Cierre del Ministerio de Justicia, un retroceso que afecta los derechos fundamentales

La abrupta decisión del Gobierno de Rodrigo Paz de eliminar el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional no es una simple reestructuración administrativa. Es en rigor un gran retroceso institucional en materia de derechos humanos, igualdad de género, niñez y justicia. Lo anunciado posteriormente −que dos viceministerios serán trasladados al Ministerio de la Presidencia− confirma la gravedad de la situación: funciones que requieren autonomía técnica pasan a quedar subordinadas al núcleo político del Ejecutivo.

A partir de ahora, el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización dejarán de tener un rango propio dentro de una cartera especializada. Su nueva ubicación bajo la Presidencia, una instancia eminentemente política, no solo compromete su independencia, sino que envía una señal peligrosa respecto a las prioridades del Estado.

En Bolivia, donde los índices de violencia contra las mujeres y la niñez son alarmantes, donde la impunidad se reproduce en múltiples niveles y donde el sistema judicial carece de legitimidad, el desmantelamiento del órgano rector en derechos humanos constituye una acción irresponsable y profundamente regresiva.

El Ministerio de Justicia tenía atribuciones esenciales: rectoría del Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (Sipproina), lineamientos de política de igualdad y prevención de violencia, fiscalización de centros de acogida, certificación de estándares judiciales, elaboración de informes internacionales, articulación intersectorial y supervisión técnica del sistema judicial. Nada de esto puede reducirse a un viceministerio subordinado.

El Mesecvi, (mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará), emitió un pronunciamiento contundente: expresa “profunda preocupación” por esta medida y advierte que Bolivia puede quedar incapacitada para cumplir sus obligaciones internacionales en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.  Las expertas alertan que la región está observando y Bolivia se arriesga a retroceder décadas en estándares de protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres.

No es la única contradicción internacional. La Plataforma de Acción de Beijing, en su Inciso H (párrs. 196–209), establece el mandato de fortalecer los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres. Esta eliminación, acompañada de la reubicación de viceministerios en la Presidencia, va en la dirección opuesta. Lejos de fortalecer institucionalidad, la reduce, la diluye y la politiza.

El argumento oficial −de que el Ministerio estaba “politizado” y que su eliminación reducirá discrecionalidad− resulta débil y engañoso. Las instituciones capturadas no se corrigen destruyéndolas, sino profesionalizándolas: con meritocracia, transparencia, evaluación técnica, rendición de cuentas y controles internos. Lo que el Gobierno hace, en cambio, es retirar los instrumentos institucionales indispensables para fiscalizar, coordinar y transformar el sistema judicial. Desmantela, en lugar de reformar.

La afectación será inmediata: para las mujeres, se fragmenta la cadena institucional de atención y prevención de violencia; en cuanto niñas, niños y adolescentes, se debilita el liderazgo estatal sobre el Sipproina y las defensorías. P

ara la justicia, se complica el cumplimiento de estándares internacionales y la presentación de informes periódicos obligatorios. En referencia a las personas con discapacidad, neurodivergentes y adultos mayores, se debilita la capacidad de velar por accesibilidad, inclusión y protección. Y para la institucionalidad democrática, se pierde un contrapeso técnico que debía equilibrar decisiones del poder político.

Eliminar un ministerio sin transición, consulta, análisis de impacto y una ruta clara de reasignación de funciones muestra una desconexión profunda con la realidad. El país no puede darse el lujo de improvisar con los derechos humanos.

Bolivia no necesita menos institucionalidad: necesita instituciones más fuertes, más autónomas, más transparentes y más profesionales. El cierre del Ministerio de Justicia y la subordinación de sus viceministerios al Ministerio de la Presidencia no responden a esa agenda. Responden, más bien, a una visión de Estado que minimiza la protección de derechos y prioriza el control político.

En un contexto donde la ciudadanía demanda justicia eficiente, independiente y transparente, la supresión del órgano rector constituye una contradicción profunda con las promesas de reforma. La Asamblea Legislativa, la sociedad civil y los organismos internacionales deben exigir la restitución o reconstrucción técnica de una estructura estatal que garantice rectoría, fiscalización y cumplimiento normativo. La justicia no se edifica sobre vacíos institucionales, sino sobre instituciones sólidas y responsables.

Cerrar instituciones nunca ha sido sinónimo de justicia. Fortalecerlas sí lo es.

Bolivia necesita un Estado que haga de los derechos humanos una prioridad, no un daño colateral de la administración política.

Elizabeth Salguero Carrillo es comunicadora social.