En circunstancias en las que la pandemia de las encuestas de intención de voto nos está enfermando por dar pie para que, por un lado, los presuntos acuerdistas de la oposición se pongan los cuernos sin medida ni clemencia y, por el otro lado, los principales rivales del oficialismo muestran diariamente su total desprecio a la realidad creyéndose capaces de liderar sus respectivas candidaturas presidenciales, suceden hechos que muy bien podría ser registrados en los récords de Guinness.
Uno de ellos es la decisión del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro exigiendo a sus colegas de Oruro, el país y corresponsales de la prensa internacional su acreditación ante ese organismo para cubrir el famoso Carnaval de Oruro, patrimonio de la Humanidad.
Para el efecto, emitieron un comunicado en el que establecen los requisitos para obtener dicha acreditación, que más parece una requisitoria tributaria: 1. Nota de solicitud. 2. Certificado “actual y original” del medio de comunicación en el que el interesado trabaja. 3. Credencial institucional de periodista y/o fotoperiodista en vigencia. 4. Foto con “fondo blanco” 4x4 (digital). 5. Certificado de asistencia a los seminarios de capacitación planificada (que organiza el mismo sindicato). 6. Cancelar Bs 20, los periodistas locales, Bs 130 los nacionales y Bs 230 los internacionales. 7. Fecha de entrega de la documentación exigida.
De acuerdo al sindicato, esa acreditación y pago sirven para que los periodistas puedan desplazarse sin restricciones en los espacios destinados a ellos, donde hay seguridad privada, la entrega de material sobre el Carnaval, un seguro privado de vida, un “souvenir” y participar en cuatro seminarios de capacitación.
Según los afectados y las organizaciones nacionales, se trata de un exacción sindical que data de varios años atrás, pero que en el último se incrementaron groseramente, y los reclamos que hicieron llegar al propio sindicato y a las instituciones que organizan ese Carnaval no fueron atendidos, razón por la que la entidades nacionales del gremio decidieron tomar cartas en el asunto y anunciar que todos los periodistas estaban en libertad de cubrir el evento, sólo munidos de sus credenciales de trabajo y solicitaron al gobierno garantizar la seguridad de los colegas.
La reacción de los dirigentes del sindicato, a los que se unieron los responsables del Carnaval y de las otras organizaciones departamentales del gremio, fue mantener la instructiva y, como el “cherry” en la torta, declararon persona no grata a la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, y propusieron el desconocimiento del secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia.
Presumo, sin temor a equivocación, que los dirigentes de los periodistas orureños han debido firmar innumerables documentos en defensa de la libertad de información, de expresión y de prensa, y participar en todas las marchas de protesta del gremio en contra de medidas que coartan esas básicas libertades, por un lado. Por otro, que si bien han debido firmar otra cantidad innumerable de pronunciamientos en defensa de la Ley de Imprenta, no la han leído y, si lo han hecho, no la han entendido. Esto, porque cuando se trata “business”, borran con el codo lo que han escrito con la mano.
La moraleja es clara. Estamos tan atentos a lo que sucede en el país y en el mundo –aventurándonos, además, a sentar opiniones solemnes y taxativas–, que nos olvidamos de ver qué pasa en nuestros lares.
Bien nos vendría reflexionar y debatir sobre ello y rogar que los responsables de los récords de Guinness no se enteren de hechos como el que se reseña y se queden contentos con las bandas folklóricas del Carnaval de Oruro.