Derechos Humanos en Bolivia, amenazados y violentados

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), titulado “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia” subraya la crítica situación de los derechos humanos en el país y advierte que el Estado debe tomar medidas urgentes para abordar los desafíos pendientes en igualdad de género, así como en los derechos de los pueblos indígenas y en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

Una de las aristas más visibles de esta precariedad estructural es la gravedad de la violencia machista, alimentada por una cultura de discriminación contra las mujeres. Así, Bolivia registra uno de los mayores índices de feminicidio de la región, cada tres días una mujer muere a manos de su pareja, cada tres días se estima que dos a tres niños quedan huérfanos, cada tres días al menos una familia enfrenta el calvario en busca de justicia.

La CIDH alerta sobre el alto nivel de impunidad en la investigación, sanción y reparación de casos debido a deficiencias estructurales, presupuestarias, normativas y de conducta de las autoridades judiciales, cada vez más desacreditadas. Las políticas despatriarcalizadoras y descolonizadoras han quedado solo en enunciados.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, liderada por Amparo Carvajal, es una prueba evidente de esta precariedad. Desde hace años Carvajal enfrenta una lucha constante en las calles. Tras ser despojada del inmueble, su protesta callejera es vigilada por una decena de policías fuertemente armados. La CIDH señala que desde instancias estatales se fomenta un “paralelismo institucional” para borrar décadas de histórica lucha, afectando incluso a instituciones representativas de los pueblos indígenas originarios campesinos y demostrando una clara cooptación de la frágil institucionalidad de los derechos humanos.

Las amenazas a los derechos humanos también se extienden al ámbito informativo, con recurrentes ataques, amenazas, censura y hostigamiento contra la libertad de prensa y los periodistas. El deterioro de la justicia en Bolivia se evidencia en casos que indignan por la desproporción en la aplicación de la ley, como la reciente detención inmediata del humorista Raúl Cuenca, acusado de “usurpación de funciones” tras su aparición en televisión. El Defensor del Pueblo calificó esto como un uso excesivo del poder penal del Estado para reprimir una manifestación artística.

La CIDH también alerta sobre las amenazas recurrentes contra la población indígena y originaria de tierras bajas. Las instancias estatales parecen naturalizar la indefensión y vulneración de derechos en estos territorios, con un incremento de avasallamientos violentos y despojos de su hábitat. La deforestación, los incendios forestales, la expansión de fronteras extractivas y la presencia de actividades ilícitas han afectado gravemente las tierras ancestrales.

En una ironía jurídica, los defensores de los derechos indígenas de tierras bajas y los guardaparques de áreas protegidas, en lugar de recibir apoyo gubernamental, enfrentan intimidaciones por parte de mineros ilegales. La expansión de la minería ilegal, con la complicidad de socios extranjeros, ha afectado gravemente regiones de tierras bajas, especialmente en la Amazonía de Beni, Pando y el norte de La Paz. Esta actividad no solo representa una amenaza letal para las comunidades indígenas y el ecosistema, sino que también pone en riesgo el acceso al agua, la salud y la subsistencia de miles de familias. Como un cáncer, la minería ilegal devasta tanto a las poblaciones indígenas como al medio ambiente, amenazando su supervivencia.

Ante este panorama sombrío, emergen propuestas controvertidas como la denominada Ley Bukele, que pretende condenar a siete años de presidio, sin derecho a indulto, a quienes se apropien ilegítimamente de animales, valores, minerales u otros bienes. Sin embargo, esta ley no contempla penas similares para quienes desfalcaron bienes estatales o cometieron grandes estafas, como los implicados en el caso Banco Fassil, las empresas que se adjudicaron las piscinas de litio, los responsables de la desaparición de fondos del Fondo Indígena o los servidores públicos de alto rango del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, entre otros, por desfalcos millonarios con cientos de obras inexistentes.

La CIDH enfatiza la profunda desconfianza de la población boliviana hacia el sistema judicial, especialmente el penal, percibido como un instrumento al servicio de intereses políticos. Este escepticismo, exacerbado por la polarización política, no solo socava la confianza en la justicia, sino que también agrava la conflictividad, facilita la violencia y conduce a violaciones de derechos humanos, afectando negativamente la democracia y el Estado de Derecho. Además, se extiende una peligrosa cultura de impunidad para los vulneradores de derechos humanos con aval político-partidario o que pueden “aceitar” sentencias e indultos gracias a su poder económico. La corrupción generalizada, el lavado de dinero y el poder del extractivismo minero, chino o maderero, a menudo vinculado al narcotráfico, tienen la capacidad de comprar operadores de justicia, corroyendo aún más la ya precaria institucionalidad del sistema judicial.

Como remarca el informe de la CIDH, la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y la libertad de expresión en Bolivia también se encuentran afectados por el ambiente de polarización política, agravada por la espiral de conflictividad social.

Patricia Flores Palacios es comunicadora y feminista queer.