Tráfico de valores

Cada vez que veo en las gasolineras las largas filas de camiones, autobuses o volquetas esperando que llegue la cisterna para descargar diésel, me acuerdo de la experiencia que tuve hace un par de años cuando viajé a Perú por tierra, en una “flota” de las que todos los días cruzan la frontera del vecino país.

Apenas pasamos los controles de aduana en Desaguadero, el chofer paró en un taller de mecánica y desde la ventana pude ver cómo colocaban una manguera y vaciaban el contenido del tanque en turriles. Seguramente dejaron en la reserva el combustible mínimo para que pudiera regresar desde Puno a territorio boliviano. No sé si ese vehículo con pasajeros tenía un doble tanque con más capacidad, pero sí estoy seguro de que no era la primera vez que hacía contrabando de diésel. Todo estaba meticulosamente organizado y en menos de diez minutos ordeñaron el combustible de la flota. Ningún pasajero rechistó, probablemente todos ya acostumbrados a esas prácticas dolosas que yo atestiguaba por primera vez

Hagamos el cálculo de lo que representa en cantidad de litros esa práctica, si todas las flotas hacen lo mismo (y seguramente lo hacen). Estos buses atraviesan la frontera cada día, de modo que el contrabando es permanente y como nadie controla cuando regresan a Bolivia, los buses hacen de nuevo la fila de diésel y otra vez se lo llevan de regreso a Perú o a Chile, paradójicamente a los países donde compramos el carburante a un precio tres veces más alto.

He descrito la experiencia de la frontera peruana porque me consta, pero indudablemente muchos camiones y toda suerte de vehículos, compran combustible a precios subvencionados y lo vacían en depósitos clandestinos en El Alto (como la policía ha descubierto varias veces) en cualquier otra ciudad donde las autoridades no tienen capacidad de controlar. Ya sabemos que en Caranavi, en Challapata, y en muchísimos otros pueblos, las gasolineras venden combustible a vehículos chutos sin placas, o con placas falsas, algo contrario a las disposiciones legales (que nadie respeta).

En estos tiempos de nuevas tecnologías existe software que debería estar instalado en la red de distribución de combustible de YPFB o ANH, no solamente para registrar el número de placa y la licencia de conducir del responsable del vehículo, sino también para anotar el kilometraje y determinar si realmente se ha usado el carburante comprado anteriormente. No debería ser tan difícil hacer eso.

Lamentablemente, todo lo anterior parece una exigencia exquisita e injusta frente a las revelaciones sobre Botrading, la empresa fantasma montada por ejecutivos de YPFB para enriquecerse mediante compras de combustible con sobreprecio a través de ese mecanismo fraudulento. Ese hecho de corrupción de decenas de millones de dólares, que involucra a Armin Dorgathen, expresidente de YPFB, a varios altos ejecutivos de la más importante empresa estatal, a una joven abogada paraguaya que sirvió de “palo blanco”, y al parecer también a un hijo del presidente Arce Catacora, constituye un precedente nefasto y un insólito caso de notoriedad que se suma a centenares de hechos de corrupción propiciados durante las dos décadas de gobiernos del MAS.

 “Botrading es un cascarón vacío”, a través del cual se incurrió en pagos sin contrato, sobreprecio y tratos privilegiados, afirmaron los legisladores que llevaron adelante la investigación: Carlos Alarcón, Tatiana Añez y Enrique Urquidi.

En nuestro país todos los que encuentran una oportunidad para hacer trampa, la hacen. Yo no pongo mi mano al fuego por nadie. La decadencia de valores ha sido tan acentuada en los veinte años del MAS, que en cualquier sector de actividad del Estado los funcionarios de mayor o de menor rango usan su efímero poder para enriquecerse rápidamente aprovechando el menor resquicio burocrático para sacar ventaja ilegalmente, y lo peor de todo es que lo hacen con el sentimiento de que al engañar al país están haciendo algo bien y de que son más vivos que todos los demás. Ojo: esto sucede con la complicidad de los empresarios privados, que no son de ninguna manera angelitos pulcros y pintados de blanco.

Cuando la viveza criolla se generaliza de tal manera que engloba a toda la sociedad, el país pierde. No solamente pierde en términos económicos, sobre todo pierde en términos de ética y de moral. El mal ejemplo de los líderes políticos y empresariales ha cundido como un virus infeccioso, de tal manera que en cualquier estrato de la sociedad, incluso en los espacios donde el factor económico es secundario o ínfimo por su volumen, el engaño se ha instalado también como un antivalor que se practica con entusiasmo.

El tráfico de combustible, al igual que cualquier otra forma de corrupción, cuenta con una red de complicidad muy amplia. Los que expenden gasolina en los surtidores son igualmente culpables de mirar a otro lado y de no ser más estrictos, al igual que quienes conducen cisternas, o los que mezclan la gasolina con productos de baja calidad que dañan los motores de los vehículos, o los contrabandistas que trafican a países fronterizos el carburante subvencionado o quienes lo acopian clandestinamente en tanques y turriles para especular.

Quizás el siguiente gobierno pueda mejorar los controles y establecer precios reales para limitar el daño económico que se hace a Bolivia, pero no podrá recuperar durante muchos años los valores éticos que ya hemos perdido y revertir la manera de vivir haciendo trampa y de anclar al país en el engaño. Los valores humanos han sido malversados y los comportamientos corruptos ya son parte del tejido social que hemos heredado del MAS, y por ello no es casual la conducta del primer mandatario de la nación y de toda su familia.

@AlfonsoGumucio es escritor y cineasta