Maduran las posibilidades de que las emociones, tan constreñidas y discretas durante la campaña, puedan agitarse cuando empiecen a conocerse resultados y escenarios prospectivos. Después de los conteos rápidos y los escenarios prospectivos, otros sujetos y actores, además de los candidatos y sus coaliciones, pueden irrumpir en la escena con demandas y actuaciones muy particulares.
Aludo en esta ocasión a núcleos poco numerosos, no tan diminutos como los cinco residuales del TCP que ya anularon o torcieron elecciones y que están esperando ansiosos una nueva directriz para actuar, como les enseñó Morales Ayma y lo amplificó Arce Catacora. Pero ahora no me referiré a ellos, cuyo margen de acción se ha ido estrechando –no esfumado–, sino a sujetos sociales colectivos.
Ninguno de ellos, cualquiera sea su origen, se caracteriza por ser muy numeroso; al contrario, en contraste con grandes colectivos sociales, como los campesinos o los comerciantes populares, son sectores relativamente reducidos. Ejemplos clásicos en nuestra historia son los trabajadores mineros, casi todo el siglo XX, la “rosca” empresarial minera, hasta mediados del siglo anterior, los cocaleros del Chapare o los empresarios del agronegocio, ahora mismo.
Estos pequeños poderosos o minorías eficaces, estudiadas en trabajos de Riker o Moscovici, que rescataron y trabajaron el concepto de Gaetano Mosca, tienen como denominador común, en nuestra formación social, ser fracciones productivas de los principales bienes exportados por el país en distintas épocas; es decir, controlan los más importantes vínculos bolivianos con los mercados internacionales. Franjas de clase relativamente nuevas, como los cooperativistas auríferos o las 14.000 familias de pequeños productores de soya (que producen una fracción reducida de las oleaginosas).
Estos últimos y los cocaleros del trópico cochabambino componen el núcleo fundamental de los colonizadores y, en esa condición, ocuparon el centro de la coalición social que dio sus apabullantes mayorías electorales al MAS.
Los pequeños poderosos, sean empresarios-socios del capital transnacional y de las finanzas, o los nuevos colonizadores (interculturales), que ocupan y comercian tierras fiscales o de territorios indígenas, comparten un mismo espacio económico, pero en distintas ubicaciones, y sobre esa base acumulan la fuerza que genera y difunde la narrativa necesaria para estructurar coaliciones sociales y acumular poder político suficiente para acceder al Estado o condicionarlo, profunda y establemente.
Es así como el agronegocio tiene capacidad de erigir, interpelar y negociar candidaturas en espacios formales donde define condiciones y programas. En la ribera popular, los cocaleros y los nuevos colonizadores –protagonistas del mercado y tráfico de tierras–, así como los mineros auríferos –conectados a capitales internacionales en toda la cadena productiva– también despliegan abiertamente su poder. Los traficantes de tierras, del mismo modo que cooperativistas auríferos, han exhibido en los últimos tres años milicias armadas y manejo de explosivos.
Sus acciones y decisiones pesarán mucho más que cualquier amenaza del dirigente sindical oficialista que ha anunciado que “sus bases” no permitirán que se posesione un gobierno ajeno a las facciones masistas. Esas son hoy palabras huecas, con un sindicalismo campesino devastado y dividido por el MAS.
Minorías que llegan a exportar unos 3.000 millones de dólares (sector del oro), a vender tierras a extranjeros mediante sus contactos con el agronegocio por montos no cuantificados, pero con gran posibilidad de superar al tráfico interno de cocaína, tienen la decisión y la capacidad de condicionar acciones gubernamentales y políticas públicas.
Ya lo han hecho, imponiendo leyes como las “incendiarias” y definiendo impuestos risibles sobre exportaciones de oro o acotando las acciones disuasivas estatales contra la ocupación de tierras y territorios. En el ámbito de la contestación masiva, los cocaleros del Chapare han sido el motor de bloqueos de vías nacionales.
Partiendo de la apreciación de que existe un alto margen para imprevistos electorales, porque la proporción de voto desconocido (no revelado a encuestas y encuestadores) es demasiado alta, existe la gran posibilidad, por lo tanto, de una modificación significativa del cuadro que dibujan las encuestas, como ocurrió en 2020.
Entre la proliferación de tantas incógnitas existe la posibilidad de reacciones imprevistas si los resultados se alejan demasiado de las expectativas de las minorías poderosas. No es la tendencia principal, pero es nítidamente mayor a la que se da en situaciones habituales.
Pero, más allá de sus previsiones y comportamientos tácticos, el ingreso a una situación abierta al recambio de personal ejecutivo e intermedio del Estado crea posibilidades para que estas minorías se encuentren más dispuestas que en otras coyunturas a movilizarse y actuar directamente.
Roger Cortez es docente universitario e investigador.