Nueva burla al Estado y la Ley

Si no fuera que se está jugando con los intereses del Estado la renuncia (¿destitución?) del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, podría ser un acto de una comedia tragicómica en la que nunca se sabe quién es la víctima y quién es el victimario, y junto con la risa que las acciones provocan, también aparecen sentimientos de frustración y vergüenza ajena.

Si nos atenemos a la Constitución Política del Estado (CPE) la Procuraduría General del Estado “es la institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado”.

Al procurador lo nombra el Presidente y los requisitos que debe cumplir son los mismos que los exigidos para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Pero, la Asamblea Legislativa puede objetar este nombramiento por decisión de al menos dos tercios de sus miembros y en un plazo no mayor a 60 días calendario.

Así, la importancia que debería tener esta nueva institución estatal creada en la reforma constitucional del MAS nunca ha sido comprobada por la actuación de sus sucesivos ejecutivos, que ha dejado mucho que desear. Por lo que se sabe, el Estado no ha ganado ningún proceso en su contra, al mismo tiempo que sus demandantes han recibido jugosos beneficios.

Así lo demuestra, por dar un ejemplo, que una demanda contra el Estado por tres millones de dólares presentada por una empresa chilena, termine al final del proceso en que ésta se alce con alrededor de 23 millones.  

Es que el MAS dio a la Procuraduría el mismo tratamiento que a todo el aparato estatal del país: servir como fuente de empleo para la militancia, ser espacio de enriquecimiento rápido y generar condiciones para que los líderes de ese partido se prorroguen a como dé lugar en el poder, lo que provoca que se convierta también en un instrumento de represión política.

Además, sus propias autoridades han tratado de convertir a la Procuraduría en un Ministerio Público, entidad que, más bien, tiene la misión de defender la “legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercerá la acción penal pública”.

Es el caso, sobre todo, de Chávez, más dedicado a tratar de perfeccionar el disfraz de golpe de Estado para la fuga del expresidente Morales, tema al que dedicó mucho tiempo e ingentes recursos o, últimamente, interferir las denuncias de pederastia que ocurrieron hace más de 30 años.

Por añadidura, la alcaldesa de El Alto denunció que Chávez habría tratado de complotar contra el gobierno municipal de esa emergente ciudad, actividad que finalmente desembocó en su renuncia y la comedia de equivocaciones: aparentemente, Chávez presentó “su” renuncia una vez que fue renunciado. En ella, además de tratar de defender su indefendible gestión, advierte que volverá “donde mis servicios y trabajo son valorados y requeridos, en el foro, en la academia, pero sustancialmente en las calles junto a mi pueblo”.

Para rematar, el expresidente fugado dice: “¿Será su 'delito' (de Chávez) haber defendido patriótica y eficientemente al Estado en los procesos armados por privatizadores neoliberales contra la nacionalización? ¿Será su falla haber demostrado con el recuento de acta por acta que nunca hubo el llamado “fraude” que usó Carlos Mesa como excusa para el golpe? ¿Será su error haber procesado a Arturo Murillo para que devuelva la plata que robó al pueblo boliviano con los sobreprecios de gas lacrimógeno que usó para reprimirnos? ¿O tal vez no gustó que insista en pedir justicia para las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba y exija sanción para la pederastia eclesial?”.

La tensión crece cuando el propio expresidente fugado cuestiona al sucesor, César Siles Bazán, viceministro del Ministerio de ¿Justicia? hasta su posesión como Procurador: “Que el pueblo juzgue cómo en vez de un abogado comprometido con su pueblo imponen a quien presionó abiertamente para inhabilitarnos en nuestra candidatura al Senado en 2020”.

Para peor, Siles, a tiempo de anunciar una limpieza general en la Procuraduría porque “se ha dejado de lado la producción normativa”, anuncia que se trabajará en la formación académica de los abogados, para que sean “referente del proceso de cambio en la justicia” del país, recordando que “el derecho románico está en crisis, ya no podemos tener como referencia (…)” y que “la Madre Tierra ahora tiene sus propios derechos”.

Todo ello, mientras los procesos en contra del Estado siguen exitosos…