¿Se abre una oportunidad para dejar atrás el extractivismo?

Según la encuesta realizada recientemente para el canal Unitel, si las elecciones fueran ahora el binomio Quiroga - Velasco ganaría la presidencia. Ello se puede explicar con lo que me dice mi amiga Claudina, miembro de una comunidad cercana al lago Titicaca: allí se había decidido votar por el binomio Paz – Lara porque el candidato a la vicepresidencia había visitado el pueblo cercano y les había caído bien. Pero después muchos –ella incluida- se asustaron con las declaraciones de este candidato cuando ganó y en la comunidad se decidió que en las nuevas elecciones cada un@ vote por el binomio que prefiera.

Y si esto está ocurriendo en otras las comunidades sería una gran novedad, porque entre los campesinos –incluidos los colonizadores, ahora denominados “multiculturales”– en todas las elecciones, desde aquellas referidas a la directiva de la comunidad y a su representante en la subcentral, después de discutir en asamblea sobre los méritos y obligaciones de cada uno de los candidatos, se decide por consenso quién ocupará cada puesto. Y así sucesivamente en las subcentrales, en las centrales y en las federaciones, hasta llegar a la confederación. Se trata de procedimientos democráticos regidos por normas seculares, aún informales, pero con plena vigencia efectiva.

Lo mismo sucede cuando se trata de votar en elecciones nacionales o de las autonomías, o de responder a un referéndum: en las comunidades se evalúa a los candidatos, o cada pregunta en el segundo caso. Se toma en cuenta las recomendaciones de los niveles superiores, pero se decide autónomamente y por consenso cómo será el voto de sus miembros. Pero en el caso de estas elecciones finalmente el voto es individual y secreto, y no faltan quienes, al no haber convencido a los demás de sus puntos de vista, votan diferente. Para las próximas elecciones, por primera vez en la historia, ¿se habría decidido, también por consenso y siguiendo una indicación del jefe histórico del MAS -integrado básicamente por comunidades- que cada un@ vote según su preferencia personal?

Discutir y tomar decisiones por consenso también es característico de las organizaciones corporativas en que se organiza la mayor parte de la población, incluidos los denominados “informales”, la gran mayoría. Ahora bien: tomar decisiones siguiendo este procedimiento puede ser muy conveniente para lo que se refiere al funcionamiento interno de cada organización social, pero no cuando se trata de conformar organizaciones estatales. Y parece que en esta oportunidad se decidirá, en muchas de ellas, dejar a cada miembro en libertad de votar por el binomio que prefiera, que es como debe funcionar la democracia no clientelista.

Y si, gracias a estas decisiones, Libre ganara las elecciones presidenciales, se presentará una gran oportunidad para empezar a dejar atrás el extractivismo y el rentismo, es decir, sentar las bases para desarrollarnos. Quiroga se está comprometiendo a que hasta el 62% del gasto público corresponda a las autonomías, pero esto es posible aumentando el rentismo o comenzando a reducirlo. Ocurriría lo primero si la mayor parte de los recursos de las autonomías siguiera consistiendo en rentas provenientes de los recursos naturales no renovables y de transferencias que no tienen nada que ver con los aportes de los ciudadanos a sus respectivas autonomías. Y lo segundo, si se determinara que la asignación de recursos fuera totalmente subsidiaria en relación a las decisiones que adopten los ciudadanos para progresar, incluyendo sus aportes –impuestos y contribuciones– a sus autonomías.

La recaudación propia está contemplada en el programa de Libre para la redistribución de recursos, y este es un gran acierto. Pero lo decisivo para empezar a salir del extractivismo es que ésta sea la condición “sine qua non” para recibir transferencias destinadas a proveerse de bienes territoriales, es decir, principalmente, de infraestructura económica de transporte, servicios y riego. Los habitantes de cada autonomía deben decidir al respecto a través del voto sobre programas que incluyan cuánto aportarán para este objetivo, y las transferencias ser estrictamente subsidiarias respecto a estas decisiones subnacionales.

¿Cómo garantizar equidad, cuando unas autonomías pueden recaudar muchos más recursos propios que otras? –Según ya he propuesto en anteriores oportunidades, en lo fundamental midiendo estas recaudaciones no en términos absolutos sino relativos: en función del nivel de pobreza de cada circunscripción, siendo un buen indicador de ella el nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas que proporcionan los Censos Nacionales de Población y Vivienda. Y a este indicador debe añadirse otros, como la carencia de infraestructura económica en relación con la respectiva superficie.

Lo fundamental es garantizar equidad. Y también deben ser incluidas por ley, como recaudaciones locales, las contribuciones en trabajo, especie y dinero que realizan los habitantes de áreas rurales, y periféricas de las ciudades, para proveerse de bienes públicos. Estimaciones realizadas en otros países y también en Bolivia demuestran que los “esfuerzos fiscales” de las poblaciones pobres son mucho mayores que los de aquellas relativamente ricas y por tanto recibirían mucho más en transferencias por habitante que las poblaciones de mayores ingresos.

El financiamiento de las autonomías departamentales y el progreso de las regiones ya no debe depender de la casualidad de que haya -y se explote- recursos naturales de su subsuelo y de sus variables precios internacionales, sino de los aportes de sus ciudadanos y de transferencias de total libre disponibilidad proporcionales a estos aportes. Para hacer efectivas esas autonomías se debe partir por establecer con impuestos departamentales relacionados con los ingresos de sus ciudadanos.

Pero, por otro lado, según lo demuestro en Finot I. 2001 (CEPAL), no es lo mismo financiar infraestructura económica para el desarrollo económico que bienes sociales, como salud y educación, diferenciación que no se hace en los programas de los candidatos. En este segundo caso lo más conveniente actualmente es que las transferencias del Estado en su conjunto sean también subsidiarias, pero ya no respecto a las decisiones de organizaciones públicas sino de las familias.

La manera tradicional de que tod@s tengan acceso a salud y educación ha sido proveer estos servicios gratuitamente. Y también en Bolivia: con ello, y con subsidios, se ha logrado elevados niveles de alfabetización y escolarización, y aumentar los niveles de atención médica. Pero ahora hay que progresar en términos de calidad pues hay consenso en que ésta es muy baja. Y se puede obtener mucho mejores resultados gastando lo mismo si estos servicios son provistos por establecimientos independientes, públicos o privados sin fines de lucro, que puedan decidir libremente cómo producir y con qué insumos –incluido personal– y cuenten con financiamiento suficiente para proveer estos servicios, y que las familias puedan decidir a qué establecimiento acudir.

No se trata de eliminar los establecimientos públicos sino de que éstos tengan plena autonomía y compitan con establecimientos privados. Que los estudiantes sean admitidos en éstos si aprueban el respectivo examen, independientemente del nivel de ingreso de sus padres y que el Estado subsidie a las familias para este fin inversamente al respectivo nivel de ingresos. Y hacer algo similar en el caso de los servicios de salud: que los pacientes no tengan que hacer colas y puedan escoger libremente dónde ser atendidos, incluidos establecimientos como Prosalud, contando también con subsidios inversamente proporcionales a su respectivo nivel de ingreso para poder pagar el correspondiente servicio. Experiencias internacionales demuestran los beneficios de esta forma de financiar los servicios sociales.

Sólo si las transferencias territoriales y sociales son subsidiarias con relación a los aportes ciudadanos empezaremos a superar el rentismo y a sentar las bases para reemplazar el extractivismo –dominante durante toda nuestra historia y que siempre ha beneficiado a minorías– por un desarrollo basado en la educación y la innovación, donde tod@s tengan igualdad de oportunidades para progresar, y que Bolivia al fin salga del atraso.

Iván Finot es MSc en Economía, fue experto principal de la CEPAL en descentralización de 1994 a 2007.