Nos quieren borrachos e ignorantes

Hace unos días, leyendo sobre los países que más y menos tiempo habían cerrado los colegios por la pandemia, encontré una declaración del ministro de Educación de Francia que decía que la escuela es lo último que había que cerrar, porque es la institución más importante de la sociedad. “No se pueden cerrar las escuelas si antes no lo hemos intentado todo y todo lo que hemos intentado no ha sido suficiente”, dijo en marzo Michel Blanquer, ministro de un país cuyo sistema educativo está entre los 25 mejores del mundo y donde posiblemente una suspensión temporal de las actividades presenciales no supondría un retroceso significativo.

Entonces me puse a repasar las desdichas bolivianas. Nuestro país, que huye de la medición de estándares educativos internacionales como la prueba PISA (quizás porque es mejor no participar que salir entre los últimos), fue sometido a un diagnóstico de la Unesco en 2017 que determina que existe una “gran concentración de estudiantes en los niveles bajos de desempeño” y diferencias en cuanto a género y población indígena. El resultado sorprenderá a pocos, más de un docente de universidad sabe que hay bachilleres con dificultades hasta para escribir.

Con un sistema educativo así, sumado a la pobreza y la crisis económica derivada de la pandemia que hizo que la educación virtual sea un privilegio de pocos y la irresponsable idea de clausurar el año escolar a mediados de 2020, la catástrofe educativa puede ser peor y más duradera que la sanitaria. Si bien no hay cifras oficiales sobre deserción escolar, los maestros urbanos estiman que durante el primer trimestre fue del 30% y un estudio del Banco Mundial señala el 20%, uno de los niveles más altos de la región.

Pese a que llevamos casi un año y medio sin clases presenciales, sorprende que el tema no esté en la agenda diaria y no se lo discuta en profundidad con la urgencia que merece, es como que a nadie le importa mucho. En cambio, en aras de la “reactivación económica” se han acelerado otras medidas, una de las últimas fue en Santa Cruz que decidió levantar la ley seca y permitir la apertura de bares y discotecas, en teoría con algunas restricciones como la presentación del carnet de vacunación.

¿Qué criterio médico hay detrás de eso? ¿Por qué bares sí y colegios no? Esto no es más que una medida hipócrita porque seamos sinceros: nadie va a controlar ni que todos los borrachos estén vacunados, ni que todos los bares hayan exigido el carnet de vacunación, ni que los carnets presentados sean originales. No alcanzaría el Ejército para controlar todos los locales. Y aún si fuera posible: la vacuna no exime de los cuidados recomendados hasta ahora de usar tapabocas, lavarse las manos con frecuencia y mantener distancia, tres medidas incompatibles con la fiesta.

Desde luego que es más fácil controlar la bioseguridad y el aforo en las escuelas que en los bares. Pero claro, eso no le conviene al sistema: el poder y el mercado nos prefieren borrachos e ignorantes.

María Silvia Trigo es periodista