Justicia, la cofradía de la impunidad

¿El cambio de jueces implicará un cambio en la justicia? La misoginia impregnada en la cultura jurídica se manifiesta cotidianamente con ejemplos como los de la exfiscal Selma Soledad Yapu, que en 2022 desestimó el caso contra César Guillermo Tezanos Pinto, ilustrando cómo la justicia puede fallar a favor de los verdugos en lugar de proteger a las víctimas. Tezanos Pinto asesinó este mes, de manera atroz, a sus dos hijos.

Otro ejemplo flagrante es el caso de Richard Choque, un feminicida y asesino en serie que fue liberado gracias a irregularidades y actos de corrupción en la justicia; el juez Rafael Alcón, responsable de permitir la libertad de Choque, un símbolo de la “fratría mafiosa” del sistema judicial en acción. Choque, después de ser liberado, cometió varios feminicidios.

La “fatría” o cofradía judicial, como bien señala la pensadora brasilero-argentina Rita Segato, es una maquinaria de reproducción de criminalización de las mujeres en el que jueces o fiscales, hombres y mujeres machistas, perpetúan el estatus quo del menosprecio por la vida de sus pares; maquinaria marcada por la crueldad, en el que jueces y fiscales actúan como inquisidores, sometiendo a las mujeres a una serie de vejaciones y liberando a sus verdugos para dejarlas en estado de indefensión.

Por ello la liberación de Choque envió un terrible mensaje de impunidad a los feminicidas. Ese y otros casos son una muestra de la profunda crisis del sistema judicial boliviano, en el que la corrupción y la falta de perspectiva de género permiten que los criminales se beneficien a costa de la vida de las mujeres.

La “fatría judicial” no solo revictimiza a las mujeres que sufren violencia machista, sino que les expropia el valor de la vida, perpetuando un ensañamiento sistémico que las culpabiliza permanentemente por la violencia que padecen, incluso llegando a responsabilizarlas de su propia muerte.

En este contexto, las víctimas se convierten, parafraseando a Segato, en un “desecho descartable”, que refuerza la opresión patriarcal y que reproduce cotidianamente la “pedagogía de la expropiación de valor” ante la vida de las mujeres y sus familias.

La “fatría judicial” juzga desde una óptica misógina, patriarcal y racista, por ello se culpabiliza a las mujeres, así sean niñas, adolescentes o adultas, de las violencias que padecen; inmediatamente se las transforma en mentirosas, malas madres, malas esposas, putas, borrachas, drogadictas, mantenidas; “tú te la has buscado”, “qué abras hecho”, “por qué andabas vestida así, tú has provocado”…

En este escenario judicial, la vida y los cuerpos de las mujeres son tan sólo dispositivos para uso del poder, un botín de guerra en el que la sexualidad es tan sólo una herramienta de conquista, apropiación y desecho. Por ello el feminicidio es la máxima expresión de esta lógica, que reduce a las mujeres a un territorio que debe ser controlado.

Las deleznables grescas de los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional son una muestra de la vitalidad de las “fatrías o cofradías” misóginas también en estos escenarios, en la falta de compromiso con la independencia de los poderes y el debido funcionamiento del sistema judicial. En lugar de asumir su rol con seriedad, estas cofradías apelan al cuoteo, contraviniendo todos los mandatos constitucionales.

Hace algunos días Mujeres Creando volvía a dar un grito más de protesta cuando tomó el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz bajo el lema “¡Que nos escuchen!”, exigiendo cambios concretos en el sistema judicial y demandando la implementación de registros públicos de feminicidas y violadores, auditorías a los juzgados de violencia y reformas profundas en la selección de autoridades judiciales.

Las elecciones judiciales, por sí solas, no son suficientes para combatir la “fatría” judicial, especialmente en un contexto cooptado por las lógicas partidarias, por pugnas políticas e intereses económicos, muy lejos de la independencia del sistema judicial.

Los cambios estructurales que se demandan implican drenar centurias de prácticas misóginas, andamiajes procedimentales fangosos y “aceiteados” pestilentes por la compra y venta de sentencias.

Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la elección judiciales deberían ser una hoja de ruta y una llamada de alerta, pero su omisión es una muestra de que continuaremos en el tradicional andamiaje del sistema de justicia en Bolivia, con escasos enclaves de operadores de justicia con vocación de servicio y lucha por los derechos de las víctimas.

Estamos ante un sistema que se ha ensañado especialmente contra las mujeres, como he dicho, pero también contra los indígenas, particularmente de tierras bajas, que continúan siendo sometidos a intrincados castigos procedimentales, que perpetúan el disciplinamiento patriarcal.

Solo mediante un esfuerzo conjunto de la sociedad civil y el Estado podremos construir un futuro donde la violencia machista y la justicia misógina se extingan.

Patricia Flores Palacios es comunicadora y feminista queer.