SIlala y Nolala

Nunca llegué hasta la región del Silala, pero puedo presumir que mi interacción con la problemática de esas aguas es de larga data.

El año 2009, con Gonzalo Mendieta, publicamos en el extinto Semanario Pulso, un ensayo sobre el alcance del “Preacuerdo del Silala”, todavía accesible pinchando en Radiografía del Preacuerdo. 

Más recientemente, en víspera del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), los mismos autores anticipamos su análisis en el suplemento Ideas de Página Siete, a disposición del lector en mi blog (Por las frías aguas del Silala).

Conocido el fallo, puede ser útil reflexionar sobre lo que NO hay que hacer y lo que SÍ se puede y debería hacerse en torno a esa temática, como complemento del análisis “racional y equitativo” de la sentencia que ha realizado Gonzalo Mendieta hace una semana en este mismo espacio.

La controversia del Silala nos enseña, en primer lugar, que NO hay que condicionar la política exterior a teorías anticientíficas, que luego obligan a dar volteretas vergonzosas. Informarse, estudiar, analizar y discernir todas las aristas del conflicto es siempre preferible a abrir la boca para lanzar bravuconadas.

En segundo lugar, ya es hora de que, como país del siglo XXI, digamos NO a ciertos mitos (“políticas de Estado”, les dicen) nacionalistas, provincianos y victimistas, en particular a la política del “todo o nada”, que nos ha dejado en general con nada.

En tercer lugar, NO hay que olvidar que las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas del único pelo que nos ofrecen. Tuvimos una primera oportunidad en 2009 para negociar una solución favorable para el país y la dejamos escapar. Tuvimos, el año 2019, una segunda oportunidad de llegar a un arreglo extrajudicial sobre la base de una propuesta chilena que, aun en tono leonino, era susceptible de mejoras suficientes para ahorrarnos tiempo, dinero y papelones en la CIJ. Los tres gobiernos que se sucedieron entre junio de 2019 hasta la fecha de la sentencia tienen su parte de responsabilidad al respecto.

La verdad es que NO podemos seguir con la política de eludir los problemas sin aplicar la razón de Estado ante disensos locales y preferir, en su lugar, que “desde arriba” se nos diga qué hacer. La consigna de “gobernar obedeciendo” no es más que un conveniente eslogan al que se recurre cuando no se quiere obrar y soberanía es también asumir responsabilidades de gobierno sin refugiarse en dictámenes externos con la excusa de que son de “cumplimiento obligatorio”.

Vamos a lo que SÍ nos sugiere la controversia del Silala.

Tenemos más conflictos de aguas fronterizas en las dizque 14 cuencas hídricas que compartimos con Chile. Eso SÍ nos sugiere que creemos una instancia binacional para monitorear esos sistemas y proponer soluciones a los eventuales conflictos; la misma tarea de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca (si funciona aún). Más que una DIREMAR, necesitamos una DIRERIOS.

Además, SÍ debemos abandonar la lógica binaria (amigo/enemigo) que suele guiar nuestras relaciones exteriores y que tanta vergüenza nos hace pasar en el ámbito internacional. De hecho, no solo con Chile tenemos problemas de ríos comunes: Perú, para abastecer a Tacna, ha desviado las aguas de un río (Uchusuma) que muere (textualmente) en Bolivia. Mi denuncia Soberanía no rima con Cancillería, publicada el año 2019, nunca fue respondida.

Finalmente, el fallo SÍ permite a Bolivia realizar, con la ayuda de científicos y expertos, un manejo racional de los bofedales del Silala y determinar el flujo “ideal” de la corriente de agua, bajo el principio de que la sostenibilidad de ese ecosistema hídrico está primero que el interés de los que especulan sobre su aprovechamiento.