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Atando cabos | 26/07/2023

Minería informal y depredación

Rodolfo Eróstegui
Rodolfo Eróstegui

Para Brújula Digital es un honor incorporar desde esta fecha a Rodolfo Erástegui entre sus columnistas. Las opiniones de este economista y especialista en el tema del empleo sin duda serán un gran aporte para los lectores.

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El déficit de empleo condujo a que los gobiernos se obsesionen con formular políticas de empleo.  Invirtieron mucho dinero con la finalidad de reducir las tasas de desempleo. Lo único cierto es que estas bajaron por el crecimiento de la economía informal.  

Con la Revolución Nacional de 1952 se aprobó la Ley General de Cooperativas (1958) con la finalidad política de crear una nueva sociedad. Según la ley, estas empresas no debían buscar el lucro sino la acción conjunta de los socios para el mejoramiento económico y social y para extender los beneficios de la educación cooperativa y la asistencia social a toda la comunidad. 

Las primeras cooperativas se crearon y funcionaron de acuerdo a la norma; pero, con el pasar de los años, estas empresas se fueron distorsionando y, por lo menos, las cooperativas mineras en la ciudad de Potosí, ahora son lo más parecido a una sociedad anónima. El socio cooperativista que cuenta con uno o más parajes para explotar tiene a su primera y segunda mano para que exploten dicho paraje y son aspirantes a ser socios. Estos se apoyan con peones que no son socios ni aspiran a ser parte de la cooperativa. 

A grandes rasgos y con el riesgo de distorsionar el análisis, señalamos que este proceso metamorfosis de las cooperativas se profundizó cuando se entregaron parajes mineros a los trabajadores “relocalizados” por el DS 21060 para que se asocien en sociedades cooperativas. A partir de ese momento se utilizó al cooperativismo como un instrumento regulador del mercado de trabajo. El año 2013 se aprueba una nueva ley. Por esta norma las cooperativas son un medio para acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo.

De esta manera la obsesión gubernamental para solucionar los problemas del mercado de trabajo, que su propio modelo anti empresa privada está creando, los lleva a impulsar el cooperativismo sin importar en la calidad del empleo. Es algo parecido a la actitud de padres que ante los berrinches del hijo, le dan el teléfono para que jueguen con alguna aplicación, sin importar las consecuencias a futuro.

Con la ley del año 2013 se comenzaron a crear muchas cooperativas, se dice que en el país existen más o menos 1.700 cooperativas mineras y el 65% está en el departamento de La Paz; en estas cooperativas trabajan aproximadamente 130.000 personas.

Se han encontrado casos en los que a nombre de cooperativismo se están cometiendo las peores distorsiones jurídicas del sector. Un informe de Sergio Mendoza publicado por ANF en 2022 señala que los mineros trabajan para empresarios chinos. Agrega que se crean asociaciones ilegales entre cooperativas bolivianas e inversionistas extranjeros (en su mayoría de China).

Las cooperativas es el principal factor para que a nombre del cooperativismo se deteriore aún más la calidad del empleo de las personas. Pero esta vez, sobre todo en la minería del oro, no solo se afecta al trabajador individual, sino que también se deteriora la calidad de vida de las personas que viven cercanas al emprendimiento. Las cooperativas mineras extendidas a lo largo de los ríos en el norte paceño están dejando una estela de desolación y enfermedades en las comunidades por que las personas inhalan o se alimentan con peces que están contaminados por mercurio y en la actualidad, como lo señala Ricardo Calla, los comunarios del lugar tienen trastornos neurológicos y de comportamiento. Otros tienen temblores, insomnio, pérdida de memoria, efectos neuromusculares, cefalea o disfunciones motoras.

Bolivia, junto a otras 140 naciones, se adhirió al convenio de Minamata sobre la utilización de mercurio, que ordena que los países tienen que hacer esfuerzos para eliminar el uso de mercurio en la minería y la industria. Pero en Bolivia desde el año 2015, según Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Bolivia importa legalmente 180 toneladas de mercurio al año y según el Ministerio de Minería el país solo necesita entre 60 y 90 toneladas. Bolivia, dice el CEDIB, reexporta el 50% fundamentalmente a Perú, Brasil y Colombia. Y este es un negocio de tráfico de mercurio a nivel internacional.



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