La corrupción en Bolivia

La corrupción es el principal problema que debemos superar para poder desarrollarnos. En efecto, si bien para lograrlo es importante contar con reglas del juego adecuadas a nuestra realidad que estimulen la inversión, la adquisición de conocimientos y la innovación, lo decisivo es contar con un Estado fuerte que las haga cumplir. Y lo opuesto a un Estado fuerte es uno dominado por la corrupción, como es actualmente el de nuestro país.

Si bien este mal ha llegado a tal extremo que actualmente hemos sido clasificados como el segundo país más corrupto del mundo (World Justice Project 2025) y los bolivianos lo consideramos el segundo tema más preocupante (Unitel 2025/06/01), no es un problema nuevo, es endémico, y es imprescindible que erradicarlo sea una política de Estado: que ningún gobernante o funcionario, tanto nacional como de las autonomías, la pueda evadir.

La corrupción empieza con el clientelismo: es normal que los que lleguen al gobierno deseen designar en los cargos públicos a personas de su confianza y que estos cargos sean premios a quienes participaron en conseguirlo. Pero la experiencia mundial demuestra que para que un país se desarrolle su Estado debe responder primordialmente a los intereses generales y para ello es imprescindible instaurar la meritocracia, es decir, que, salvo en el caso de los colaboradores más directos, todos los demás cargos públicos sean desempeñados imparcialmente por los más capaces. Como en la ONU, los empleados públicos deben ingresar a sus cargos con exámenes de competencia, sus contratos ser de corta duración, su desempeño evaluado anualmente y los mejores, ascendidos y a los que no se desempeñen satisfactoriamente, no renovarles los contratos. Y la corrupción tiene que ser severamente castigada con largos años de cárcel.

La corrupción puede ser de dos tipos: política o administrativa. Política, en beneficio de los políticos -en función de gobierno actual o posible- y ejercida por quienes deciden grandes gastos, o administrativa, por acelerar o evitar trámites o sanciones, ejercida por funcionarios de menor rango.

En nuestro país tradicionalmente quienes asumen el poder han tendido a designar como funcionarios públicos, en parte como premio, a gente de su confianza. Y el premio era doble: además del sueldo y los beneficios sociales mientras dure el cargo, lo que estos funcionarios obtuvieran como “coimisión”. En el siglo pasado cobraban el 10%: 5% sobre el valor del contrato para el partido en el gobierno -o directamente para el gobernante- y 5% para el funcionario. Y si había dos partidos gobernantes, 15%.

Esta es la típica corrupción política y es sabido que actualmente no sólo se la sigue practicando sino se ha amplificado con el estatismo. No sólo es frecuente en las dependencias del gobierno central sino está casi generalizada en los de las autonomías subnacionales, en parte gracias a que éstos perciben transferencias y regalías que llegan como regalos.

Y también es endémica la corrupción administrativa. Por ejemplo, es sabido que cuando se trata de registrar operaciones con y en bienes raíces, los trámites salen rápidamente si los funcionarios que hacen los registros perciben determinada suma -mayor si lo que se les requiere es ilegal- o se demoran indefinidamente si no se hace tal aporte. Y ¿por qué hay que pagar sobornos para que los jóvenes sean admitidos en la Academia de Policías? - Porque, además de que contarán con un empleo permanente y jubilación, percibirán coimas, directamente o, cuando asciendan, un porcentaje de las cobradas por sus inferiores.

Para eliminar la corrupción se requiere, para empezar, que no puedan aprovecharse de ella futuros o actuales gobernantes. Felizmente en América Latina esto se está empezando a conseguir gracias a que en Estados Unidos lavar dinero es delito y un gran empresario brasileño apresado por este motivo, denunció que financiaba campañas de políticos latinoamericanos a cambio de contratos por obras públicas. Y, por ejemplo, en Perú, gracias a esas denuncias están presos los últimos presidentes.

El nuevo gobierno debe proponer una política de Estado eficaz en contra de la corrupción: si lo hace, sin duda, estará de acuerdo con este propósito más de dos tercios del Legislativo. Y ya que está infiltrada en todos los órganos y en todos los niveles, para erradicarla se debería considerar contar con el apoyo de la ONU –como lo hizo Guatemala–, puesto que de ello depende el desarrollo del país.

Iván Finot es MSc en Economía, especializado en Desarrollo y Descentralización. Fue funcionario de CEPAL-ONU de 1994 a 2007.