Desde hace
más de 15 años, el mes de abril se ha constituido en el mes en el que se toman
decisiones sobre el incremento salarial. Generalmente lo hace el Gobierno luego
de consultas con la Central Obrera Boliviana (COB). Los empresarios afirman que
no son consultados a pesar que así lo manda el Convenio 131 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Este año solo han existido algunas declaraciones de algunas autoridades gubernamentales y de la alta dirigencia sindical sobre que el 1 de mayo el Gobierno anunciará el nuevo nivel del salario mínimo y el aumento al salario básico. Los empresarios todavía no se han expresado al respecto, por lo menos con la energía que lo hacía en los anteriores años.
Si bien los últimos dos años el Gobierno estableció algunos puentes con los empresarios y quizás se haya consultado con la dirigencia empresarial sobre este tema, lo que aconteció entre 2006 y 2019 ha fijado tendencia y provocado cambios en la relación entre productividad y remuneración a los trabajadores. En un documento publicado por la OIT denominado “impulsando la productividad en Bolivia” se señala que entre 2000 y 2010 Bolivia alcanzó un crecimiento promedio en la productividad Total de Factores (PTF) negativo equivalente a -0,5% que empeoró en la última década, periodo en el cual se ha triplicado el decrecimiento promedio de la productividad hasta situarse en -1,8 % entre 2011 y 2021. De la misma forma, durante el llamado “periodo de bonanza 2005-2014” la PTF llegó a un promedio de decrecimiento de -0,5 %.
Los incrementos anuales del salario mínimo y de las remuneraciones al trabajador tuvieron impacto en la caída de la productividad. El año 2006 el salario mínimo nacional se fijó en Bs 500 (62 dólares), y el año 2023 se pagaron Bs 2.362 (337 dólares), es decir un aumento del 440%. La remuneración media en el sector privado en 2006 era de Bs 3.213 (401 dólares) y en septiembre del 2023 se pagaron 7.593 (1.084 dólares), un incremento de 170%.
Pero no solo el incremento salarial inconsulto con los empresarios provocó distorsiones, sino que también tuvo su aporte las disposiciones que tienen que ver con el impulso de las nuevas relaciones laborales; me refiero a normas que impiden la libre contratación de trabajadores o el impedimento de poder hacer ajustes internos de la organización empresarial.
El crecimiento salarial y la nueva normativa que no tomó en cuenta la productividad del trabajo provocó en parte el decrecimiento del número de los trabajadores formales.
Por otro lado, todo incremento salarial tiene como objetivo fortalecer la capacidad adquisitiva de las familias y de esta forma vigorizar la demanda de bienes y servicios que ofrecen las empresas productivas nacionales. Este objetivo no se puede cumplir debido a que la actividad del contrabando compite con las empresas nacionales. De esta forma los recursos familiares se dirigen a satisfacer sus necesidades con productos extranjeros que ingresan ilegalmente. Si bien se hacen grandes esfuerzos por combatir esta actividad delincuencial, los mismos no son suficientes.
Como dice un amigo, ahora los trabajadores y sus familias visten ropa en buen estado, aunque las empresas boliviana de ese rubro estén languideciendo por la invasión de productos importados. Pero sin lugar a dudas, la política salarial impulsada en los últimos 18 abriles ha mejorado la capacidad de compra de las familias.
Sería bueno que el Gobierno convoque al dialogo productivo con los trabajadores y empleadores para discutir los temas referentes al salvataje de las empresas y al mismo tiempo llegar a un pacto económico tripartito para definir el rumbo de las empresas y de las inversiones.