Los representantes del gobierno parecen no están conscientes
de sus propios errores. Y eso los hace cometer equivocaciones políticas serias,
sobre todo cuando acusan a dirigentes opositores de haber cometido
irregularidades.
Un ejemplo notorio de ello fue el caso Quiborax. Pese a que
fue Héctor Arce Zaconeta y su equipo quienes condujeron la defensa estatal
contra esa empresa de manera ineficiente e irresponsable, y terminaron haciendo
que el país pagara 42,6 millones de dólares, el oficialismo acusó a Carlos Mesa
con el argumento que el contrato con esa empresa había sido anulado durante su
presidencia. Pero luego se supo que las autoridades bolivianas le prestaron a
la parte chilena una computadora con información sensible y que Arce y su equipo
rechazaron llegar a acuerdos con la compañía, que hubieran permitido pagar,
primero, tres millones de dólares y, después, 27 millones. En una decisión no
esclarecida hasta ahora, Arce Zaconeta y sus colaborados prefirieron seguir
litigando y acabaron pagando, como ya se dijo, 42 millones de dólares.
Ese caso se convirtió en un tiro por la culata y al final
fue conveniente para la oposición: esa acusación, en vez de amedrentar a Mesa, le
causó indignación y lo impulsó a presentarse como candidato. Ahora es el
opositor mejor ubicado en las encuestas.
Ahora ha sucedido algo similar: cuando la campaña de Mesa
parecía afectada por la inamovilidad y los mensajes insubstanciales, ha venido
el oficialismo otra vez para darle una mano: al acusarlo nada menos que de
supuesta relación con el narcotráfico y de blanqueo de dinero por la venta de
un departamento de los padres de Mesa, que fue pagado por el coronel Gonzalo
Medina, hoy acusado de relaciones con el tráfico de drogas, el gobierno cometió
un grave error. Nuevamente su incapacidad para ver sus propias faltas los hizo
trastabillar.
Es que no se puede entender (ni aceptar) que el gobierno que
ha envilecido a la política, que ha corrompido a cientos de dirigentes sociales
en el marco del Fondo Indígena, que ha promovido a decenas de policías ligados
al narcotráfico, que hace contratos sin licitación, que firma acuerdos con
sobreprecios evidentes, tenga la osadía de acusar a un candidato opositor, en
este caso, Mesa, porque vendió un departamento de sus padres.
Nuevamente ha habido un efecto búmeran y la promotora de la
acusación, Susana Rivero, se encuentra en una posición incómoda, similar a la
de Arce Zaconeta hace unos meses: ahora debe explicar por qué mencionó que el
coronel Medina ya tenía posibles nexos con el narcotráfico en 2009, cuando se
hizo la mencionada venta. Si eso verdad, entonces el ministro de Gobierno,
Carlos Romero, y todo el Ejecutivo están en problemas aún peores ya que
demostraría que prohijaron a un oficial de la Policía durante años aun sabiendo
sus supuestos nexos con el narco.
Es que el Gobierno vive en un mundo al revés: tras haber
promovido y protegido a Medina y a decenas de otros uniformados acusados de corrupción,
tiene el descaro de acusar a terceros, por temas insignificantes. Y así les
fue: las respuestas de Carlos Mesa y de su abogado Carlos Alarcón fueron de una
claridad y una rudeza no vista en mucho tiempo.
Según se informó en corrillos políticos, el MAS tenía como
objetivo evitar la confortación con Mesa con la idea de, precisamente, no darle
importancia y tratar de que sea más bien Oscar Ortiz el candidato
“polarizador”. Por alguna razón, el partido de gobierno no siguió esa
estrategia y le dio un regalo al expresidente, a la vez que marginó del
escenario político, por lo menos por unas semanas, a Ortiz.
Pero también es posible identificar que la campaña de Mesa
ha cambiado de tono: después de haber apostado por una posición más bien
contemporizadora con la figura de Morales, hoy más bien se decide pasar a
la ofensiva, en un cambio de estilo que ha sido extraordinariamente bien
recibido en los círculos de votantes opositores.
Pero ese cambio de tono tiene también otro efecto positivo
para Mesa: como mucha gente cree que el expresidente es indeciso, entonces duda de votar
por él porque piensa que el país podría volver a la inestabilidad de principios
de los años 2000. Un Mesa más firme y más asertivo da el mensaje de que si
llegara al poder, gobernaría también con esas características. Y eso quizás
termine convenciendo a los indecisos.
Raúl Peñaranda U. es periodista.