¿Dónde se fueron las utilidades de La Razón?

Es extraño que el periódico La Razón esté en una situación financiera de tal gravedad. Unos 150 trabajadores de su planta, aproximadamente la mitad del total, han sido despedidos o han aceptado renunciar en los últimos meses. 

El empresario venezolano (ex)chavista Carlos Gill, propietario de La Razón, entrevistado por Carlos Valverde en 2019, explicó que en cuatro años, entre 2016 y 2019, obtuvo 9,06 millones de dólares –2,3 millones de promedio anual– de publicidad estatal. Según Gill, ese monto era “muy pequeño” ya que sólo correspondía al 17% del total de la publicidad obtenida. El monto completo, dijo en esa entrevista, fue de 53 millones de dólares (369,3 millones de bolivianos).

Hagamos un somero análisis financiero. En cuanto a los ingresos, a esos 53 millones de dólares por publicidad habría que sumarle la venta de ejemplares, que sería más o menos de unos 750.000 dólares al año (considerando una venta promedio diaria de 8.000 ejemplares), es decir tres millones de dólares en cuatro años. Por lo tanto, en ese período, la empresa obtuvo 56 millones de dólares, un promedio de 14 millones dólares al año.

Si esos eran los ingresos, veamos ahora los gastos. En una reunión vía Zoom con los trabajadores del periódico, su directora informó que la planilla era de 300.000 dólares mensuales, es decir, 4,2 millones al año, incluidos dobles aguinaldos. Imprimir el periódico ha debido implicar una erogación anual de unos 650.000 dólares (un poco menos de lo que se obtiene por su venta). Sumémosle además, con holgura, un millón de dólares adicional por año para pagos de impuestos y otras erogaciones.

Tenemos entonces que La Razón obtuvo 14 millones de dólares en ingresos y 5,85 millones de dólares en gastos cada año entre 2016 y 2019, con lo que la utilidad probable fue de 8,1 millones anuales, es decir la friolera de 32,4 millones de dólares sólo en los últimos cuatro años. ¿Dónde se fue ese dinero? ¿Por qué los socios no aprovisionaron recursos ante eventuales dificultades financieras? ¿Por qué no se les paga a los trabajadores despedidos sus finiquitos completos? El sindicato de ese diario debería poder auditar las finanzas. Más de uno se está haciendo el gil en esto. Y como La Razón tuvo nueve años de romance con el MAS, se podrían pensar que los montos obtenidos fueron aún mayores.

Políticos opositores al MAS denunciaron durante años la presencia de “palos blancos” en todo este entramado. Eso no se ha comprobado, pero se puede tener algunas sospechas. Durante la gestión del MAS era la Vicepresidencia la que decidía los contratos de publicidad y ésta entregó 2,3 millones de dólares anuales a un medio que, por otro lado, controlaba mediante sus ejecutivos. Esa cifra era varias veces superior a cualquier otro diario boliviano y que tenían más circulación y prestigio. ¿Se entregó esa publicidad a La Razón a cambio de algo? ¿Así se puede explicar el que tantos millones de dólares hayan fugado de la empresa? ¿A bolsillos de quién?

Aparte de esto, el empresario venezolano nunca quiso explicar por qué y en qué montos vendió ATB. Él mismo informó a un diario español en 2009 que obtuvo mediante intercambio de acciones las empresas que el grupo español Prisa tenía en Bolivia (es decir, La Razón, Extra y ATB). Y de repente ATB fue “traspasada” a otros tres socios relacionados con el Vicepresidente Bachiller (Jaime Iturri, Marcelo Hurtado y Luis Nemtala). Gill jamás ha querido aclarar esta situación. Esa red de TV, avaluada por lo menos en 10 millones de dólares, terminó en manos de tres individuos que no podrían demostrar financieramente cómo pudieron adquirirla.

Vayamos cerrando. Gill dice que “no tenía relación política alguna con el gobierno anterior”, pero no explica, si ello fuera cierto, cómo es que consiguió el contrato para las obras civiles del teleférico, la venta de radares al Ministerio de Gobierno ni que los ferrocarriles oriental y occidental que controla nunca hubieran sido nacionalizados. El único sector que no fue expropiado por Evo Morales fue precisamente ese. Tampoco explica por qué el gobierno del MAS lo tomó como promotor del corredor bioceánico ferrocarrilero. Hasta su hijo fue contratado como proveedor de YPFB, en un acuerdo luego suspendido ante el escándalo generado en los medios. Solo un ingenuo creería que tantos negocios con el MAS se generaron “sin relación política”. Gill debe creer que los bolivianos somos idiotas.

Raúl Peñaranda U. es periodista.