Cómo superar el extractivismo

Lo más urgente para hacer frente a la crisis económica actual es, sin duda, obtener dólares, y es una buena noticia que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe –originalmente Corporación Andina de Fomento– haya ofrecido a nuestro Presidente electo prestarnos $us 3.100 millones hasta 2030 y poner a su disposición, en el corto plazo, un 15% de ese monto (CAF 2025/11/03). Y también que los otros organismos internacionales de financiamiento, incluido el FMI, estén dispuestos a colaborar a Bolivia para salir de esta crisis.

Son respuestas positivas a las políticas propuestas por los frentes que conforman la nueva mayoría parlamentaria para reducir los déficits, tanto fiscal como comercial, facilitadas por el hecho de que el total de endeudamiento externo aún se encuentra distante del 50% del PIB, que es límite que aceptan esos organismos para cumplir normalmente sus funciones: según datos oficiales y aun asumiendo que el PIB de este año está cayendo en un 2,4%, la relación deuda externa/PIB estará alrededor del 30%.

Pero que la deuda pública externa aumente y no el PIB no es una buena noticia. Como ya ocurrió durante la crisis del estatismo militar (gobierno de Banzer 1971-1978, cuyos efectos se prolongaron hasta fines de los 80), el pago del endeudamiento contraído antes y después de esta nueva crisis restará recursos para la inversión y frenará el crecimiento. Sólo este año, hasta octubre, tuvimos que pagar $1341 millones por la deuda externa ya contraída (Erbol 2025/11/05). ¿A cuánto aumentará este servicio en los próximos años antes de que el ritmo de crecimiento del PIB supere al del endeudamiento?

El problema de fondo de la economía boliviana, la explicación de que sigamos atrasados mientras otros países –como los de Asia oriental– progresan aceleradamente, es que aún no tenemos reglas del juego que generen un crecimiento endógeno –en los términos de los últimos premios Nobel (Aghion P. y Howitt, P. 1998)– que nos saque del extractivismo, ni contamos con un Estado meritocrático que dirija la economía y que haga cumplir efectivamente esas reglas, empezando por castigar efectivamente la corrupción.

La buena noticia es que, ante el nuevo fracaso del estatismo extractivista, podemos lograr consensos para cambiar las reglas del juego básicas: la Constitución. Bolivia ha debido superar obstáculos particulares para constituirse como nación –primordialmente su diversidad étnica y geográfica– pero actualmente pueden ser superados: frente a la diversidad étnica original hoy prima el mestizaje, y la integración física y la organización descentralizada deben permitir desarrollos regionales diversificados, complementarios y orientados a la economía global.

Desde ya es un error definir a los recursos naturales como “estratégicos”: ¿que el Estado los aproveche sería la manera de superar el extractivismo o más bien lo incentiva? La experiencia mundial demuestra que éste no es el camino sino las instituciones “inclusivas”: la igualdad de oportunidades para que tod@s aprovechen al máximo su potencial humano, no los recursos naturales.

El caso de China, cuyo ingreso por habitante en 1990 alcanzaba a sólo el 85% del nuestro (Maddison 2023) y hoy ya ha superado al país más rico del mundo, EEUU, que “nunca más volverá a alcanzarla” (Krugman P. El Economista 2025/10/17), es el más elocuente: lo que funciona es el capitalismo, la competencia con igualdad de oportunidades entre empresas y entre recursos humanos. Basta de creer en utopías como las “cooperativas”: en Bolivia los cooperativistas representan sólo el 0,2% de la población ocupada (Censo 2024) y los demás son sus peones, sin beneficios y con grandes riesgos de muerte. O en el retorno a la comunidad primitiva: las instituciones de la comunidad campesina son muy valiosas para proveerse de bienes públicos, no privados.

Lo que se tiene que garantizar es que tod@s l@s bolivian@s tengan igualdad de oportunidades para competir sobre la base del conocimiento. Y no sólo garantizar las propiedades privada y pública –el medioambiente–, y en la privada, también la intelectual –la más valiosa– sino instaurar la competencia también en el cuidado y formación de recursos humanos. Ello no significa privatizar servicios, sino que haya subsidios para que tod@s puedan recurrir alternativamente a establecimientos privados de salud y educación, y que éstos compitan entre sí.

Iván Finot es economista, especializado en descentralización y desarrollo.