¿A todos según sus méritos? Debate sobre racismo

En el último artículo que publiqué en Brújula Digital propuse continuar el “empoderamiento indígena” como una medida, entre otras, para vencer el racismo estructural que padece el país. El profesor universitario Antonio Saravia criticó en Twitter esta idea con el siguiente argumento: El empoderamiento indígena es “inmoral porque implica aplicar la justicia en base al color de piel o el origen étnico de la gente en lugar de los méritos”. Contesté a Saravia en las redes sociales, pero ahora lo haré formalmente en este artículo, dando inicio a un intercambio pactado con él y con el director de este medio. Cada duelista tendrá dos “tiros”. He pedido y acordado debatir con Saravia por escrito, pese a las sugerencias e invitaciones para hacerlo de forma oral, porque prefiero la precisión que los aspavientos y pretendo aclarar conceptos para los lectores antes que ganarle a mi contendor.

Partamos, como siempre se aconseja, de la realidad. Usemos el concepto weberiano de “posiciones de clase” o tipos de ocupación productiva. Y preguntémonos: ¿cuáles posiciones de clase ocupan los indígenas en Bolivia? ¿Ocupan acaso las posiciones superiores de la economía, como la propiedad y la dirección de los bancos, las grandes empresas industriales, comerciales y de servicios? ¿U otras también muy destacadas como las de abogados corporativos, dueños de clínicas y universidades privadas, rectores y profesores de las mismas, dueños de periódicos y canales de televisión, etc.? Creo que todos coincidiremos en que la respuesta es no.  

Es verdad que existen indígenas ricos en Bolivia, pero también que todos ellos han logrado acumular su riqueza ocupando posiciones de clase simples, que no requieren demasiada educación ni estatus, y en muchos casos son informales: principalmente el comercio nacional e internacional y la compra-venta de bienes inmuebles.

Ahora preguntémonos cuáles son las posiciones de clase que ocupan los blancos bolivianos. ¿Se encargan del trabajo doméstico?, ¿de la albañilería?, ¿de la jardinería?, ¿trabajan en las empresas de limpieza, recogen la basura?, ¿son meseros, lavaplatos, cuidadores de autos? Las respuestas a estas preguntas son que no o que muy raramente.

Llegado a este punto, quiero preguntarle a Antonio Saravia si piensa que esta división del trabajo es justa o injusta, moral o inmoral. Quisiera que evitara salirse por la tangente y que respondiera concretamente a tal cuestión: ¿Es la división del trabajo étnico-racial que hay en Bolivia justa o injusta, moral o inmoral?

Si Saravia respondiera que es justa y moral, esto significaría, de acuerdo a su concepción, que los indígenas no tienen méritos para hacer otras cosas que las que hacen. Claro está, esta opinión sería racista.

Si Saravia respondiera que la división de trabajo entre indígenas y no-indígenas es injusta y es inmoral, esto significaría que los indígenas tienen méritos para ocupar cualquier posición de clase, pero no lo logran en la vida real. Lo que nos llevaría a preguntarnos por qué. Por lógica, la respuesta debe postular la existencia de un “factor X” que se los impide.

Podemos llamar a este factor “ordenamiento social”, “estructura social”, “herencia histórica colonial”, “jerarquía étnico-racial” o cualquier cosa parecida.

Ya sabemos que Saravia piensa que la justicia y la moralidad exigen que se reparta y obtenga de acuerdo al mérito. Pues bien, si acepta que el factor X impide que los indígenas bolivianos obtengan y reciban de acuerdo a sus méritos, entonces debe llegar –y no tiene otra opción que llegar– a la conclusión de que este factor X cumple un papel racista.

Por tanto, en Bolivia no solo hay racistas, que los hay; también existe un factor X racista que concede privilegios a quienes la sociedad racializa como blancos (a partir de elementos como el fenotipo, el tipo de cultura, el apellido, etc.) y que, al mismo tiempo, interpone obstáculos ante quienes la sociedad racializa como indígenas (a partir de los mismos indicios). Se trata, sin duda, de un factor X injusto e inmoral.

La existencia de este factor implica que Bolivia no es una sociedad liberal sino una sociedad postcolonial. En una sociedad de este tipo no se puede aplicar el axioma liberal igualitario: a cada quien según sus méritos. Quien lo haga, como Saravia, no estará proponiendo un baremo de justicia y moralidad, sino que estará pasando por alto la necesidad de corregir el racismo estructural.

Para quienes son privilegiados por el racismo estructural resulta muy conveniente reducir el racismo a hechos ocasionales cometidos por unos cuantos desubicados. Otra cosa los llevaría a cuestionar las raíces históricas, económicas, políticas y educativas de su propio privilegio. Desgraciadamente, esto es algo que los blancos no han hecho nunca. No solo han actuado como clases dominantes, sino también como una élite étnico-racial o “señorial”, es decir, han procurado la subordinación de los indígenas en la economía, la política y, sobre todo, la vida cotidiana. Han sumado, así, su racismo subjetivo al racismo objetivo del sistema heredado.

Una de las formas de este comportamiento señorial es negar el sufrimiento de los indígenas en una sociedad estructuralmente racista. Este negacionismo puede presentar aspectos muy diversos: puede vestirse de ciencia, de casuística, incluso de igualitarismo. Resulta otra forma de invisibilizar y de darle la espalda a los indígenas. Por eso el negacionismo es el “grado cero” del racismo.

Fernando Molina es periodista, autor de “Racismo y poder en Bolivia”.