En un momento en que la política exterior boliviana busca recuperar rumbo, profesionalismo y resultados, la Comunidad Andina (CAN) se confirma como el espacio de integración más sólido y útil para el país. No es solo una política heredada de 56 años de historia; es un instrumento vivo, moderno y con un potencial que Bolivia aún no ha aprovechado plenamente.
La CAN ofrece una zona de libre comercio con arancel cero, un beneficio que ningún otro acuerdo regional garantiza con tal grado de estabilidad. Los cuatro países del bloque han logrado un comercio externo que supera los $us 165 mil millones de, mientras que el intercambio intracomunitario rebasa los 9.000 millones anuales. Un dato estratégico destaca que el 82% de ese comercio corresponde a productos manufacturados. Para una economía como la boliviana -urgida de diversificación, empleo y valor agregado- este solo hecho debería bastar para colocar a la CAN en el centro de la política económica exterior.
Pero la importancia del bloque no se limita al comercio. La CAN ha logrado adelantarse a uno de los desafíos más graves de la región, la lucha contra el crimen organizado transnacional. Desde el asesinato de un candidato presidencial en Colombia hasta el avance de economías ilícitas, el tema dejó de ser coyuntural. El Plan de Acción Resolutivo, respaldado por la Decisión 922, prioriza 13 ámbitos: narcotráfico, operaciones conjuntas, minería ilegal, lavado de activos, intercambio de información, entre otros. Para Bolivia -inmersa en su propia crisis de seguridad- este espacio debería convertirse en un eje de trabajo urgente y sistemático.
A este escenario se suma un elemento imprescindible; la diplomacia digital. La relación con los países andinos ya no puede gestionarse con métodos analógicos. Se requieren plataformas para compartir datos en tiempo real, agilizar trámites, facilitar comercio, coordinar operativos conjuntos y transparentar procesos. La digitalización es, además, la vía más eficaz para romper la inercia burocrática que ha frenado el aprovechamiento de nuestros acuerdos regionales.
En paralelo, Bolivia enfrenta el desafío de ordenar su relación con el Mercosur. La adhesión plena continúa estancada por incumplimientos acumulados, mientras el país opera bajo el ACE 36, un acuerdo útil pero insuficiente.
La idea es mejorar el acuerdo comercial que Bolivia ya tiene con el Mercosur.
¿Cómo? Con dos herramientas– Acumulación de origen con la CAN que permitiría que un producto boliviano pueda usar insumos de países andinos y aun así ser considerado “boliviano” para entrar al Mercosur con mejores condiciones.–Ampliación del drawback que devolvería o disminuiría impuestos pagados por insumos importados usados para producir bienes que luego se exportan al Mercosur.
Sin embargo, para que ello sea viable, es indispensable modernizar los procedimientos de comercio exterior. La Ventanilla Única y el Comité Nacional de Facilitación del Comercio van en la dirección correcta, pero requieren evaluación y reingeniería para convertirse en herramientas verdaderamente efectivas.
Otro punto crítico es el SGP Plus, un mecanismo de la Unión Europea que concede preferencias arancelarias a productos como quinua, castaña, vino, singani, flores y cuero. Bolivia lo aprovecha poco por problemas de volumen, certificación, diversificación y desconocimiento del acuerdo. La nueva normativa europea sobre no deforestación, que exigirá trazabilidad geográfica precisa, coloca un desafío adicional para el café, cacao, madera y soya. Ignorar estas obligaciones sería hipotecar uno de los pocos accesos preferenciales que el país aún mantiene.
Bolivia tampoco puede desatender la posibilidad de retomar el Acuerdo Multipartes con la Unión Europea, rechazado por Evo Morales en 2006 y del que hoy gozan todos los países andinos excepto Bolivia. Su retorno abriría una puerta comercial más inmediata que la del Mercosur, cuyo acuerdo con la UE sigue bloqueado por objeciones europeas. Y en la relación con Estados Unidos, un eventual acercamiento comercial sería más viable si se impulsa desde el propio marco andino, como lo hicieron Colombia y Perú.
En la agenda pendiente también figura el Mercado Eléctrico Andino, que incluso incorpora a Chile. La integración energética podría convertirse en uno de los motores económicos más importantes de la región, y Bolivia no puede seguir ausente de esta discusión.
Todo esto exige una Cancillería fortalecida, profesional y oportuna. Los proyectos en curso -incluido el financiamiento de la CAF para diagnosticar el cumplimiento del ACE 36- son un paso, pero insuficiente sin una diplomacia que piense en grande, planifique a largo plazo y actúe con la modernidad que demanda el mundo andino.
En la relación con la CAN, el Mercosur y la Unión Europea, Bolivia no puede seguir llegando tarde. La integración no es un discurso, es la posibilidad real de insertarse en el mundo con resultados concretos.
Javier Viscarra es periodista, abogado y diplomático.
