Los privilegios mineros

Cuando leí el titular: “Cooperativistas rechazaron informe del SERNAP que prohíbe explotación minera en áreas protegidas”, desde luego que no pude contener la risa de coraje. Sí, porque parece que desde que hicieron un buen pacto con el Gobierno, tienen privilegios por encima de cualquier ley o razón coherente.

Para atizar mejor el fuego, no pasan ni 24 horas y aparece otra noticia: “Nuevo reglamento de la AJAM suprime operativos contra la minería ilegal y los reduce a trámites burocráticos”. Definitivamente, Bolivia se ha convertido en el país de las maravillas…

Pero es el país de las maravillas ¡para los mineros! Porque si su capricho no es aceptado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), les da luz verde para que le metan nomás, total que cualquier denuncia sobre sus actividades ilegales será enterrada en un largo proceso burocrático. Al menos así estipula un nuevo reglamento interno de la AJAM.

Si algún guardaparque, de ahora en adelante, encuentra alguna actividad minera ilícita, estaría iniciando un proceso que bajo normativa minera nunca sería considerado como tal. Que conveniente. Y acá es donde nuevamente encontramos la falta de coherencia no solo en lo normativo, sino también en lo administrativo.

Realmente no tiene sentido seguir presentando el discurso desgastado de la supuesta “protección a la Pachamama”, cuando dentro del territorio parece que esto es lo último que importa. Tampoco parece importar que hay muchos grupos indígenas como tsimanes, mosetenes, ese ejas, tacanas, lecos y otros, que tienen que ingerir sus alimentos con altos niveles de mercurio. Un Minamata a la boliviana se viene desarrollando en las zonas donde este abuso de mercurio raya los límites de lo aceptable.

Un reporte indica que Bolivia es el mayor importador de mercurio del mundo, presentado como un logro y no como una preocupación. Lo único que se necesita para importar mercurio es el pago del arancel del 5%, sin importar todo el daño que ocasiona este metal pesado. Envenenar a miles de bolivianos mientras se destruyen ecosistemas nos está saliendo muy barato y las personas implicadas realmente gozan de muchos privilegios.

Un estudio presentado a mediados de junio del 2023 por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, tras analizar 302 muestras de cabello de personas pertenecientes a 36 comunidades originarias amazónicas del norte de Bolivia, concluyó que los niveles de mercurio superan los límites permitidos.

Pero es aún más contradictorio y confuso leer las memorias de un conversatorio realizado en octubre del 2023 bajo el nombre de ”Minería aurífera: el mercurio en cuestión”, que fue organizado por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y la Friedrich-Ebert-Stiftung en Bolivia, que reconoce la problemática y la urgencia de frenar esta actividad ilegal minera.

Digo contradictorio, porque si bien se explica el peligro, posibles alternativas, ordenamiento de esta actividad contaminante y hasta buenos deseos desde la Vicepresidencia, lo cierto es que hasta la fecha sigue siendo una actividad que genera millones de dólares, pero los impuestos y regalías que pagan al Estado son mínimos. Es un cifra bajísima que nunca alcanzará a reparar daños ambientales y a la salud de las comunidades indígenas que están siendo afectadas.

En Bolivia, donde unos disfrutan de privilegios y el uso de mercurio en la minería aurífera continúa a pesar de sus graves consecuencias, plantea la necesidad de reflexionar sobre la verdadera igualdad y justicia para todos los ciudadanos. ¿Podemos seguir permitiendo que unas pocas personas se beneficien a costa de la degradación ambiental y la salud de las comunidades indígenas?