La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) acaba de organizar una “cumbre energética” de tres días en Santa Cruz con tres ejes: hidrocarburos, generación eléctrica y economía del litio, un elemento esencial de las baterías eléctricas.
El contenido del evento fue esencialmente técnico y científico, acorde al nivel de la asistencia. Hubo disertantes nacionales y extranjeros, autoridades del sector y analistas, cuyas ponencias están disponibles en el Facebook de la SIB-Santa Cruz.
Desde la inauguración se escuchó el “lamento” acerca del manejo de los hidrocarburos por parte de los gobiernos del MAS a partir de la aprobación de la ley 3058 hasta el colapso actual del sector.
Rescato la mordaz intervención del Gobernador de Santa Cruz ante un viceministro que no dejaba de asentir, y la contundente presentación de la Fundación Jubileo que dejó en la concurrencia una mezcla de rabia por el pasado derrochado y de dudas por el futuro de esa importante fuente de ingresos y de energía.
Intervino fugazmente, casi al final de la cumbre, el presidente de YPFB: además de unirse al coro griego de lamentos por las oportunidades perdidas (“pero, yo no fui”, precisó) y de deslindar su responsabilidad en torno a la crisis crónica de los combustibles líquidos (“YPFB no maneja dólares”), mostró un desbordante optimismo por el pozo Mayaya, del cual se logró extraer valiosa información para eventuales futuras exploraciones, pero no hidrocarburos.
El día dedicado a las energías renovables (agua, sol y viento) fue más apacible, aunque no pasó desapercebido el riesgo de una subida impactante (180%) de las tarifas eléctricas cuando el país (y Santa Cruz en particular) tenga que importar gas natural para las termoeléctricas. Varios proyectos hidroeléctricos, que están muy retrasados por varias razones (incluso por corrupción), podrían mitigar la crisis que se avecina. En todo caso hubo unanimidad en exigir normas que garanticen una mayor participación del capital privado en la urgente transición energética del país.
El último día, gracias a la intervención de profesionales de Bolivia, Chile y Argentina, el lamento se trasladó al litio: quedó claro que la tecnología de extracción directa (EDL) es la más apropiada a los salares bolivianos, que siguen siendo sobrevalorados.
En cuanto a los modelos de explotación, existen dos corrientes en el Triángulo del Litio: la de Argentina que, por intermedio de sus provincias ha concesionado a diferentes empresas privadas incluso un mismo salar, recaudando importantes impuestos a las utilidades, y la de Chile y Bolivia que, con marcadas diferencias, ejercen un dominio directo sobre ese recurso “estratégico”, aunque en asociación con empresas privadas. En este último caso, el énfasis está en las regalías y en la participación en las utilidades.
Sin embargo, mientras en Bolivia carecemos de una Ley del Litio, Chile tiene aprobada una Estrategia Nacional, sobre cuya base renegoció los contratos, fijando, en función del precio internacional, las regalías desde 6,8% hasta un 40%. Para no despertar el apetito potosino, aclararé que el costo de producción de una tonelada de litio en el Salar de Atacama no llega a cuatro mil dólares, mientras en Uyuni es tres veces mayor.
En todo caso, la realidad es que las nuevas inversiones se están dirigiendo hacia la Argentina, por el tamaño de sus recursos evaporíticos y por el clima favorable de negocios.
Finalmente, hubo consenso en que en los próximos 10 años no asistiremos a una subida espectacular del precio del carbonato de litio, lo que deja inviabilizados económicamente, al margen de los riesgos ambientales y sociales, los contratos que esperan la aprobación de la Asamblea Legislativa.