El último debate presidencial en Chile entre Jeannette Jara y José Antonio Kast dejó en evidencia un punto de coincidencia inquietante; más allá de los matices discursivos, ambos proyectos políticos asumen que la migración irregular debe reducirse drásticamente y que una parte significativa de las cerca de 330.000 personas en situación irregular deberá abandonar el país.
Las diferencias no están en el objetivo, sino en los medios, los plazos y –sobre todo– en los costos humanos y diplomáticos que cada uno está dispuesto a asumir.José Antonio Kast planteó la posición más dura. Rechazó cualquier proceso de regularización o empadronamiento y propuso una “invitación” a salir del país en un plazo de 92 días, bajo la advertencia de que quienes no lo hagan perderán acceso a salud, educación, transporte, contratos o cualquier prestación estatal.
En su lógica, el migrante irregular que intente realizar cualquier trámite será automáticamente identificado y “conminado” a salir. Tras ese plazo, la expulsión sería definitiva y la prohibición de reingreso, permanente.
Lo más delicado de su propuesta no es solo la expulsión masiva —logísticamente inviable, como recordó Jara al señalar que deportar 330.000 personas equivaldría a nueve años de un vuelo diario con cien expulsados— sino su tratamiento del vínculo familiar.
Kast relativizó el mandato reiterado de la Corte Suprema chilena que ha frenado expulsiones de padres de niños nacidos en Chile, afirmando que “legislativamente se pueden cambiar las cosas”. Su solución es cruda; los padres deberán decidir si se van con sus hijos o si los dejan, caso en el cual el Estado chileno “se hará cargo”. La familia, valor que dice resguardar, queda subordinada al objetivo político de expulsar.
Jeannette Jara, desde el oficialismo, defendió el empadronamiento como un paso mínimo de racionalidad estatal; saber quién está en Chile, dónde vive y en qué condiciones. Para ella, expulsar sin registro es una ilusión peligrosa.
Sin embargo, también dejó claro que el empadronamiento no garantiza regularización automática y que, una vez identificadas, muchas personas igualmente serían expulsadas. Incluso aludió a la necesidad de usar la diplomacia —y eventualmente presiones económicas— para que los países vecinos acepten la reconducción de migrantes.
Y es aquí donde el debate chileno deja de ser un asunto interno de debate electoral y toca directamente a los países vecinos y, claro, a Bolivia.El gobierno boliviano, bajo la gestión del presidente Luis Arce, aceptó formalmente la reconducción de migrantes irregulares desde Chile mediante acuerdos firmados por el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Acuerdos suscritos con sorprendente ligereza política y escasa coordinación institucional, mientras que del lado chileno la firma contó con la presencia de su Canciller, Alberto van Klaveren.
No es un detalle menor; en Bolivia, la política exterior volvió a manejarse desde despachos paralelos, profundizando un desorden que se arrastra desde hace años y que aún no se ha solucionado.
La pregunta es inevitable: ¿tiene Bolivia capacidad real para recibir una eventual ola migratoria derivada de este endurecimiento chileno? ¿Existen planes interinstitucionales, recursos logísticos, políticas de acogida o mecanismos de tránsito humanitario? ¿Se ha evaluado el impacto social, económico y de seguridad en las regiones fronterizas? Hasta ahora, no hay respuestas públicas claras y el turbión está próximo.
Bolivia atraviesa además un proceso lento y todavía incompleto de reorganización de su aparato diplomático. En ese contexto, enfrentar un escenario regional de expulsiones masivas exige algo más que buena voluntad; requiere conducción clara, coordinación plena y liderazgo institucional.
Será indispensable que el Canciller Fernando Aramayo asuma el control integral de la política exterior y revise, con rigor técnico y político, los compromisos internacionales asumidos.
Porque si Chile decide avanzar –con Kast o con Jara– hacia la salida forzada de decenas de miles de migrantes, Bolivia ya no podrá alegar sorpresa. La frontera está cerca, los acuerdos existen y el debate chileno ha sido explícito. Ignorarlo sería, esta vez, una irresponsabilidad que se pagaría muy caro.
Javier Viscarra es abogado, diplomático y periodista.
