Rumbo a Minamata, con muy poco

La narrativa que rodea a la política minera y ambiental de Bolivia, en particular en lo que respecta al uso descontrolado del mercurio en la explotación artesanal del oro, ha tomado una extraña forma. Se ha convertido en una suerte de realismo mágico, en el que la falta de coordinación gubernamental y la endémica inoperancia de la Cancillería boliviana en los últimos tres años se revelan de manera impactante.

En las aguas de la Amazonía en Pando, el Beni y el norte de La Paz, las barcazas han proliferado en pocos años y más del 90% operan ilegalmente. En esa paradisiaca región, el mercurio se emplea sin restricciones, envenenando las aguas de los ríos Madre de Dios y Beni. Esta acción provoca estragos en la biodiversidad y, en última instancia, amenaza la salud de las comunidades locales y de aquellos que dependen de los ríos para sobrevivir.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha catalogado el mercurio como una sustancia química altamente tóxica con efectos irreversibles. Sin embargo, este conocimiento científico choca de manera inquietante con una realidad en la que la inoperancia gubernamental parece paradójicamente normal.

Estudios llevados a cabo por el Cedib, Contiocap y el Laboratorio de Toxicología de la Universidad de Cartagena han desvelado que el 74.5% de la población local en la región de los ríos se encuentra afectada por la exposición al mercurio. 

Las voces de los indígenas en la región se alzan, denunciando la falta de atención gubernamental y la discriminación que enfrentan por parte de un gobierno que se presenta como defensor del medio ambiente y de los derechos indígenas, pero que a menudo elige mirar hacia otro lado frente al poderío de la extracción de recursos.

El próximo paso en esta lucha desigual es a Suiza a la quinta reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de Minamata sobre el Mercurio del que somos parte y que está programado para el 30 de octubre al 3 de noviembre. 

Bolivia debe responder a los compromisos adoptados, como la eliminación de la amalgamación del mineral en bruto, la quema expuesta de la amalgama y la lixiviación de minerales en sedimentos.

Sin embargo, el país parece llegar a este compromiso internacional con las manos casi vacías y sin una postura clara. Mientras tanto, el mercurio sigue causando estragos en poblaciones cercanas y lejanas a los ríos amazónicos. Incluso lugares paradisíacos al norte de La Paz, como el río Tuichi, han caído víctimas de la contaminación.

Bolivia se unió al Convenio de Minamata en 2016, y el acuerdo se hizo efectivo para el país en 2017. A pesar de los compromisos internacionales, los esfuerzos por reducir el uso indiscriminado del mercurio parecen haberse perdido en la bruma de las promesas vacías.

La falta de coordinación y la negligencia se manifiestan a niveles ministeriales. El ministro de Medio Ambiente y Aguas, Rubén Méndez Estrada, ha demostrado una comprensión cuestionable de los peligros del mercurio. Esto se puso de manifiesto en su desafortunada mención de que jugaba con el mercurio de niño para demostrar su falta de toxicidad, lo que provocó críticas generalizadas. Tuvo que rectificar.

El gobierno ha intentado abordar la problemática de la importación de mercurio mediante un registro de importadores, cuando gran parte de este metal ingresa al país de manera clandestina, lo que escapa a cualquier control efectivo.

Bolivia se encuentra entre los principales importadores de mercurio, un hecho que seguramente atraerá la atención internacional en Suiza, a pesar de la apurada puesta en marcha del Registro Único del Mercurio (RUME) que, posiblemente, no logre detener el contrabando y la contaminación.

La Cancillería, responsable de coordinar la posición del país y encabezar las delegaciones a reuniones internacionales, se encuentra desbordada y carece del personal necesario para llevar a cabo esta tarea crucial. La falta de recursos humanos competentes ha dejado al manejo de la política exterior de Bolivia en un estado de caos. En la vieja casona de Plaza Murillo nadie responde sobre el viaje a la reunión de Minamata.

Empero, el viaje debería ser una oportunidad para que Bolivia reevalúe su camino y tome medidas efectivas para abordar el problema del mercurio y la contaminación ambiental. Es imprescindible repensar la diplomacia y el enfoque gubernamental en asuntos internacionales. La política minera y ambiental del país no puede seguir siendo una historia de realismo mágico, sino una narrativa de acción y responsabilidad.