impulsó el juicio de responsabilidades contra Hugo Banzer, acusándolo de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Su trabajo fue tan meticuloso que dejó una huella duradera en la política boliviana.
Fue una de las voces más sólidas contra las dictaduras militares latinoamericanas.Creía en un socialismo democrático, ético, humanista y con fuerte institucionalidad, amén de su espíritu republicano puesto de manifiesto en un reciente trabajo de investigación en el CIDES - UMSA.
El 17 de julio de 1980, durante el golpe de Estado encabezado por Luis García Meza y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, un comando paramilitar irrumpió en la sede de la Central Obrera Boliviana en La Paz, ubicada en pleno centro de la ciudad. Allí Marcelo Quiroga Santa Cruz fue capturado vivo y torturado, y posteriormente asesinado. y desaparecido. Su cuerpo nunca fue encontrado.
Su asesinato no solo eliminó a un opositor peligroso para la dictadura, sino que buscó enviar un mensaje contra la movilización obrera y socialista del país. Se convirtió en uno de los crímenes políticos más emblemáticos y dolorosos de la historia boliviana.Su legado ha sido conectado a la Ley 004 que fue promulgada en Bolivia en marzo de 2010, bajo el nombre oficial de Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas”.
La implementación de esta Ley ha sido un tema que ha generado mucho debate en Bolivia. Por un lado, se reconoce como un avance importante en el combate contra la corrupción y un intento de institucionalizar mecanismos de control más rigurosos para evitarla y hacerle frente.
Sin embargo, también ha sido criticada por su aplicación selectiva en ciertos casos y contra ciertas personas, y por los obstáculos que enfrentan las instituciones encargadas de su implementación.
De manera general se puede señalar que los objetivos de esta ley, incursos en el artículode su texto, son los siguientes:
-Prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores, exservidores públicos, servidoras y exservidoras públicas y por quienes tengan relación con el Estado.
- Recuperar bienes obtenidos ilícitamente.
-Fortalecer la transparencia del Estado.
- Permitir la persecución penal incluso retroactiva para delitos de corrupción graves (aspecto discutido constitucionalmente).
Esta ley fue un esfuerzo por materializar el compromiso con una Bolivia libre de corrupción, pero en la práctica, la efectividad de su implementación ha dependido mucho de la voluntad política y de la independencia de las instituciones encargadas de su ejecución.
Finalmente, es momento de reconocer a está Ley como a otras disposiciones legales y doctrinales que deben, por encima de todo, propender a la justicia como el valor supremo del derecho.
En una siguiente entrega continuaremos con un análisis más detallado de esta norma legal.
