Más tecnología, menos corrupción: ejecuciones presupuestarias y blockchain

Durante los primeros tres meses de este año, por medios presenciales y virtuales, se han llevado a cabo rendiciones de cuentas de distintas entidades públicas, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, la Ley 341 de Participación y Control Social y la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. En estas actividades se ha puesto el foco –y el ruido publicitario– en los porcentajes de ejecución.

El porcentaje de ejecución presupuestaria como indicador de gestión eficiente tiene sus raíces en la evolución del control financiero y la administración pública, especialmente a partir del siglo XX. De hecho, también es un parámetro considerado por entidades internacionales como requisito para acceder a créditos. Sin embargo, creo importante señalar ciertos sesgos que no reflejan precisamente un uso eficiente de recursos.

Una alta ejecución presupuestaria (mayor al 90%) se considera eficiente, pero enmascara sobreprecios y ejecuciones apresuradas no planificadas; por otro lado, una baja ejecución (por debajo del 70%) reflejaría ineficiencia y, tras esa cortina, problemas de burocracia, planificación o ajustes fiscales. Por lo tanto, una “buena ejecución” debe vincularse a otros indicadores relacionados con el impacto en el bienestar de la población en términos de políticas públicas y la calidad del gasto.

Respecto a las publicaciones sobre la ejecución presupuestaria 2024 que circulan en medios, sería interesante conocer también el nivel de satisfacción ciudadana y el acceso público a la información financiera de cada entidad, con reportes claros y detallados. Por ejemplo: ¿los gastos en papelería equivalen a los precios que pagaría cualquier persona en una librería? Algunos dirán que la pregunta es inocente o absurda; otros, que es un secreto a voces, y otros más, que es innecesaria porque en plena crisis se debe economizar el erario público. El lector decidirá.

En el área de salud, según Transparencia Internacional y reportes de la OMS, el desvío de fondos por ineficiencia, ineficacia y falta de transparencia hace que se pierda entre el 10% y el 25% del gasto total mundial anual en salud. Una publicación en la revista The Lancet menciona los avances tecnológicos para el acceso universal a la salud y contrasta con la corrupción global –de la que poco se habla–, que, textualmente, “es mortal”. En sociedades con menor adhesión al Estado de derecho, menos transparencia y menores mecanismos de rendición de cuentas, los sistemas de salud son más corruptos. La corrupción también causa desmotivación y agotamiento de los recursos humanos. Es el “cáncer de nuestros sistemas de salud”.

Ejecutar el 100% del presupuesto no significa gastar bien. Para detectar sobreprecios y despilfarros, es clave analizar el costo unitario, la transparencia en contrataciones, la calidad de lo adquirido y el impacto en la población. Con voluntad política y responsabilidad, mecanismos como el blockchain (cadena de bloques) podrían implementarse en nuestro país para modernizar la gestión pública. Esta tecnología almacena datos de manera segura, transparente e inmutable, funcionando como un libro contable digital donde las transacciones se agrupan en bloques interconectados y protegidos por criptografía.

En Estonia, el blockchain se usa para historias clínicas y transparencia en la administración de recursos; en Estados Unidos, para compra y gestión de medicamentos y seguros médicos; en Ruanda, para garantizar suministros médicos sin intermediarios. Estos mecanismos están en expansión global y deberían considerarse para que las futuras ejecuciones presupuestarias en Bolivia tengan la solidez y confianza que exige el uso de recursos públicos.

Cecilia Vargas es cirujana y docente universitaria.