Levantar la pausa ambiental, ¿regreso a la tragedia?

En un giro que ha despertado la preocupación de ambientalistas, científicos y ciudadanos conscientes del daño ambiental en Bolivia, el Gobierno ha anunciado que en los próximos días emitirá un decreto supremo para levantar la pausa ambiental y autorizar, aunque sea de forma temporal y limitada, los chaqueos. Esta decisión representa no solo una contradicción política, sino también una peligrosa señal de retroceso en la protección de nuestros ecosistemas más vulnerables.

Recordemos que fue precisamente el abuso del chaqueo —la quema de tierras para preparación agrícola— lo que causó la catástrofe ambiental del año pasado: 12,6 millones de hectáreas de bosques y pastizales reducidas a cenizas, según la Fundación Tierra. De este total, 7,6 millones de hectáreas correspondieron a zonas boscosas, afectando gravemente la biodiversidad y contribuyendo al cambio climático.

Esta devastación forzó al Estado a decretar una pausa ambiental indefinida el 11 de septiembre de 2024, con el objetivo de permitir la recuperación de los ecosistemas y prevenir desastres futuros. Incluso el presidente Luis Arce afirmó en ese momento que las zonas quemadas requerirían al menos 10 años de recuperación.

¿Qué ha cambiado entonces en menos de un año para justificar esta reversión? ¿Se ha reforestado lo quemado? ¿Se han implementado políticas de manejo de fuego eficaces? ¿Se ha fortalecido la fiscalización ambiental o dotado a los municipios de herramientas para prevenir incendios? Nada de eso ha sucedido con claridad ni contundencia.

El argumento del Gobierno es que esta autorización será “regulada y planificada” para evitar incendios de gran magnitud. Sin embargo, la experiencia pasada nos enseña que la falta de control efectivo y la presión de los sectores productivos convierten estas “autorizaciones limitadas” en carta blanca para la destrucción. Las condiciones climáticas que favorecen los incendios –sequías prolongadas, vientos fuertes, aumento de temperaturas– no han desaparecido; al contrario, se han agudizado con el cambio climático.

Además, el hecho de que la pausa ambiental solo haya estado vigente en temporada de lluvias evidencia que su impacto fue más simbólico que estructural. Justamente es entre julio y octubre cuando ocurren los incendios más agresivos, y es ahora cuando se pretende habilitar nuevamente el uso del fuego, con el riesgo latente de que los errores del pasado se repitan.

Es comprensible que los sectores agrícolas busquen mantener sus formas tradicionales de producción, pero el costo ambiental, social y económico de continuar con el chaqueo indiscriminado es insostenible. Necesitamos un cambio de paradigma: invertir en prácticas agrícolas sostenibles, fomentar la agroforestería, fortalecer la educación ambiental y aplicar leyes con firmeza.

Levantar la pausa ambiental en este contexto no es un retorno a la “normalidad”; es un regreso directo a la tragedia. Y peor aún, es una traición a los compromisos asumidos públicamente de proteger nuestro patrimonio natural y garantizar un futuro habitable para las próximas generaciones.

Porque los bosques que se queman hoy no se regeneran con decretos, ni se restauran con discursos. Se pierden para siempre.