Buscar datos
oficiales de coronavirus a nivel nacional es nadar en aguas turbias. Si los
reportes públicos de la anterior gestión ya carecían de alguna información relevante,
en las últimas semanas la estadística sobre la pandemia se ha limitado aún más.
Desde que asumió el nuevo gobierno, la actualización de datos en el portal Bolivia Segura, que es el sitio oficial donde se informa sobre el avance de la pandemia, fue intermitente. La página fue paralizada por más de tres semanas desde mediados de noviembre, y en diciembre tuvo otra pausa de dos días. Tampoco hay información oportuna en el Sistema Nacional de Información en Salud ni en la página de datos abiertos del Estado. A esto se suma que los reportes locales no están estandarizados y hubo desde el inicio varias contradicciones con el informe nacional. Quienes están generando estadística paralela a la oficial deben recopilar datos desde diferentes fuentes y a cuenta gotas.
Adicionalmente, el Ministerio de Salud modificó el reporte diario en la forma y el fondo: antes incluía los datos de fallecimientos y casos acumulados por departamento y ahora solo muestra las cifras a nivel nacional. En la forma, también cambió el boletín informativo que pasó de verde a azul como si las instituciones fueran de los partidos políticos, aunque a estas alturas eso resulta una nimiedad a la que estamos malacostumbrados.
En medio de esta incertidumbre, revisé los informes públicos que hacen otros países y el caso boliviano resulta vergonzoso. En Argentina, el reporte de la pandemia incluye el número de camas ocupadas en terapia intensiva, las pruebas realizadas y clasifica a las personas contagiadas por sexo y provincia. En Chile se sabe cuántos de los nuevos casos son asintomáticos y además del número de internados, precisa cuántos necesitan respiradores. En España van más allá y muestran el número de pacientes que están con atención primaria y clasifica a los contagios según el tipo de prueba, entre otros datos.
En una pandemia, al no disponer de tiempo para realizar pruebas y estudios, la estadística de la enfermedad es prácticamente lo único que nos queda para tomar decisiones. Sin esa evidencia consolidada, es imposible dimensionar su magnitud, realizar comparaciones, diseñar políticas públicas eficientes y anticipar escenarios.
Posiblemente el Ministerio de Salud maneje datos adicionales y no los difunda. De hecho, el anterior Gobierno elaboraba un informe periódico más completo que no era de distribución masiva. Ojalá se esté haciendo algo similar (o mejor) y no sea secreto de Estado.
Es sabido que los datos se han convertido en una mercancía política y pueden ser falsificados, manipulados mediante sesgos o errores conceptuales y llevar a conclusiones equivocadas. Se tiene un ejemplo reciente de tergiversación de datos en México, donde el Gobierno de López Obrador ocultó las cifras de la pandemia para mantener abierta la capital por dos semanas más. Por eso es fundamental que la información no solo sea completa y oportuna sino también de acceso público, al final de cuentas la pandemia nos incumbe a todos.
A este desolador panorama, se suma otro igual de preocupante. Mientras la mayoría de los países de la región ya han sellado acuerdos para la compra vacunas y tienen un plan de inmunización, Bolivia todavía está en reuniones con los laboratorios y analiza de cuáles se adquirirán las dosis. Si bien el Gobierno lanzó ayer una serie de promesas, entre ellas vacunas gratis para todos los mayores de 18, la única certeza que tenemos es que primero llegará un lote para el 20% de la población en el marco de un mecanismo global, llamado Covax, que promueve la distribución equitativa de las dosis, amparando de esa forma a países como El Salvador, Honduras, Haití y Bolivia, entre otros que enfrentan dificultades similares.
Así están las cosas. Avanzamos hacia la segunda ola en barcazas precarias y en medio de tinieblas: con escasez de datos, sin más vacunas a la vista y con un sistema sanitario al borde del colapso.
María Silvia Trigo es periodista.